Por: Edgardo Ramírez Polanía

Las ciudades capitales de las naciones del mundo se han caracterizado por mostrar sus palacios, parques, avenidas, museos y su gastronomía, que generan turismo y desarrollo.

La falta de decisiones de los gobiernos locales para impedir las ventas ambulantes, han llevado a que nuestras ciudades capitales sean el destino de los migrantes extranjeros y de las familias del campo, quienes atraídos por las luces de la ciudad, convierten las calles en sus lugares de trabajo, generando desorden social y miseria en sus alrededores.

Las razones son evidentes, debido a que en la base de todos los cambios y sacudimientos históricos de la sociedad humana, de las grandes revoluciones, se halla el problema de la supervivencia física, del derecho a no morirse de hambre, de poder llenar cada pueblo la necesidad biológica de comer y de beber. La verdadera raíz de la interpretación materialista de la historia, descubre esa simple verdad como una de las claves de la evolución social, porque detrás década tesis, de cada doctrina, existe una problemática de pan y techo.

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Nuestros pueblos son pobres por la falta de educación como instrumento de trabajo, que difícilmente se acomodan al progreso, la civilización y la riqueza de las sociedades humanas. La tesis de la solidaridad para que los pobres tengan un poco más, choca con el sentido acaparador, voraz y ambicioso, que ha sido la querella entre los que imponen el derecho de tener más y quienes carecen de todo.

El vendedor ambulante es consecuencia de ese fenómeno de la desigualdad social por la ausencia de oportunidades, y está buscando su subsistencia en la calle. Pero, su actividad debe estar regulada por la ley, para que no se expongan para la venta las mercancías y comestibles en los edificios dedicados a la administración pública, ni en los lugares culturales o aquellos destinados exclusivamente para que la gente pueda caminar en el uso de su ejercicio constitucional.

No se aceptan la instalación de ventas de comestibles en los edificios de gobiernos extranjeros, como en la entrada de los Palacios del Kremlin, el Elíseo en Francia, Westminster en Reino Unido, la Cancillería Federal de Alemania, el Palacio de Chigi de Italia, la Casa Rosada de Argentina, la Casa Blanca en EE.UU o  el Kantei en Japón y Zhongnanhai en China.

Tampoco se permiten ventorrillos de mercancías expuestos en el piso de la calle en 5 Th Avene en Manhattan, los campos Elíseos, la Vía Veneto en Roma, o  en Alemania la Unter den Linden, y en City de Londres en Inglaterra, porque la  policía lo impide.

La Carrera Tercera de Ibagué emblemática y peatonal, se convirtió en un ventorrillo por donde no se puede caminar libremente. Los últimos alcaldes de Ibagué y sus jefes políticos, han preferido que Ibagué se convierta en un San Victoriano gigante como en Bogotá, para acaparar votos en una politiquería mediocre y dañina, que darle a la capital del Tolima y ciudad musical de Colombia una mejor presentación.

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Es la costumbre de los pueblos iberoamericanos que heredaron de los españoles  la iglesia y la plaza de mercado en frente, que impidió según Germán Arciniegas el progreso de este lugar del mundo. Porque el criterio moral que estableció el conquistador en América, su dimensión de crueldad, de injusticia, de iniquidad, que le dio a esa empresa supuestamente angelical, magnánima y ajena al interés económico, no fue otra cosa que la imposición de unas costumbres y tradiciones que constituyeron el atraso de esas sociedades.

Desde luego, que el derecho al trabajo es universal y garantizado por la Constitución, pero debe reglamentarse. Anteriormente, Ibagué era una ciudad menos extendida pero limpia, sin huecos y organizada. Hoy, es una ciudad sin planeación, que crece en desorden, donde faltan las mínimas normas de seguridad y convivencia. La excelente administración de la gobernadora Adriana Magali Matiz, que ha hecho lo que han omitido varias administraciones inútiles, le queda difícil entenderse de los problemas que les corresponden a  los funcionarios municipales.

Algunos de esos funcionarios deberían mirar en internet como funcionan las ciudades avanzadas de otros lugares del exterior, a cambio de hacer fiestas suntuosas y aparentar en lo personal, mientras la ciudad de hunde en el caos por la falta de servicios de calidad, y el desorden por las ventas ambulantes, que ya están a las puertas de los edificios del gobierno y sus calles principales, sin que las autoridades garanticen el derecho ciudadano a desplazarse libremente.

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Ibagué, necesita remodelar sus monumentos, arreglar sus avenidas, imponer a los dueños de los locales comerciales el arreglo de sus fachadas y no solamente que perciban jugosos ingresos, porque el daño ambiental también tiene relación con el entorno y el paisaje y la contaminación visual, que corresponde a las oficinas de Obras Públicas, de Medio Ambiente, Control Urbano y Planeación Municipal y que la Personería de Ibagué debe vigilar y proteger el interés público y hacer cumplir las normas a los funcionarios encargados de aplicarlas.

El pasado Festival Internacional de Libro, dejó expuesta la necesidad urgente que la administración municipal y departamental construyan un lugar amplio y cubierto para eventos culturales conforme a las exigencias de los habitantes de la capital del Tolima y sus municipios.

Sin cultura no progresan los individuos ni la sociedad, porque no se adquieren hábitos para perfeccionar el carácter y el comportamiento, sino que se acostumbra ese ciudadano excluido a mirar bajo la óptica de su cercano horizonte, el día a día, en un mundo restringido que no permite el progreso y las nuevas maneras de ver la vida en común.

No se trata de impedir que el ciudadano sin posibilidades de atender los gastos de su hogar trabaje, a cambio de delinquir, sino de reglamentar el uso del espacio público que está instituido en la Constitución Nacional, leyes y decretos que se deben hacer cumplir por las autoridades encargadas, que son las alcaldías.

Los vendedores ambulantes requieren apoyo institucional, a través de establecimientos de ventas de  mercancías en zonas comerciales específicas y seguras, donde los vendedores puedan instalarse. Deben otorgarse permisos y licencias para que los vendedores operen de manera legal, lo cual puede incluir el pago de tarifas.

La alcaldía a cambio de la politiquería a “todo vapor”, debería fomentar programas de ayuda para que los vendedores se formalicen, mejoren sus condiciones de trabajo y accedan a beneficios sociales y económicos de salud y pensión, mediante su organización en gremios o asociaciones para que puedan negociar de manera conjunta y defender sus derechos.

Sin esos elementos y decisiones, Ibagué continuará en el caos y el desorden de los vendedores ambulantes que seguirán convirtiendo su actividad en un problema social para la capital del Tolima, donde debe sonar con fuerza nuestra música, a cambio del barullo de quienes ofrecen con parlantes sus mercancías y su esperanza de vivir.