Por: Edgardo Ramírez Polanía
Doctor en Derecho*

En la Universidad Libre de Colombia, los estudiantes recibíamos durante dos años formación en economía política, con énfasis en el pensamiento de Karl Marx, quien, con Friedrich Engels, expuso en el siglo XIX la tesis de la lucha de clases como “motor de la historia”, la idea de que el desarrollo social está determinado por el conflicto entre quienes poseen los medios de producción y quienes solo disponen de su fuerza de trabajo.

Estos conceptos, que parecen datos históricos en los libros de Economía, perdurarán mientras existan la explotación laboral, los monopolios y la pobreza como fenómenos que han dado origen a la lucha de clases, la cual no solo permanece, sino que ha cambiado de escenario. Hoy no se agita únicamente en fábricas o sindicatos; se ha instalado en el debate público, en las redes sociales y, sobre todo, en la política.

Y mientras exista desigualdad social, la política convertirá este concepto en la piedra angular del debate permanente, que deja de ser deliberación para transformarse en confrontación emocional entre las clases sociales de quienes poseen la riqueza y quienes carecen de todo.

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella son un ejemplo claro de esa lucha de clases y con posibilidades de elección. Uno de ellos representa los intereses de quienes han gobernado el país y el otro, la voz de las clases más necesitadas, y en medio del debate existen 15 millones de pobres y 6 millones en la miseria absoluta, que conforman la aporofobia, o el odio al pobre.

Pero, más allá del término académico, el fondo es el mismo. Persiste la creencia, profundamente arraigada, de que quien vive en la pobreza es responsable de su situación porque todos no pueden ser iguales y, por tanto, merece sospecha antes que solidaridad; y si alguien los defiende o les informa la injusticia, es tratado de “mamerto” por los aspirantes a la élite.

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Existen también los auto candidatos en el umbral menguante de las aspiraciones, que se extienden en una larga fila sin posibilidad real, movidos no por la esperanza de triunfo, sino por el afán de figurar o por el temor a que el olvido sepulte su ineficacia, con escoltas, carros y la reposición de dinero por cada voto, más los aportes a la organización que apoya a los candidatos para la campaña electoral.

La pobreza extrema ha sido utilizada con fines electorales sobre todo en la Costa Atlántica, con la llamada compra de votos.  La ONU, en estudios sobre la pobreza extrema, advirtió en 2024 que esta forma de discriminación no solo es social, sino también institucional. Cuando las administraciones miran al vulnerable con desconfianza, como ha sucedido con las élites en Colombia, el problema deja de ser únicamente económico y se convierte en estructural, asunto que la mayoría de los precandidatos de la derecha tradicional no abordan con precisión.

Las investigaciones en psicología social muestran que, cuando la desigualdad económica se profundiza, también lo hace la percepción de distancia entre grupos.  Las clases bajas suelen ser vistas como “incompetentes” y las altas como “competentes”, hasta por su ubicación geográfica en las ciudades. Esta combinación es explosiva, porque la competencia percibida del grupo privilegiado, unida a la sensación de bloqueo social, genera una emoción poderosa que es el rechazo intergrupal.

La política contemporánea ha aprendido a usar esa emoción. A veces, desde discursos que demonizan a “los ricos” como enemigos estructurales; otras veces, desde narrativas que desprecian a “los pobres” como carga social costosa. En ambos casos, el resultado es el mismo. Una sociedad partida en categorías morales o, simplemente, de espacio, entre el barrio de la gente de bien que poseen los bienes de consumo y donde vive la gleba, los de a pie, que carecen del mínimo vital. 

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El problema no es reconocer la desigualdad. El problema es aceptar que se convierta en identidad permanente de confrontación cuando se politiza y se transforma en protesta social, en las marchas que degeneran en disturbios públicos, en que se destruyen bienes privados y estatales, como sucedió en los gobiernos de las ferias de las privatizaciones de Gaviria, Santos y Duque.

La experiencia ha demostrado que, cuando las personas creen que son sujeto de derechos, se les atienden sus necesidades básicas y no se roban los recursos del Estado, existe comprensión e identidad social, y el esfuerzo común puede traducirse en mejora real, y disminuye la hostilidad entre clases. Pero cuando la percepción dominante es que el sistema está cerrado, que los privilegios son hereditarios y que el ascenso es ilusión, el conflicto se intensifica y surge la protesta social.

En ese punto, la política puede elegir dos caminos. Puede apostar por fortalecer oportunidades de educación pública, reconstruir confianza institucional y reducir brechas reales. O puede alimentar la narrativa de antagonismo y utilizar la fuerza y la cárcel para poner orden, porque esa oferta moviliza votos más rápido que la moderación.

La lucha de clases trasladada a la política no siempre produce justicia social, sino que produce algo más rentable electoralmente: la polarización, que alimentan la desinformación de la televisión y las redes sociales, con discursos de echar bala y matar al enemigo como en las películas de vaqueros.

La polarización es adictiva y simplifica la realidad al ofrecer culpables claros.  Divide el mundo entre “ellos”  y “nosotros”.  Pero también erosiona el espacio común donde debería darse el debate democrático, que ya el campesino conoce por las mesas de negociación.

Una democracia madura y justa no elimina el conflicto a bala: lo regula. Permite la crítica sin convertir al adversario en enemigo moral. Pero cuando la desigualdad se usa como combustible retórico permanente, el diálogo se vuelve sospecha y el desacuerdo se convierte en descalificación que lleva a la confrontación.

La pregunta de fondo no es si existe lucha de clases. La pregunta es si la política debe ser administrada con responsabilidad, como se viene haciendo, mejorando la calidad de vida de los marginados, o explotarla con cálculo, al dejar en el abandono a los más pobres.

Al pobre no le interesan las variables macroeconómicas del Ministerio de Hacienda ni si le bajan o suben impuestos a las grandes empresas. Le interesa poco: comer y tener su mínimo vital. El desconocimiento de sus derechos genera el resentimiento de las clases marginadas; se sustituye la deliberación por la violencia y la democracia pierde su esencia.

Y un sector de la sociedad que deja de debatir para empezar a odiar no avanza, sino que retrocede: genera violencia o la permite, con las demás secuelas, como los cultivos ilícitos en los campos lejanos de la civilización, donde el Estado no hace presencia, ni hay luz, ni helados granizados.

Desde luego, la delincuencia en todas sus formas debe ser combatida con energía y, una vez debilitada, adelantar programas internacionales contra el delito común y transnacional, pero de la mano de educación y atención social, no procesos de paz de papel hechos trizas.

La pobreza extrema existe y la lucha de clases también; y, para frenarlas, es necesario cambiar las condiciones de vida de los menos favorecidos de la fortuna.  De lo contrario, la bala y las cárceles no son la solución, sino la agudización de la confrontación, que no le conviene al país.