Por Rubén Darío Rodríguez Góngora - Exalcalde de Ibagué y Excongresista

Lo cierto es que las peticiones de la Procuraduría a través del Procurador delegado 163 no fueron atendidas por la administración, pues se había solicitado la terminación del convenio por mutuo disenso, y que la Junta Directiva del SETP expidiera la autorización.

En ese mismo sentido se había pronunciado el reconocido abogado administrativista Wilson Leal en un podcast del 4 de septiembre 2023 cuando expresó que el pronunciamiento de la Procuraduría era un salvavidas para que el alcalde y los funcionarios comprometidos evitaran el carcelazo por la “Celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos esenciales”, pues justificaban una terminación bilateral arropados en los argumentos de la Procuraduría. Sin embargo, a pesar de las suspensiones decretadas, o de que se termine el convenio con INFOTIC, ya se cometieron los delitos mencionados por el jurista, y otros que surgen.

Al respecto, el ex personero de Ibagué, el doctor Camilo Ossa ha analizado juiciosamente las implicaciones del convenio leonino (contrato administrativo), en en el que concluye como lo hizo también el Ministerio Público que debió acudirse a la licitación pública, pues “el negocio jurídico no se ajusta a los elementos esenciales de un convenio administrativo, pues si eventualmente los operadores no cumplieron los requisitos de la ley 1955 del 2019, debió acudirse a la contratación por Licitación”.

Además, con los procedimientos de la Alcaldía, en donde a toda costa querían suscribir el convenio espurio, el último día antes de entrar en vigencia la ley de garantías, se demuestra un interés ilícito en la contratación, en la que presuntamente incurrieron el Alcalde, el Gerente del SEPT y los miembros de la Junta Directiva, que autorizaron mediante acta, la suscripción de ese convenio administrativo (Art 409 C.P). El doctor Ossa ha demostrado y así lo confesó el Alcalde, que no verificaron que INFOTIC estaba controlada por privados, y aun cuando en el certificado de Cámara de Comercio aparecía tal condición, de todas formas siguieron adelante con el convenio cuando debieron licitar. Además,  demostró el ex personero que INFOTIC presentó como aliado a una empresa de quien se presenta en la resolución como un importante grupo económico y tecnológico, cuando en realidad es una microempresa con capital de 20 millones y tiene como sede un apartamento en Bogotá. (VYR Sas), y que se aceptó una oferta de dicha empresa que dice que va a ofrecer un servicio que va a prestar otra empresa que no participó en la oferta.

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“En manos de la Fiscalía y Procuraduría quedan las decisiones, pues ante tanta evidencia, y ante el silencio de los periodistas comprados, no puede quedar en el ambiente que en Ibagué hay impunidad”.

Con la firma del convenio, a pesar que sea disuelto como debe hacerlo la nueva Alcaldesa, se violaron los preceptos de la ley 80 puesto que, y así lo ratifica el Procurador, se desconoció el deber de planeación, no hubo garantía del derecho de contradicción e igualdad, no se dio aplicación a los principios de objetividad, neutralidad y claridad de las reglas en la presentación de las ofertas, pues el 28 de junio mediante carta, les dijeron a los transportadores que no reunían los requisitos, y ese mismo día sin ninguna controversia, violando el principio de transparencia y selección objetiva, a pocas horas de la entrada en vigor de la ley de garantías, a dedo, la Alcaldía de Ibagué le entregó mediante convenio a INFOTIC la implementación del sistema tecnológico del recaudo y control de la flota por 16 años.

La Alcaldía ya tenía definido que la encargada del sistema de recaudo y control sería INFOTIC antes de notificar a los transportadores. El ex personero de IBAGUE es la persona que ha ahondado en la averiguación de los pormenores del convenio ilícito, relacionando un sinnúmero de pruebas que demuestran el dolo de los funcionarios de la Alcaldía para firmar el documento a pesar de las graves deficiencias relacionadas por él y por el Procurador.

En manos de la Fiscalía y Procuraduría quedan las decisiones, pues ante tanta evidencia, y ante el silencio de los periodistas comprados, no puede quedar en el ambiente que en Ibagué hay impunidad.