Por Martha Alfonso Jurado

*Representante a la Cámara por el Tolima

Colombia vive retos importantes en materia de seguridad que requieren decisiones sensatas, responsables y coordinadas entre entes territoriales, fuerza pública y gobierno nacional.

El Tolima en ese contexto, tiene sus propios problemas de seguridad que, sin parecerse a los del Catatumbo, Cauca, Nariño u otras regiones del país, llaman la atención de autoridades y ciudadanía y requieren estrategias de mitigación que impidan que se acrecienten dichos problemas.

Sin embargo, toda decisión en materia de seguridad debe estar basada en principios claros de respeto a los derechos humanos, la legalidad y la protección de la población civil como fin principal de la acción gubernamental. Por ello, resulta profundamente preocupante el reciente nombramiento del General (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda como asesor de seguridad de la Gobernación del Tolima. Aunque fortalecer la seguridad en el departamento es una necesidad evidente, la elección de quienes lideran estas políticas no puede desligarse de su trayectoria y de la confianza que inspiren en la ciudadanía.

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El General (r) Zapateiro, quien fue Comandante del Ejército Nacional de Colombia hasta el 22 de julio de 2022, ha sido señalado en varios episodios que empañan su carrera militar. Uno de los casos más graves es su presunta conexión con la masacre del Aracatazo, ocurrida en 1995 en Chigorodó, Antioquia, donde grupos paramilitares perpetraron un ataque, mientras el Batallón Voltígeros en Urabá, del cual Zapateiro era comandante de Compañía, estaba en la región.

Aunque la investigación aún no ha concluido, las denuncias apuntan a una posible connivencia entre fuerzas estatales y actores armados ilegales, un patrón que en el pasado ha causado enormes estragos a la población civil y un crecimiento del miedo que es la peor amenaza para la democracia.

Adicionalmente, el nombre de Zapateiro ha sido relacionado con la masacre ocurrida en la vereda El Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en marzo de 2022, durante una operación militar dirigida por el Ejército bajo su liderazgo, en la que murieron 11 personas. En este caso, la Defensoría del Pueblo en su Comunicado 311 de 2022, denunció que: “En medio de los hechos murió el Presidente de la Junta de Acción Comunal, su esposa, un adolescente de 16 años, un gobernador del pueblo indígena, entre otras personas”. Varias de las víctimas fueron presentadas como guerrilleros abatidos, aunque en realidad eran campesinos y civiles, es decir, casos asociados a ejecuciones extrajudiciales o lo que se ha conocido en Colombia como la fatal y aleve estrategia de los falsos positivos.

Este evento, que generó indignación a nivel nacional e internacional, puso en entredicho las directrices y los protocolos adoptados bajo el mando de Zapateiro, así como su compromiso con la protección de los derechos humanos.

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Pero el pasado oscuro del General no se detiene ahí. Durante el estallido social de 2021, el Ejército Nacional, también bajo su directriz, fue señalado en múltiples informes por violaciones graves a los derechos humanos que todo el país conoció y que los tolimenses no olvidaremos porque costó la vida de Santiago Murillo, un joven indefenso que fue asesinado fríamente cuando regresaba a su casa luego de una movilización ciudadana.

Pero los escándalos que salpican a Zapateiro no solo están asociados a violaciones a los derechos humanos, sino también a posibles hechos de corrupción mientras fue comandante de la Quinta Brigada en Santander donde ha sido vinculado por manejos poco rigurosos de recursos para la protección de material de reserva militar, o más reciente aún, el viento oscuro que le sopla a sus espaldas por las declaraciones del “narcochofer” que fue capturado transportando droga del Clan del Golfo en un carro de la Unidad Nacional de Protección y que participó en la fuga de alias “Matamba”, declaraciones en las que señaló una supuesta complicidad del General (r) Zapateiro.

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En el recuento de su trayectoria, realizado por la Gobernadora del Tolima cuando hizo su presentación como asesor de seguridad, olvidó estos antecedentes.

El Tolima enfrenta serios desafíos en materia de seguridad, especialmente en zonas rurales donde la violencia y la ilegalidad han golpeado con fuerza, sin embargo, abordar estos problemas requiere más que soluciones militaristas.

El nombramiento de Zapateiro genera dudas sobre la dirección que tomará la política de seguridad en el departamento, pues su trayectoria no ofrece garantías para que las medidas que se tomen prioricen la protección de la ciudadanía y el respeto por los derechos fundamentales.

La seguridad no puede estar desvinculada de la construcción de paz y el fortalecimiento del tejido social. Esto significa que cualquier estrategia debe articularse con las comunidades, escuchar sus necesidades y atender las causas estructurales que perpetúan la violencia.

La seguridad debe ser una herramienta para garantizar el bienestar integral de las personas, el desarrollo regional y la búsqueda de la paz como bien supremo para la convivencia social, por eso como representante a la Cámara por el Tolima y como ciudadana preocupada por la seguridad y la paz en nuestro departamento, hago un llamado respetuoso pero firme a la Dra. Adriana Magali Matiz para que reconsidere este nombramiento.