¡Hay que condenar a los absueltos!

Con sorpresa leí en la revista SEMANA el fragmento de un libro que supuestamente, sobre sus memorias, está escribiendo el expresidente César Gaviria Trujillo; fragmento que su autor le hizo llegar a ese semanario, bajo el título: “Galán, el asesinato de un mejor país”, en el que posa de investigador acucioso y perito en lo relativo a la investigación que adelantó la fiscalía sobre ese magnicidio, para solicitarle a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que tenga en cuenta que “…El cambio de escolta fue determinante en el asesinato de Galán…” o, con otras palabras, que case la sentencia de la Sala Penal del Tribunal de Cundinamarca que absolvió al coronel Manuel Antonio González Henríquez, ex Jefe de la División de Orden Público del DAS y confirmó la absolución, en primera instancia, del capitán Luis Felipe Montilla Barbosa, ex comandante de la policía de Soacha, para que, en su lugar, los condene como coautores del asesinato de Galán, como se colige del tardío e irresponsable escrito del político liberal.

De ese escrito salta a la vista que Gaviria no sabe ni siquiera de que está hablando, cuando critica la sentencia de alzada que beneficia a los oficiales precitados, como se desprende de las siguientes glosas a su fragmento: Dice Gaviria que “…Como quiera que es muy posible que el tribunal Superior de Bogotá tomó lo argumentos de la demanda y nadie más contribuyó a los elementos que aportó el demandante tiene lógica lo que ellos decidieron…” Pasa por alto el expresidente que la Sala Penal del Tribunal de Bogotá nada tiene que ver en este asunto, se refiere, tal vez, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, corporación que no tomó argumentos de ninguna demanda para absolver a González, ni para ratificar la sentencia absolutoria en favor de Montilla, ello pues en los procesos penales no hay demandas. Los documentos que analizó esa alta corporación fueron, entre muchos otros, los siguientes: (i) El expediente contentivo de la investigación que realizó la fiscalía, (ii) el fallo condenatorio que una juez especializada profirió, en primera instancia, condenando a González y absolviendo a Montilla; (iii) el recurso de apelación de González, (iv) la resolución de acusación, emanada de la fiscalía, contra González y Montilla, (v) el escrito de apelación de la fiscalía, entidad que apeló la decisión en cuanto al fallo absolutorio de Montilla se refiere, (vi) el escrito del agente del ministerio público; (vii) los recursos de apelación de los apoderados de las familias Galán y Peñaloza (partes civiles) y (viii) los argumentos de abogado de Montilla y, como es obvio, todos esos documentos le aportaron igualmente elementos a esa alta corporación, sin que pueda olvidar que esos magistrados tuvieron en cuenta las providencias de la Corte a las que hizo mención Gaviria y, sobre todo, la que decidió sobre si el crimen era o no de lesa humanidad, pieza procesal sobre la que se pronunció en la parte motiva de su proveído. Ese juicioso cuerpo colegiado tampoco desató, a las volandas, esos recursos; providencia con la que se puede o no estar de acuerdo, pero que no por ello deja de ser un fallo serio, garantista y muy respetable.

Agrega Gaviria, refiriéndose a la providencia del Tribunal que “… es ajena a toda la investigación que realizó la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia que dan el contexto en el que deberían dar los fallos de los tribunales de justicia…” Eso no es cierto. Lo afirmado por Gaviria es un desatino, pues ni la Corte, ni la fiscalía establecen contextos o fijan directrices que obliguen a los jueces o a los magistrados a ajustare a ellos, en el momento de proferir sus decisiones, debido a que “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley…” (Art 230 Cons P) y adicionalmente, porque el expediente que examinó el tribunal, para usar las palabras de Gaviria, contiene “…toda la investigación que realizó la Fiscalía.”

El expresidente está equivocado. Los procesos no se adelantan con fundamento en notas de prensa, muchas de ellas irresponsables, mentirosas, pagadas o mal intencionadas, no obstante que algunas de esas notas, obligan a las autoridades a investigar lo que en ellas se denuncia o se señala, como, por ejemplo, la valiosa información publicada por la revista Semana sobre las que denominó “Las piezas olvidadas del caso Galán”, piezas sobre las que se refirió el Tribunal y que fueron ignoradas por la Fiscalía. Los procesos penales se estudian y se conocen en el expediente y las pruebas que existen en el mundo tangible y las que se imagina el intérprete, sino están en el expediente, procesalmente no existen. “Lo que no está en el expediente no está en el mundo”, como lo afirma el aforismo latino (“Quod non est in actis non est in mundo”)

Y continúa Gaviria, afirmando que “Está meridianamente comprobada y justificada la acusación de la fiscalía en el juicio del jefe de la policía de Soacha, y de Manuel González, jefe inmediato de Jacobo Torregrosa. Dichas personas que fueron determinantes en el asesinato”. Esa es la opinión de Gaviria que es totalmente contraria a la de los señores magistrados del honorable Tribunal que absolvieron los precitados oficiales, pero no explica el exmandatario, en que se funda para hacer esa afirmación, como que tampoco detalla en que consistieron los errores que les atribuye a los falladores de segunda instancia.

