Por: Manuela Ospina

El documento, denominado Criminal Procedure Code for Courts y conformado por 119 artículos, fue promulgado el 4 de enero por el líder supremo talibán Hibatullah Akhundzada y circula ya entre los tribunales del país. Esta normativa reemplaza y sistematiza la justicia penal bajo una visión legal basada en interpretaciones internas de la ley religiosa, sin consulta pública ni participación de expertos independientes. 

¿Qué dice la ley?

Uno de los artículos más polémicos —el Artículo 32— establece que un esposo que golpee a su esposa y le cause moretones o fracturas visibles puede ser considerado culpable y enfrentar una pena de hasta 15 días de prisión, pero solo si la mujer logra probarlo ante un juez. Para activistas y juristas, esta disposición convierte la violencia doméstica en una infracción menor con sanciones mínimas. 
Además, bajo el Artículo 4(5) se permite que castigos discrecionales —conocidos como taʿzīr— sean ejecutados no solo por jueces, sino también por individuos, incluyendo a maridos o “amos”, lo que, según críticos, legaliza la violencia privada bajo el pretexto de imponer moralidad. 

Críticas y reacciones

Grupos de derechos humanos han sido contundentes. La organización Rawadari declaró que el código “legitima la violencia contra mujeres y niños”, institucionaliza la discriminación y elimina salvaguardias legales básicas como el derecho a defensa y la presunción de inocencia. 

En la misma línea, la Malala Fund advirtió que esta ley “entierra aún más a las mujeres y niñas bajo un sistema de dominio que niega sus derechos más básicos”, y la cofundadora Malala Yousafzai afirmó que “un país no puede progresar cuando políticas e instituciones excluyen a mujeres y niñas de la vida pública y les arranca sus libertades fundamentales”. 

Representantes políticos también han expresado su rechazo: la parlamentaria europea Hanna Neumann describió el código como una forma de “apartheid de género” que codifica la discriminación y “la de facto esclavitud de mujeres y niñas”. 

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Críticas desde Afganistán

Movimientos de mujeres afganas han salido a las calles para protestar contra artículos específicos del código. Según el grupo Afghan Women’s Determination Movement, el Artículo 34, que penaliza que una mujer regrese repetidamente a la casa de sus padres sin autorización del esposo, criminaliza a las víctimas de violencia en lugar de protegerlas. 

La organización Women’s Movement for Peace and Freedom ha alertado que el código busca normalizar y legalizar crímenes bajo un disfraz jurídico, y ha pedido a la comunidad internacional que no permita que estas normas se institucionalicen como “norma aceptable”. 

De dónde viene esta disposición

El régimen talibán, que regresó al poder en 2021 tras la retirada de tropas occidentales, ha venido sustituyendo el marco legal previo —basado en una constitución más moderna y ciertos estándares internacionales— por una interpretación estricta de la sharía desde una perspectiva interna. El nuevo código penal es el intento más sistemático de consolidar esa visión jurídica, guiada por líderes religiosos y militares del grupo, sin participación de mujeres, profesionales del derecho ni sociedad civil. 

Desde una perspectiva histórica, este enfoque refleja una continuidad con las políticas restrictivas implementadas por los talibanes en el pasado, que restringieron derechos fundamentales de mujeres y niñas y minimizaron su participación en la vida pública. 

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Lo que esto plantea

Expertos en derechos humanos advierten que este código no solo regula conductas, sino que condensa un sistema de justicia desigual, donde la violencia familiar se trata con penas menores, la autonomía femenina queda limitada y prácticas discriminatorias reciben cobertura legal. 
Mientras tanto, organizaciones internacionales y activistas afganas llaman a la reflexión global: ¿puede existir justicia si las leyes mismas validan desigualdades? En un país donde millones de mujeres han visto restringidos sus derechos básicos, el nuevo código penal plantea una profunda crisis no solo legal, sino social y humanitaria.