Ante la procuraduría provincial de Ibagué con el fin de cumplir citación para rendir descargos, acudió ayer miércoles el gerente del Instituto Municipal de Deportes de Ibagué, Imdri, Alejandro Ortiz.

El caso está relacionado con los hechos ocurridos el pasado sábado 6 de marzo en el estadio Manuel Murillo Toro, donde tuvo lugar en las horas de la tarde un encuentro aparentemente de tipo social, en el que estaría involucrado el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado.

Según testigos, esa tarde lo que ocurrió allí fue una ‘fiesta privada’, por ese motivo la Procuraduría General de la Nación dio apertura a una indagación preliminar.

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En ese sentido, el gerente del Imdri, Alejandro Ortiz es el funcionario de primera línea en ser llamado a presentar descargos, toda vez que el instituto que dirige es el encargado del cuidado y vigilancia del estadio Manuel Murillo Toro. Ortiz es el funcionario que tiene la facultad de conceder los permisos para la utilización de este escenario deportivo.

El caso, que ha tenido repercusión nacional, se ha asociado al hecho presentado en el 2014 cuando se utilizó la pista del aeropuerto Perales de Ibagué para realizar los conocidos ‘piques ilegales’ y el director administrativo de esa terminal aérea en ese momento era el hoy alcalde de Ibagué Andrés Hurtado. Por eso está inmerso en la investigación que hace pocos días dejó el primer condenado.

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Con relación a la supuesta ‘fiesta del estadio’, la procuraduría provincial de Ibagué el tema es manejado con mucho sigilo. Lo otro es que hay quienes dan por descontado que en este caso ‘el fusible’ que se quemaría es el del Gerente del Imdri.

Lo cierto es que son hay varios los interrogantes que requieren respuesta: ¿Quiénes eran los asistentes a la supuesta reunión social o fiesta si se puede llamar así?. ¿Por qué razón los 40 vehículos ingresaron al estadio y no utilizaron el parqueadero, que además es demasiado amplio? ¿Quién pagó el sonido que se utilizó?.

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Pues bien, son muchos interrogantes en el tintero sobre un hecho que comparado con lo sucedido en el aeropuerto Perales, guarda mucha similitud, partiendo que se trata de dos escenarios que pertenecen al Estado.