Por: Martha Alfonso Jurado
*Representante a la Cámara por el Tolima.

La semana pasada, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ratificó su compromiso con el fortalecimiento del servicio de acueducto y alcantarillado, así como con la gestión comunitaria del agua en Ibagué. 

Ya son cerca de $33.000 millones invertidos en agua y saneamiento básico en el Tolima, y el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros, anunció los recursos para ejecutar la fase 5 del Acueducto Complementario que beneficiará principalmente a las comunidades de la Comuna 7 de la ciudad.

Celebramos la mirada del Gobierno nacional hacia el Tolima y respaldamos la inversión en infraestructura hídrica. Sin embargo, toda inversión debe ir acompañada de control y transparencia porque los recursos públicos no pueden perderse en la maraña de la improvisación y la corrupción.

Mientras la Alcaldía de Ibagué se reunía con el viceministro, la Contraloría General de la República y delegados del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico revelaban en un Foro Interinstitucional datos alarmantes: El IBAL incumple la Resolución 0330 de 2017 al no contar con estaciones de medición de presión. En 2023, las pérdidas de agua en redes fueron del 50,56%.

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A pesar de estas pérdidas, el acueducto carece de macromedición, incluso en el nuevo Acueducto Complementario; es decir, no se sabe dónde se pierde o se roba el agua potabilizada que suministra el IBAL.

El servicio reporta continuidad de más de 23 horas/día, lo cual es muy positivo, pero las comunidades señalan que sus realidades diarias contradicen ese dato.

El informe de Auditoría IBAL S.A. E.S.P. reveló 16 hallazgos, de los cuales 10 tienen alcance fiscal por $8.271.568.473,16. A esto se suma un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos que deja muy mal librado al IBAL, y un dato preocupante: Ibagué es la única capital del país con un Plan de Desempeño en agua y saneamiento básico. Este plan no es un premio: es una medida correctiva del Ministerio de Vivienda que se impone cuando un municipio presenta fallas graves en la gestión de los recursos del Sistema General de Participaciones.

En términos simples: estamos en “alerta roja” por la mala gestión del agua. Basta caminar por barrios como Hipódromo, La Samaria, El Carmen, El Jardín, Varsovia, El Salado, El Jordán o Picaleña para ver fugas constantes y cortes reiterados que desmienten el discurso oficial. 

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El informe técnico de la Contraloría es contundente: hubo cambio indebido de materiales, incumplimientos técnicos, errores de costos, pagos en exceso y presuntas irregularidades en contratos por $44.065 millones (2022-2024) para el Acueducto Complementario.

Además, se observan dificultades en términos de ejecución de los recursos del SGP para agua y saneamiento, en parte como resultado de inconsistencias en la información reportada, pues solo hay reportes parciales sobre Río Combeima y las quebradas Cay y Chembe, dejando por fuera el sistema de abastecimiento de la Quebrada Corazón y el cuestionado sistema de abastecimiento de los Canales de Riego Laserna y Aceituno que abastecen la PTAP de Arboleda Campestre.

Desde el Congreso no criticamos por capricho: ejercemos control político con pruebas y argumentos para defender el patrimonio público y el futuro hídrico de nuestra ciudad. Sí a la inversión en agua, pero con planeación, control y transparencia, cuestión en la que debe estar involucrada la ciudadanía a través de veedurías. 

El agua no es un favor: es un derecho y seguiremos velando para que cada peso destinado a este recurso vital se traduzca en dignidad, salud y vida para Ibagué.