Por Carlos Alberto Estefan Upegui

*Exgobernador del Tolima

Para comenzar, recordemos que siendo ministro de Agricultura, Antonio Gómez Merlano (1997-98) se suscribió ‘El Acuerdo Marco para la Competitividad del Arroz’, pero ni el Gobierno ni los industriales e incluso los productores se han comprometido en el plan de acción.

La Bolsa Mercantil de Colombia BMC, antes Bolsa Nacional Agropecuaria BNA, como contraprestación al mecanismo de financiamiento no bancario de los registros de facturas, administra los laboratorios regionales de análisis de calidad, así como la información de inventarios en la industria.

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También el Mercado de Compras Públicas, que de manera transparente transa las necesidades de arroz de las fuerzas militares, y coadyuva en la formación de precios, debería extenderse a otras entidades estatales para dinamizar el comercio del arroz.

En tanto, el Gobierno ahora dejó de pagar el incentivo al almacenamiento del arroz, porque según el Ministerio de Agricultura el beneficio del incentivo terminaba en manos de la industria y no en del productor.  Al fin de cuentas, esa plata tampoco se ejecutó porque la industria no la tomó. No hay precio regulado, es un mercado de oferta y demanda, pero la distorsión del precio puede controlarse de manera legal.

Así, la Ley 1340 de 2009, Artículo 5 se refiere a la aplicación del Régimen General de Competencia en el Sector Agrícola que con la Ley 155/59 Artículo 1 Parágrafo, son herramientas que en la actual coyuntura podrían ayudar a superar la crisis.

En contraprestación también a lo que le ingresa a la Bolsa Mercantil BMC, por cuenta del registro de operaciones gracias a la exención de retención en la fuente a quienes registren allí sus negocios, (lo cual le deja muchas utilidades al año) debería destinarse parte de esos recursos a programas de pedagogía bursátil sobre coberturas, pues ¿cómo entender que las ventas de arroz se registren en la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC solo para no pagar retención en la fuente, y no utilizar sus servicios  de formación de precios, coberturas, contratos forward, incentivo para el almacenamiento, etc.?

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El Incentivo al Almacenamiento de Arroz lo objetó el Gobierno, porque tal vez no entendió su alcance como instrumento de política. Claramente se ve la falta de iniciativa de los asesores del Ministerio para diseñar instrumentos de política fundamentados en la ley.

En primer lugar, la obligación constitucional artículos 64, 65 y 66. Así como el artículo 1 de la Ley 101 y ante la actual coyuntura, repito, la Ley 1340 de 2009.

De otro lado el Consejo Nacional del Arroz que debería reunirse mensualmente en 2024 lo hizo únicamente 3 veces. Ahora el Ministerio propone crear instrumento financiero y movilizar inventarios para resolver paro arrocero, ya veremos qué va a pasar.

Por ahora, al parecer el Acuerdo de Competitividad seguirá siendo letra muerta y es allí donde está verdadera la solución al problema.