Por Martha Alfonso Jurado - Representante a la Cámara

El 24 de noviembre se conmemoraron 8 años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre las extintas FARC-EP y el Gobierno Nacional de Colombia, en ese momento liderado por el expresidente Juan Manuel Santos, poniendo fin a más de 50 años de conflicto armado con esa guerrilla y abriendo caminos de esperanza.

Han sido miles las vidas salvadas gracias a ello; muchos municipios y regiones han conocido la presencia del Estado y de la cooperación internacional, más gracias a ello; se han abierto procesos para la verdad, la reconciliación y la reparación de las víctimas que vivieron la crueldad del conflicto, gracias a ello.

Pese a esto, el compromiso con la implementación del acuerdo ha sido escaso a todos los niveles: el gobierno del expresidente Iván Duque enredó el proceso, no le imprimió liderazgo, y como él mismo lo planteó, lo hizo trizas. Eso sí, cerca de 7 billones de pesos para la implementación se ejecutaron sin ver resultado concreto. Hasta se ha hablado del gran escándalo de los proyectos con recursos de regalías para la paz (OCAD Paz) sin que las investigaciones trasciendan.

En cambio, el compromiso de la comunidad internacional ha sido tremendamente importante, al punto de convertirse en uno de los soportes para que el proceso se mantenga. Sin embargo, las intervenciones que se financian con esos recursos se han dirigido a intervenciones que, si bien generan desarrollo de capacidades en los municipios priorizados (PDET), no han logrado sumar esfuerzos hacia transformaciones estructurales que superen el atraso socioeconómico de esos territorios. También debe decirse que la ejecución de estos recursos de manera tan localizada, ha generado disparidades territoriales que desplazan el conflicto hacia donde no existen intervenciones e inversiones para la paz.

Algunas teorías del posconflicto señalan que, si todos los recursos de cooperación para la paz se dirigieran a la financiación de rentas básicas universales para las personas que viven en esas zonas impactadas, y no a proyectos específicos en diversas áreas que resultan desconectados o insuficientes para mejorar condiciones de vida, los procesos de transición hacia la paz serían mucho más rápidos y efectivos. Ojalá pudiéramos hacer en el Tolima un piloto de algo así porque la experiencia de lo que ha pasado con la implementación, podría dar razón a dicha teoría.

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Por su parte, la sociedad civil ha sido tibia para el apoyo a los procesos de paz y en la agenda social y política de los movimientos el discurso de la paz se ha ido apagando, especialmente en las regiones. Los procesos de estigmatización cabalgan en muchas orillas sin que logremos hacerle frente como sociedad a esa cultura violenta que ha cobrado la vida de más de 400 firmantes asesinados sin que como sociedad nos manifestemos.

El actual gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido un compromiso férreo con la paz y la implementación del Acuerdo, pero sus procesos inherentes se han visto afectados por el cambio permanente de ministros de interior, la poca efectividad de sus consejeros y negociadores de paz que no logran consolidar una estrategia para la implementación y para lograr un acuerdo con el ELN.

También es cierto que el narcotráfico y la delincuencia organizada alrededor de esta desgracia para nuestro país, ha generado todo tipo de presiones y ataques contra el gobierno y la fuerza pública para que el propósito de implementación no se consolide. Son los principales enemigos de la paz porque la violencia y la corrupción se alimentan de cocaína.

Peso a ello, las políticas propuestas por el actual Ministro Juan Fernando Cristo, pueden augurar un nuevo rumbo para la paz en Colombia. Ya el presupuesto para ello en 2025 supera los 16 billones de pesos en temas como Reforma Rural Integral (cerca de 13 billones), cerca de 2 billones para la atención integral a las víctimas del conflicto, algo más de 84.000 millones para la implementación, verificación y refrendación del conflicto, más de  35.000 millones para la participación política, procesos de reincorporación de firmantes con cerca de 700.000, solución al problema de las drogas con aproximadamente 200.000 millones que se suman al presupuesto para la lucha contra el narcotráfico, entre otros que muestran el compromiso del gobierno con la paz.

El Tolima tiene registradas más de 355.000 víctimas del conflicto armado, cuenta con cerca de 9.000 solicitudes de restitución de tierras; alberga más de 1.400 personas en proceso de reintegración o reincorporación.

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El Tolima necesita la implementación del Acuerdo, el compromiso de los gobiernos territoriales, de su ciudadanía y del gobierno nacional con la paz territorial. Nuestro departamento tiene un potencial sin igual por su biodiversidad, su posición geográfica, sus paisajes y recursos para el turismo, su capacidad para la producción alimentaria. No podemos dejársela fácil a los violentos, necesitamos unidad frente a la paz y por eso debemos ponernos la camiseta blanca.