Por Martha Alfonso

Representante a la Cámara

El carácter masivo de las movilizaciones que se desarrollaron el pasado primero de mayo que tuvieron como escenario más de 180 municipios del país, al igual que las del 18 de marzo e incluso otras recientes, demuestran que las reformas sociales no son un capricho político del gobierno de Gustavo Petro, sino un mandato popular, una necesidad de la gente.

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 En gran medida, la masividad de las marchas está explicada por la reciente convocatoria que el Presidente de la República ha hecho a una consulta popular, alrededor de 12 preguntas que sintetizan el espíritu de la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado, y que pretendía hacer apenas un poco de justicia social, al devolver derechos laborales que fueron conculcados especialmente durante la contrarreforma del expresidente Uribe, en 2002.

La recuperación del recargo nocturno desde las 6 pm, el pago de dominicales y festivos al 100%, los subsidios a las pequeñas empresas para que puedan subsistir, el establecimiento de permisos para que los trabajadores y trabajadoras puedan atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes, la inclusión laboral de personas con discapacidad, garantías laborales para los domiciliarios de plataformas de reparto, estudiantes del Sena, trabajadores agropecuarios, empleadas domésticas, madres comunitarias, artistas, entre otros, hacen que esta reforma laboral sea de interés general y ciudadano.

En el fondo de la reforma laboral del gobierno Petro, se recoge además, una lucha histórica del sindicalismo colombiano, relacionada con el cambio de la visión sobre el trabajo en Colombia que ha estado determinada por una flexibilización en la contratación a través de órdenes de prestación de servicios personales que se convirtieron en la excusa perfecta del clientelismo para esclavizar a la gente por un puesto de trabajo a cambio de votos, o incluso, corrompiéndola a través del cobro de porcentajes de sus sueldos a cambio de garantizar la permanencia en un trabajo.

La precarización que esconde este tipo de contratación “integral” por prestación de servicios, en la que no se reconocen prestaciones sociales, ni estabilidad laboral, es cambiada en la reforma por el contrato laboral a término indefinido como regla general de la contratación de personal en Colombia. Esto, además de mejorar las condiciones formales y la dignidad de la clase trabajadora, contribuiría a reactivar la economía porque a mayor estabilidad laboral, mayor capacidad de compra y de planeación financiera por parte de la gente y por tanto, mayores posibilidades de acceder a crédito, a bienes y servicios, a recreación y vacaciones, entre otras dinámicas que alentarían nuestra economía desde la base.

Por esto la reforma laboral no debió hundirse por mezquinos intereses de pequeños sectores que se han favorecido de la precarización laboral del pueblo colombiano y por eso, la consulta popular para avanzar en la reforma que no dejaron discutir en la Comisión Séptima del Senado, es una herramienta legítima, constitucional y ciudadana con enorme poder.

Esta convocatoria a la consulta popular representa un genuino espacio de apropiación democrática por parte de la ciudadanía, consagrado en la Constitución del 91, sobre un debate de su interés absoluto como es el trabajo. Precisamente por la constitucionalidad del mecanismo es que resulta absurdo y antidemocrático el cuestionamiento, proveniente de la oposición, según el cual la convocatoria a la consulta por parte del presidente Petro es un acto “dictatorial”, o violatorio de la separación de poderes.

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Por supuesto, detrás de estos argumentos está el verdadero e inconfesable motivo: quienes se oponen a la consulta se oponen a la recuperación de los derechos laborales porque afectan su acumulación de riqueza particular, se oponen a que las mayorías trabajadoras puedan gozar de un mínimo de garantías para mejorar sus condiciones de vida.

Pues bien, el llamado que hizo el presidente en la plaza, y en el que instó al Congreso a reconocer que su jefe es el pueblo y que el Congreso se debe al pueblo como fuente de la soberanía, es un llamado republicano que han entrañado muchos pensadores y políticos, en el que el pueblo puede interpelar a los poderes públicos y cuestionar sus decisiones. Así, el llamado a la consulta popular pretende ser la materialización del constituyente primario en acción directa, diciéndole al Congreso cómo debe legislar, que sí está de acuerdo con una reforma laboral.

Desde esta curul, y atendiendo al llamado del presidente y de las mayorías ciudadanas que se movilizan, apoyo la propuesta de consulta popular y digo ¡Doce Veces Sí!