Política
Propaganda política sin control en Ibagué y la Alcaldía no mueve un dedo
La Misión de Observación Electoral, MOE, hace urgente llamado a autoridades para que ejerzan control sobre propaganda política en la ciudad.
La cantidad de vallas, cuñas y formatos para canales digitales está estipulada en la resolución No. 0331 de 2023 del CNE. Esta dependerá de la categoría en la que se encuentre el municipio o el distrito en cuestión. En este caso, Ibagué está catalogada como ciudad de primera categoría, por lo que cada candidato tiene derecho a hasta 14 vallas.
Por ello, en los diferentes municipios, los inspectores de la policía deben aplicar la sanción punitiva a aquellas campañas que no cumplan con la norma, así mismo, los alcaldes son los encargados de mantener el control de la propaganda política evitando repercusiones negativas o publicidad desbordada.
La Misión de Observación Electoral (MOE) es la encargada de vigilar que los procesos electorales se realicen con transparencia, esto incluye, denunciar irregularidades en las campañas o acciones fuera de la norma que perjudican la igualdad de condiciones para todos los candidatos.
Recientemente, la MOE ha señalado una desbordada publicidad política en Ibagué, el montaje de vallas ilegales y una notoria falta de control por parte de la alcaldía y la fuerza pública. Según la MOE, el exceso de publicidad genera un desequilibrio en la contienda electoral porque proporciona mayor recordación en el ciudadano y otorga ventaja a ciertos candidatos sobre otros.
“Nosotros venimos llamando la atención hasta la saciedad en los comités electorales y también hemos llamado la atención al Consejo Nacional Electoral a través. A la Alcaldía de Ibagué le hemos solicitado desde el 29 de agosto que retire la valla de la calle 11 con carrera Quinta y al día de hoy no se ha hecho nada, eso es solo una muestra de que no hay voluntad de la autoridad electoral para hacer un control efectivo”, acusa la MOE.
Así mismo, la MOE asegura que, desde la Administración Municipal, en cabeza de Andrés Hurtado, se expidió el decreto 180 donde se estipulaban multas a través del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana como comparendos tipo 4, para aquellas campañas que sobrepasaran los límites fijados por el CNE; no obstante, aún no se conoce ni un solo comparendo aplicado a las campañas de 2022 menos a las de 2023.
Sin ruta de acción por parte de la policía
En adición, se dio a conocer que desde la instalación del comité de seguimiento electoral y la expedición del decreto que establece multas a las campañas, Ibagué no cuenta con una ruta de acción por parte de la policía para el control de la publicidad política ni tampoco planes de desmonte a pesar de que estamos a pocas semanas de los comicios.
“El canal institucional que se estableció con la Secretaría de Gobierno fue el WhatsApp con las autoridades. Hemos reportado infinidad de publicidad irregular y la respuesta de la autoridad electoral es nula, no tiene ni idea de cuántas vallas hay, no hay control. Y cuando realizamos un derecho de petición, que responden a los 30 días, es diciendo: diríjase a las cifras oficiales de la Alcaldía o no responden lo que se les pregunta. Lo que evidenciamos es una falta de voluntad por parte de la Administración”, agrega Christian Martínez, representante de la MOE en Ibagué.
La poca importancia que la Alcaldía de Ibagué le ha dado al tema del control de las campañas electorales acaricia con la falta de respeto, pues desde la MOE aseguran que los reportes de la publicidad política pueden durar semanas y meses en un mismo sitio sin que la dirección de espacio público las desmonte.
Asimismo, desde la Administración se han levantado barreras en la información ya que los derechos de petición son respondidos con información desordenada, inapropiada y con imágenes escaneadas ilegibles donde lo único que se logra apreciar es una hoja en negro. La MOE afirma que solo se tiene conocimiento de un operativo para desmonte microperforados de los vehículos, hasta la fecha.
Según la Dirección de espacio Público de Ibagué, entre la última semana de agosto y el 15 de septiembre se desmontaron 89 pasacalles y 16 pendones por incumplir la normatividad que regula la publicidad política.
La línea ética se movió un poco para los candidatos
Entre las denuncias de la MOE para la campaña política en Ibagué, se encuentra la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de distintos candidatos, algo prohibido por tratarse de sujetos de especial protección de derechos.
Por esta línea, añaden que, en muchos de estos casos, los hechos han venido acompañados con complicidad por parte de los rectores de instituciones educativas, quienes abren sus puertas y obligan a los niños a estar con los candidatos, en la mayoría de casos sin siquiera el permiso de los padres.
“En política no todo vale y lo hemos denunciado, hay una frontera ética que se está traspasando, pero lastimosamente las candidaturas no cumplen pues no es sancionable. En algunos casos, la responsabilidad compete directamente al ICBF, pero lo que evidenciamos es que tal vez pueda haber complicidad, incluso de las mismas autoridades”, acusa la MOE.
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Estrepitosos eventos de campaña con dudosas financiaciones
Desde la MOE se ha hecho un rastreo mes a mes de los reportes económicos de las campañas; sin embargo, al corte del 30 de agosto, ninguna campaña en Ibagué cumplió con su reporte y en septiembre muy pocas lo hicieron.
“En diálogo con algunas campañas nos decían que el Consejo Nacional Electoral hasta hace muy poco había entregado los usuarios y claves a las campañas para sus reportes. Aquí hay una falta de control y una falta de voluntad por parte del autor electoral, entonces hasta tres meses después es que la ciudadanía va a conocer los reportes de gastos, esto impide un control ciudadano”.
Además, de la poca premura de los reportes, comentan que la información no está siendo detallada ni verificada por lo que no se puede hacer un seguimiento real a la financiación de cada campaña.
Investigaciones en curso
Actualmente cursan en la Fiscalía y la Procuraduría, investigaciones en indagación preliminar a partir de hechos de presunta participación en política de servidores públicos en Ibagué. Entre ellas, la MOE denunció desde julio, la utilización del Panóptico y otras infraestructuras públicas por parte de candidatos con el beneplácito de la Alcaldía de Ibagué, investigación que cursa en la Procuraduría.
Finalmente, señalan que informaron a la Procuraduría sobre los presuntos hostigamientos a funcionarios del IBAL para favorecer la campaña de Johana Aranda.
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