Por: Humberto Leyton

Ante el inexorable avance de las fuerzas progresistas del país, la ultraderecha reaccionaria, se llena de miedo y pánico y acude a métodos desesperados como el de aplicar la política a través de la corrupta justicia.

No de otra manera se entiende la decisión del Consejo de Estado que a raja tabla, sin cumplir con los términos establecidos para estos procesos, se apresura a suspender el decreto que establece el salario mínimo del 23 por ciento para el 2026, fijado por el Gobierno nacional.

Este acto, independientemente del galimatías jurídico y de las interpretaciones santanderistas que busque esa corte para negar el incremento salarial a los trabajadores, está reflejando la expresión y el querer de un grupo de poderosos empresarios codiciosos y avaros que se sienten representados en el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes  (Fenalco) Jaime Alberto Cabal y del presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) Bruce Mac Master, quienes a su vez, reflejan el criterio político del expresidente Álvaro Uribe y la tendencia más reaccionaria y oscurantista del partido conservador.

Pero el auto o decisión transitoria del Consejo de Estado, no solo les quita el aumento salarial a los dos millones 400 mil trabajadores formales de nuestro país, también afecta a miles de soldados, policías, estudiantes del SENA y médicos internos que, por primera vez en la historia, reciben un salario digno.

Otro decreto de impacto social que le tumbó el Consejo de Estado al gobierno Petro fue en 2023, con el decreto 0227, que pretendía establecer control y regulación de los servicios públicos en el país, para defender a los usuarios de las exageradas y mensuales alzas en las tarifas de los servicios públicos.  

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A estos fallos políticos del Consejo de Estado, enmascarados en sentencias judiciales, también hay que sumarles las reiteradas medidas que ha tomado la Corte Constitucional para tumbar toda iniciativa de carácter social que benefician a la población más vulnerable de nuestro país como: la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira en julio de 2023 (Decreto 1085) por grave crisis humanitaria por falta de agua, agravada por el fenómeno de El Niño; las trabas a la reforma pensional y laboral; la suspensión de la emergencia económica decretada por el Gobierno, con la cual buscaba recaudar $16,3 billones que iban a ser destinados para terminar de cubrir el Presupuesto de 2026, donde se gravaba a los grandes capitales para desarrollar políticas sociales.

Estos, entre otros, los retenes que les han puesto las altas cortes a las medidas del gobierno Petro que buscan más igualdad en la distribución de la riqueza y más justicia para los sectores menos favorecidos de nuestra nación.

Y ahora qué decir de los fallos que han impedido el desarrollo democrático como la suspensión del decreto 0639 de 2025, que convocaba a la Consulta Popular para la reforma al sistema de salud, por parte del Consejo de Estado, al responder una demanda de Efraín Cepeda, presidente del Senado en ese entonces.

A las sentencias arbitrarias que rayan en el prevaricato, se añade la del impresentable Consejo Nacional Electoral (CNE), que le niega a Iván Cepeda presentarse como candidato a la consulta interpartidista por el Frente por la Vida, presentando argumentos tan débiles como que el candidato ya había participado en una consulta, sin tener en cuenta que esta fue de un solo partido (el Pacto Histórico), como quedó establecido, paras escoger su candidato que participaría luego en otra consulta interpartidista para escoger el candidato que representaría a los progresistas en la primera y segunda vuelta.

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En esta tragicomedia donde se sacó a Iván Cepeda de la consulta, no solo se negó el fundamental derecho al voto de los ciudadanos, sino que también dos integrantes del CNE que participaron en la votación estaban abiertamente impedidos para hacerlo, incluyendo a un conjuez. Se trata de Álvaro Hernán Prada, procesado en el caso de los falsos testigos del expresidente Álvaro Uribe contra Iván Cepeda y Hollman Ibañez, cuestionado abogado empleado de Abelardo De La Espriella, candidato presidencial y con obvios intereses políticos contra Cepeda. Estos personajes no se declararon impedidos y ya contra ellos cursan las respectivas demandas por los delitos de prevaricato por omisión y faltas relacionadas con el régimen de incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y conflictos de intereses en la toma de decisiones. 

En estas condiciones, las altas cortes se han convertido en instrumentos políticos para favorecer los intereses de la derecha y del gran capital, perdiendo autonomía, objetividad y capacidad para fallar de acuerdo con las normas del derecho, sesgando y amañando sus sentencias a favor de los intereses de sus jefes políticos. Es un hecho que se palpa claramente en la opinión.

La situación ha llegado a tal grado de incertidumbre, que con la decisión de suspender el decreto que estableció el salario mínimo vital, quienes se opusieron y lo demandaron, hoy están en contra de la providencia vergonzosa del Consejo de Estado, y a través de sus candidatos como Paloma Valencia (Centro Democrático) y Vicky Dávila han pedido que se mantenga el salario mínimo vital fijado por el presidente Petro; lo mismo ha ocurrido con el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.

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El rechazo a las decisiones tomadas por las cortes con un abierto tinte político han sido tan evidentes, que prácticamente las sentencias se han convertido en un bumerán, cuyos efectos contrarios se convierten en más popularidad y más solidaridad hacia el presidente Gustavo Petro y en apoyo creciente al candidato Iván Cepeda del Pacto Histórico. Eso es palmario en las plazas públicas y escenarios que abarrotan permanentemente. El crecimiento es exponencial.

Si hace cuatro años, el mejor jefe de debate del presidente Petro fue el mal gobierno y la torpeza de Iván Duque, hoy los mejores jefes de debate de Cepeda son los magistrados y jueces con sus absurdos fallos contra los más necesitados.

A menos de un mes de las elecciones del 8 de marzo, Petro y Cepeda, han sido tomados como víctimas de una clase política desgastada y putrefacta que se niega a los cambios, que lo que pierde en las urnas quiere recuperarlo con los fallos de magistrados y jueces venales; pero el pueblo ha aprendido la lección y no se deja engañar. Se le devolvió la ballesta.