El pasado 13 de julio la Alcaldía de Ibagué suscribió el contrato 0927 con el prestigioso abogado Iván Cancino González. En el Secop II se lee que el monto es de $41 millones setecientos mil pesos por cinco meses.

En representación de la administración firmó la doctora Yully Esperanza Porras Barrero, quien es la secretaria Administrativa.

El objeto es “Contratar la prestación de servicios de un experto calificado para asesorar los diferentes procesos jurídicos requeridos en la Oficina Jurídica de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Ibagué”.

Entre las 15 obligaciones del contratista, las tres primeras son: 1) Prestar acompañamiento jurídico para la toma de decisiones a cargo del jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué en asuntos administrativos y jurídicos que se pongan a su consideración. 2) Elaborar documentos, conceptos, oficios y demás escritos que se requieran por parte del despacho de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué, según requiera. 3) Revisar y aprobar los asuntos puestos a consideración, previo a la suscripción por parte del Jefe de la Oficina Jurídica.

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Iván Cancino es uno de los mejores juristas del país. Graduado en el Externado, es hijo además de uno de los más respetados abogados de Colombia del siglo anterior. Sin lugar a dudas es un asesor prenda de garantía para cualquier alcaldía del país. Es un verdadero peso pesado de la baranda judicial nacional.

Es más, para los kilates del asesor, me parecen bajitos los honorarios para semejante responsabilidad.

El alcalde Hurtado demuestra con ello que no quiere seguir metiendo las patas, como hasta la fecha ha ocurrido, con decisiones que lo tienen hoy investigado, como los contratos para compra de kits nutricionales, la fallida posesión como secretario de Bienestar Social, por estar impedido, del ex contralor Edilberto Pava o los últimos decretos del manejo de la pandemia que, por lo incongruentes, lo han hecho quedar mal ante los ciudadanos. 

Todas estas equivocaciones habrían hecho rodar la cabeza del recientemente renunciado secretario jurídico de la Alcaldía.

Pero creo que el alcalde Hurtado debe aprovechar la oportunidad que le da la vida de conocer al doctor Cancino, y contratarlo de una vez para que asuma también su defensa en el sonado caso de los piques ilegales en el Aeropuerto Perales cuya audiencia de juicio oral entra en su etapa definitiva este 21 de agosto. 

Porque además de la basta experiencia en derecho penal y criminológico, Cancino en los últimos años ha acrecentado su fama como el abogado que ha salvado de la cárcel a ex alcaldes como los de Santa Marta, Montería, Popayán y actuales gobernadores como Carlos Caicedo del Magdalena, entre otros.

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En un perfil sobre el nuevo asesor jurídico de la Alcaldía de Ibagué, escrito por Óscar Ritoré en el portal Las 2 Orillas, se lee “escoge a sus clientes, no firma contratos, no le teme a los fiscales en las audiencias y maneja los medios para él mismo amortiguar los golpes(…)Es un crack en el manejo del sistema penal acusatorio y un 10 en la relación cara a cara con la prensa”.

Simplemente le haría una sugerencia respetuosa al Alcalde si toma esa decisión y el doctor Cancino acepta el poder en el caso de los piques: sería bueno que visiblemente quedara constancia pública que los honorarios los pagará de su bolsillo, todo para evitar a los suspicaces.

ÑAPA 1: Mi solidaridad con los estudiantes de la Universidad del Tolima que luchan por la MATRÍCULA CERO. Si se tramitan entre Alcaldía y Gobernación más de $250 mil millones en empréstitos, la mayoría para obras de cemento, ¿no creen que es apenas justo y prioritario que se pongan los $7.500 millones que vale el semestre de los estudiantes?

ÑAPA 2: La presión ciudadana obligó a que el alcalde modificara el decreto que relajaba el toque de queda y el pico y cédula. Ojalá no haya sido tarde. Nos enviaron videos y fotos de congestión en vías, y hasta un grave accidente, a altas horas de la noche del sábado