Por Carlos Alberto Estefan Upegui
ExGobernador del Tolima

Para vivir en sociedad es necesario respetar la opinión de los demás, particularmente en temas de política y religión; en razón, a que cada quien acostumbra defender a ultranza sus propias convicciones.

Sin embargo, si por ello se llegase a comprometer la tranquilidad ciudadana, el Gobierno está llamado a proporcionar las condiciones para resolverlos, en la medida de lo posible. Labor nada fácil.

La obra denominada “Solución de los conflictos en los sistemas democráticos”, de Juan José Toharia, catedrático de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, nos invita a convenir, ante todo, y a entender que “el sistema democrático es paradójico, muy fuerte y la vez muy frágil, pero también poderoso y vulnerable.” Y dice esto porque esas convicciones de que hablamos, políticas y religiosas, “es muy difícil violentarlas”.

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Ahí mismo, cita a Stuart Mill, uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo clásico, quien manifiesta que “el poder social de una persona con convicciones es sin duda siempre superior a una persona con solo intereses”.

Y esas convicciones, agrega, “son las que le dan la fortaleza a la durabilidad del sistema democrático.”

Así es, como en una sociedad, el hecho de existir diversas convicciones trae conflictos permanentes, por lo cual las soluciones nunca podrán ser absolutas, y se prefiere sean transitorias, pero lo grave está en que, si se deja que esos conflictos continúen latentes, terminan por estallar.

Ante esa realidad, las redes sociales, los medios de comunicación, los presidentes de gremios y sindicatos, los educadores, la familia e incluso la iglesia en el púlpito y hoy día virtualmente; y por supuesto, el sistema político y la administración de Justicia, están llamados a actuar no como incendiarios e intransigentes sino como cabezas visibles de una sociedad democrática que procure la Paz Total y canalice propuestas de solución por lo menos en principio como válvula de escape a dichas tensiones sociales.

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Ni se diga, con mayor razón el Presidente de la República y el Congreso.

En consecuencia, si el sujeto humano por ser en sí mismo conflictivo (Freud-Castoriadis), la convivencia social es también inherentemente conflictiva, bien “… por contraposición de intereses y/o percepciones” (Francisco Muñoz).

Entonces, con mayor razón, necesita conocerse y estudiar realmente las verdaderas causas de los conflictos, sin que la zona de confort y el goce de privilegios nos obnubile, para poder resolverlos con soluciones que sean admitidas por la sociedad y gocen de legitimidad.

Por tanto, y muy a propósito de las discusiones suscitadas con frecuencia en Colombia entre el ejecutivo, el Congreso, los Órganos de Control y la Rama Judicial, si bien la legitimidad la otorga la aprobación de las mayorías ciudadanas, la institucionalidad actúa mediante reglas formales de obligatorio cumplimiento para todos, unos y otros.