Por: Felipe Alejandro González S.

*Abogado, magíster en Derechos Humanos y en Gobierno y Relaciones Internacionales

Los datos son preocupantes. De acuerdo con el DANE, el 20,1 % de los hogares del Tolima experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave en 2025. Es decir, aproximadamente uno de cada cinco hogares tuvo dificultades para acceder de manera regular a alimentos suficientes y adecuados.

No estamos hablando solamente de pobreza medida en porcentajes: estamos hablando de familias que, en pleno siglo XXI, todavía enfrentan dificultades para garantizar algo tan elemental como llevar comida suficiente a sus hogares.

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La Defensoría del Pueblo informó en septiembre que los incendios forestales habían afectado más de 60.000 hectáreas en el departamento, incluyendo cultivos de limón, aguacate, mango, pastos para ganado y áreas boscosas. El reporte habla además de más de 75.000 toneladas de alimentos y 290.000 toneladas de pasturas perdidas, con afectación para más de 5.500 productores en 1.182 veredas de 25 municipios. Son cifras que permiten dimensionar que la emergencia no termina cuando se apaga el último incendio.

Cuando un departamento que ya tiene uno de cada cinco hogares enfrentando inseguridad alimentaria y pierde miles de hectáreas productivas, la discusión deja de ser exclusivamente ambiental y pasa necesariamente por lo político. Se convierte también en una alerta sobre pobreza, empleo rural, seguridad alimentaria y derechos fundamentales.

El problema adquiere una dimensión todavía más grave cuando se posa la atención en lo que está ocurriendo con los niños. Según el Instituto Nacional de Salud, a la semana epidemiológica 20 de 2026 el Tolima registraba 146 casos de desnutrición aguda en menores de cinco años. Detrás de esta cifra hay niños para quienes la falta de una alimentación adecuada no es una discusión estadística, sino una condición que puede afectar su crecimiento, desarrollo y oportunidades futuras. El hambre infantil debería ser una de las mayores prioridades de cualquier gobierno.

Y existen señales que deberían generar mayor preocupación institucional. En 2025 fue necesario entregar más de 4.000 canastas alimentarias a estudiantes de Ataco durante el receso escolar para mitigar el riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional.

El Tolima lleva cerca de dos décadas bajo gobiernos departamentales de una misma corriente política, tiempo suficiente para que la pobreza rural, la seguridad alimentaria, la productividad del campo y la prevención de emergencias hubieran sido prioridades permanentes de política pública. Por eso, frente a estas cifras, no basta con declarar calamidades, entregar ayudas después de los incendios o atribuir la crisis exclusivamente al clima. También corresponde preguntar qué se hizo durante años para reducir la vulnerabilidad de las familias campesinas.

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Las administraciones de Óscar Barreto, Ricardo Orozco y Adriana Magali Matiz deben responder políticamente por los resultados acumulados durante este largo periodo de continuidad administrativa. No se trata de atribuirles cada incendio ni cada problema social, sino de exigir una explicación sobre las políticas estructurales implementadas para reducir la vulnerabilidad de las familias y por qué, después de tantos años, el hambre sigue siendo una amenaza para miles de tolimenses. Mientras la clase política que ha gobernado las dos últimas décadas se enriquece, el Tolima sigue sucumbiendo ante el hambre.