Por Óscar Viña Pardo

La defensa jurídica del Estado lleva más de una década siendo un dolor de cabeza monumental. Es un cuello de botella donde, idealmente, deberían estar los mejores abogados para garantizar la viabilidad de las administraciones públicas. Sin embargo, en Ibagué, la reciente salida de Tirso Bastidas, como han mencionado varios medios, representa una pérdida significativa porque, como reza el sabio refrán, "Perro viejo ladra echado".  

Ahora bien, ¿quién toma el timón? La politización de esta dependencia es un riesgo innecesario para cualquier administración. Y aunque no tengo absolutamente nada en contra del nuevo director de Contratación de la Alcaldía, manejar este monstruo de más de siete cabezas desde un enfoque técnico y no político o burocrático será, como mínimo, un reto titánico.  

La Oficina Jurídica no es cualquier despacho. Actualmente, lidia con más de 3.800 procesos, de los cuales más de 650 son acciones populares. Sí, esas mismas que, si se fallan a favor de ciertos “carteles de invasiones”, podrían llevar a la quiebra a la administración local. Ejemplos sobran:  

- Recuperación del Río Chipalo: Pretensión superior a los 50.000 millones de pesos.  
- El Hato de la Virgen:  Reubicación de más de 400 familias y recuperación ambiental del sector.  
-  Muro de contención en Bosque Nativo: Cerca de 12.000 millones de pesos.  En esta última se suma la negligencia de quienes autorizan los permisos de construcción. 

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Todos estos casos son resultado de una administración que ha preferido mirar para otro lado mientras grupos minoritarios organizan invasiones estratégicas, con la complicidad de algunos que no se conforman con unos pesos, sino que van por todo el pastel.  

Una oficina que necesita más dientes y más dolientes 
La Oficina Jurídica cuenta apenas con siete funcionarios de planta. Estos profesionales deben coordinarse con el resto de dependencias municipales y, además, lidiar con una estructura precaria. Cada año, se contratan entre 10 y 15 abogados bajo órdenes de prestación de servicios. Suena bien, ¿no? Pues no tanto, porque la mayoría trabaja por periodos de tres o cuatro meses, dejando los procesos sin dolientes permanentes.  

Mientras tanto, en otras secretarías, el panorama es diferente. Hacienda tiene un batallón de 70 abogados; Educación y Ambiente, más de 18 cada una. Pero, claro, todos ellos deben coordinarse con los siete abogados de la Oficina Jurídica. Porque, según parece, la eficiencia es solo un mito bonito para discursos oficiales.  

Reitero, no conozco al nuevo director, y sinceramente espero que le vaya bien. Pero, como diría el Chapulín Colorado, no puedo evitar preguntarme: ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos?