Colombia ocupa el segundo lugar a nivel mundial en el índice de número de abogados con 355 por cada 100.000 habitantes, después de Costa Rica, que cuenta con 389, según el Centro de Estudios de Justicia de las Américas.

En Sudamérica lo siguen Brasil, Argentina y Perú con 327, 305 y 250 abogados respectivamente. La cantidad disminuye sustancialmente en Europa, en donde la media es de 149 por cada 100.000 habitantes.

Además, según cifras del Consejo Superior de la Judicatura, hay más de 300.000 abogados registrados para ejercer su profesión, y cada año se gradúan aproximadamente 14.000. Se trata de un número importante, si se tiene en cuenta que en otras disciplinas como la ingeniería civil o la economía se gradúan un promedio de 4.000 profesionales al año.

Si aplicamos la tabla por cada 100.000 habitantes – a grosso modo–en el Tolima habremos unos 4.700 abogados y en Ibagué más de 2.000, de los cuales el 70 u 80% somos litigantes.

Y solo un porcentaje muy bajo esta laborando en empresas privadas, en la rama judicial y con el Estado. La gran mayoría somos abogados litigantes, es decir, prestamos un servicio a la sociedad ejerciendo la profesión desde una oficina propia pagando predial o arrendada cancelando el canon mensual, con unos asistentes, secretaria, contadora, equipos de oficina, adquisición obligatoria de un buen escáner para el escaneo de los numerosos documentos, la demanda y las pruebas, por la virtualidad con ocasión de la pandemia, pago de servicios e impuestos (De renta, IVA, Industria y Comercio, Ica etc.) y mantenemos las familias con hijos en colegios o en universidades, pago de arriendo de vivienda o si es propietario gastos de administración etc.

Vivimos de los llamados honorarios bien por consultorías o asesorías – que no son muchas y a veces ninguna – de presentar demandas, tutelas, memoriales, asistir a las audiencias (ahora virtuales), de perder o ganar demandas, debiendo esperar en el caso de las que son contra el Estado – que es mi especialidad – hasta 20 años en su trámite y 6 o 7 años para que cumplan y paguen la sentencia. Luego el día a día con los clientes en el ejercicio de la abogacía, es lo que nos da viabilidad económica –pues cuando llega el pago de las sentencias- ya se debe a las entidades financieras o a las fiducias que compran las sentencias con unos porcentajes costosos. Ellos si pueden esperar los años que duran en pagar – nosotros los litigantes no.

Llevamos 4 meses –desde el mes de marzo – con la justicia paralizada –menos algunos asuntos penales – esperando que se aprovechara ese tiempo para producir sentencias y agilizar procesos –pero nada de eso sucedió salvo contadísimas excepciones  - y por fin vimos una luz en el camino con la apertura no presencial el 1 de julio pasado. Ahora padecemos la improvisación de la virtualidad. Ni me detengo en ello pues es tema de nunca acabar.

Y lo que faltaba. Ahora si el gobierno no vuelve a suspender términos judiciales, es decir, a paralizar de nuevo la justicia el 16 de julio, Asonal y otros 12 sindicatos de la rama, decidieron convocar a los funcionarios judiciales A UN DESACATO JUDICIAL que se traduce- según entiendo – en que van a los despachos o desde la casa – cobran sus salarios – pero no trabajan, no producirán ni un simple auto.

Comprendo que requieren apoyo del gobierno en recursos y protección, pero hay otras formas de protestar y exigir.

Aunque es cierto que “La justicia es como un tren que casi siempre llega tarde” como sostenía Yevgeny Yevtushenko, un país sin justicia es una bomba atómica a punto de explotar.No puede haber organización social sin justicia y ésta no debe dormir jamás.

Y mientras tanto ¿los abogados que vivimos del litigio que? No nos mató la pandemia- por lo menos por ahora- pero la ausencia de justicia si nos va a liquidar.

(*) Abogado especialista en derecho Administrativo