Me llama la atención una afirmación de Gaviria que no conocía, cuando nos cuenta que todos los sicarios que participaron en el crimen de Galán, fueron asesinados y que solo se salvó una carta escrita a mano, por uno de ellos, a su progenitora, “…en la que narra con lujo de detalles como se coordinó el asesinato, quienes debían intervenir y revela además, los nombres de los miembros (sic) de los oficiales de la policía nacional que según el asesino confeso participaron en dos cumbre de la mafia.” Mis fuentes no conocen esa carta y me extraña que si Gaviria tiene una copia de esa carta no hubiera listado, en su fragmento, los nombres de esos presuntos oficiales corruptos de la Policía. Si el expresidente tiene copia de esa carta la debería hacer llegar a la investigación

Resalta Gaviria que “Hay particularmente un documento que tiene la mayor importancia y es el fallo de condena al general retirado Miguel Maza Márquez. Es un documento que significó un enorme avance y estableció las responsabilidades de los centenares de protagonistas de esos episodios.” Lo resaltado en negrilla no es cierto, el fallo en contra del General Maza lo es contra el general Maza únicamente y punto y ni las consideraciones del fallo ni la condena puede extenderse a terceros que no fueron procesados ni condenados en ese juicio, pues la sentencia es norma jurídica individualizada y a por ello las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas y, por tanto, les está prohibido a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general o reglamentaria, salvo en materia constitucional, tema que no vamos a abordar. (Art 17 C.C.)

Quiero resaltar que no conozco a González ni Montilla, nunca los he visto y que no me interesa ni conocerlos ni defenderlos y que desconozco, igualmente, cuál será el resultado de la demanda de casación que, por conducto de un casacionista, presentarán los Galanes contra la providencia del tribunal, la que llegará revestida de la doble presunción de acierto y legalidad. Mi critica es al insulto que, a la inteligencia de los colombianos, nos hace el expresidente y sobre todo a sus presiones politiqueras indebidas, que lo único que logran es que los ciudadanos perdamos, aún más, la confianza en la jurisdicción

En una palabra, el escrito de Gaviria desinforma a la opinión sobre la realidad procesal, pues la mayoría de sus afirmaciones sobre los hechos del proceso son imprecisas o contrarias a las verdades que afloran del expediente, el que Gaviria desconoce. Ese escrito de Gaviria me parece un pésimo ejemplo para los colombianos, pues ejerce presión política indebida sobre los magistrados de la república, en el momento en que se aprestan a conocer un recurso extraordinario, pues con ese fragmento vulnera el expresidente y, de qué manera, el debido proceso de los desencartados y aun de los que siguen siendo investigados.

Como lo ha sostenido la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura “La observancia de la independencia y autonomía judiciales implica abstenerse de influir sobre las decisiones judiciales, pretender direccionar el sentido de las decisiones o ejercer presión sobre los Jueces de la República”, pues al decir de la Corte Constitucional, “…los funcionarios encargados de administrar justicia no se deben ver sometidos a ningún tipo de presiones, insinuaciones, recomendaciones, exigencias determinaciones o consejos por partes de otros órganos del poder judicial o inclusive de la misma rama judicial." (Sentencia C-037 de 1996).

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Sobre el particular Luigi Ferrajoli, expresa: “Por otro lado, si el juicio ha de estar dirigido a impedir arbitrariedades y abusos potestativos sobre las libertades individuales por parte de los poderes de gobierno, la independencia de los jueces es garantía de una justicia no subordinada a las razones de Estado o a intereses políticos contingentes. Los fundamentos externos o políticos de la independencia son en definitiva los mismos ─verdad y libertad─ que legitiman la jurisdicción. Y exigen que la independencia de la función judicial esté asegurada tanto para la magistratura como orden, frente a los poderes externos a ella y, en particular, al poder ejecutivo, como al magistrado en calidad de individuo, frente a los poderes o jerarquías de la propia organización, siempre en condiciones de interferir de algún modo la autonomía del juicio…” Derecho y Razón. Editorial Trotta, S.A., 1995, p. 584.

