Una investigación de la revista Cambio, identificó al menos 10 altos funcionarios del actual gobierno con millonarios patrimonios pero que aparecen como vulnerables en el RUI.

El trabajo de investigación realizado  por el periodista Jonathan Beltrán y su equipo, encontró que al menos 10 altos funcionarios del Gobierno de Abelardo de la Espriella aparecen en categorías de vulnerabilidad o pobreza moderada dentro del Registro Único de Ingresos (RUI), sistema que reemplaza parcialmente al Sisbén.

Uno de los casos llamativos es del Didier Blanco, director de la UNP, clasificado como vulnerable a pesar de registrar $98 millones en ingresos durante el último año y un patrimonio superior a $491 millones.

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También aparecen en el registro quien fuera fórmula vicepresidencial en las pasadas elecciones de Claudia López, Leonardo Huerta, hoy director de Función Pública, quien figura en la categoría C02, correspondiente a población vulnerable, pese a declarar un patrimonio líquido superior a $105.000 millones.

De igual manera se encuentra el nombre de la presidenta de la SAE, Diana Bravo, figura incluso en pobreza moderada, aunque recibe una remuneración superior a $34 millones mensuales.

La investigación menciona además a Richard Alexander Caicedo, director del ICETEX; Hitler Chaverra, secretario general del Ministerio del Interior; y la ministra de Trabajo, Natalia López, quien aparece como vulnerable pese a reportar un patrimonio líquido superior a $307.000 millones.

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En el caso de López, durante la entrevista también se hizo referencia a su relación familiar con William Salek, propietario de El Meridiano de Córdoba, sobre quien el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín ordenó una investigación por presuntos vínculos con Salvatore Mancuso y las AUC, así como con los hermanos Carlos y Vicente Castaño. Estos antecedentes corresponden a lo mencionado durante la entrevista y no constituyen una acusación contra la ministra.

Beltrán aclaró que las clasificaciones del RUI no son realizadas directamente por los funcionarios, sino que resultan del cruce de diferentes bases de datos. Por ello, aparecer en estas categorías no demuestra que hayan solicitado o recibido subsidios.

En la investigación de Cambio se señala que el hallazgo evidencia posibles inconsistencias del sistema, pues personas con altos ingresos y patrimonios podrían aparecer clasificadas como población vulnerable, mientras ciudadanos que realmente necesitan los programas sociales podrían quedar por fuera.