Paula Andrea Barragán Garzón y Angie Lorena López Pinilla, en escrito titulado “Las decisiones judiciales: un dilema entre la legitimidad y la influencia de los medios de comunicación” se refieren a las presiones políticas en los procesos judiciales, citando para ello al doctor Germán Silva, quien, según ellas, les dio el nombre de "Justicia espectáculo" a estas prácticas, a la vez que hizo acertados pronósticos sobre la problemática actual, ello en los siguientes términos:

“La antigua forma de impartir justicia, cuando el juez llevaba las causas sometidas a su conocimiento con discreción hermética, en los tiempos en los cuales solo se pronunciaba a través del texto escrito de sus sentencias, tiende a desaparecer y, aunque a veces se recuerda con añoranza, lo cierto es que hoy es improbable que vuelva. Las decisiones judiciales se conocen primero en los medios, antes que en la resolución, auto o sentencia; los operadores judiciales las revelan y explican por conducto de los micrófonos y las cámaras, sin que todavía hayan sido redactadas. Tampoco los jueces pueden resistirse a las exigencias de los medios y las demandas de información de la opinión: de no revelar la conclusión de fallo antes de la redacción de la sentencia, él mismo filtrará en una versión extraoficial o se incrementarán las posibilidades para presionar o intentar manipular la decisión. ” Y por lo anterior le dan razón a Rogelio Pérez, cuando afirmó: “…esto implica que se ha encontrado un nuevo público, que para tomar sus decisiones no solo consultaría sus códigos o precedentes, o que va a tratar de ser influido en los corredores por quienes detentan el poder político, sino que sabe que sus decisiones tendrán un impacto inmediato en los medios.” .

Zavier Zavala Egas, va más allá, cuando afirma que “… La administración de justicia es un botín político, se la acosa y persigue para procurar impunidad o para perseguir a rivales de turno. Su politización es real, la sumisión de los jueces … genera un control absoluto de la clase política en la justicia …. Adicionalmente, el que por contactos y relaciones accede a la Corte Suprema de Justicia, coloca en las Cortes Superiores y en las Judicaturas inferiores a sus amigos, compadres y coidearios ejerciendo sus influencias verticalmente, provocando cadenas de mando corruptas y grupos cerrados de poder.

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Se supone que Gaviria recibió las banderas de Galán y nótese que extrañamente no hizo nada ni por acabar el narcotráfico ni por esclarecer el asesinato del líder liberal. Recién posesionado y contando con todo el apoyo popular, por qué no le pidió, por ejemplo, al gobierno americano que le colaborara con el FBI, en el adelantamiento de la investigación del magnicidio o por qué no, con todos los recursos que tenía, no coordinó con la fiscalía para que esta integrará una comisión de cuatro o 5 fiscales especializados y un grupo de investigadores, para que se dedicaran un año y medio a instruir esa investigación exclusivamente. ¿Ningún país le ofreció ayuda alguna al exmandatario para esclarecer el crimen de Galán?

Lo cierto es que hasta la fecha la investigación ha sido un desastre, pues no se investigaron las piezas olvidadas en Soacha, ni otras líneas de la mayor importancia, como que tampoco se investigó a fondo a todos lo que beneficiaron con la muerte de Luis Carlos Galán, como al mismo expresidente Gaviria. No se trata de una acusación, simplemente digo que debió habérsele oído en el proceso, pues sus conductas han sido, por decir los menos, muy extrañas y así como el considera que el Coronel González tiene aún muchas preguntas por responder, algunos colombianos creemos que es él, Gaviria, el que realmente tiene muchas preguntas por responderle al país, como las que formuló, por ejemplo, en su columna de El Tiempo, el jurista Alfonso Gómez Méndez, a saber: “¿Qué legado de Galán puede ser una constituyente que sustancialmente terminó –con excepciones– por miedo o halagos, incorporando a la Carta la no extradición, principal bandera de los narcoterroristas? ¿Y acaso corresponde al pensamiento de Galán la política del gobierno del elegido después –y de cuyo acierto al apoyarlo ha comenzado a dudar la familia Galán–, que cambió confrontación por negociación, incluido el vergonzoso episodio de La Catedral?”

Coletilla. - La narconovela de General Naranjo.- Este tipo de novelas injuriosas y calumniosas que destruyen la imagen de las instituciones, nacionales y extranjeras, y que acaban de paso con la honra de las personas, sin permitirles a los injuriados y calumniados que puedan defenderse siquiera, alegando ficción o que no se ha utilizado su nombre, se deben prohibir. El señor General Naranjo no tiene nada que ver en esta vagabundería, pues la narconovela trapea con su imagen, al presentarlo como un oficial corrupto y desleal, que nunca denunció los crímenes que conoció, como un torturador que defendía y trabajaba con los sicarios de la Policía, nada más lejano a la realidad. La imagen de la institución quedó por el suelo. Son los periodistas irresponsables y los mercaderes de la mentira los que deberían responderle al país, por los daños causados, a las instituciones y a las personas zaheridas.