Por Martha Alfonso

*Representante a la Cámara por el Tolima

Posterior al magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán y la violencia generalizada que provocó el desplazamiento de miles de colombianos y colombianas hacia zonas apartadas, se inicia una política de estado que promovió la colonización como una forma de apropiación de la tierra y que terminó desbordada por avivatos que acapararon tierras por todo el país constituyéndose en latifundistas y terratenientes.

Esta política institucional agudizó conflictos en la década del 50 o “época de la violencia” (que nunca ha cesado en Colombia), desangrando el país y especialmente a las poblaciones rurales.

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Hacia finales de los 50 con el “Frente Nacional”, se acuerda una política de redistribución de la tierra como estrategia para mitigar esa violencia, logrando la Ley 135 de 1961 que define medidas para evitar la concentración de la tierra, promover su redistribución, fomentar el desarrollo agropecuario, crear una institucionalidad agraria y mejorar las condiciones de vida de la población campesina: uno de los referentes más importantes de la reforma agraria en Colombia.

En 1972 y bajo el gobierno conservador de Misael Pastrana Borrero, se traiciona ese acuerdo y se promueve una contrarreforma reconocida como el “Pacto de Chicoral” y que se concreta en la Ley 4 de 1973 en la que se protegía y formalizaba la apropiación de tierras que habían logrado latifundistas y terratenientes hasta por 450 hectáreas, se establecía la extinción de dominio aplicada fundamentalmente sobre predios de campesinos desplazados por la violencia, se limitaban competencias de la institucionalidad agraria creada en la década anterior y se limitaba la participación del campesinado en las políticas agrarias.

Ahora,53 años después, el gobierno de Gustavo Petro y su ministra de agricultura Martha Carvajalino, proponen desde el Tolima, un nuevo pacto de Chicoral al que han denominado “Pacto por la Tierra y la Vida para impulsar la Reforma Agraria”. Estuve allí este fin de semana encontrándome con la raíz más profunda de nuestra tierra: nuestros campesinos y campesinas, guardianes del alimento, del agua y de la vida.

¡Cuánto sacrificio! ¡Cuánto amor! Y sin embargo, cuánta deuda tiene éste país con quienes madrugan antes que el sol para sembrar nuestro futuro, con quienes han tenido que enfrentar la maldición de no acceder a un pedazo de patria para sembrar y por tanto, han padecido una y otra vez la violencia en Colombia. No deberían existir tierras concentradas e improductivas mientras tantas familias campesinas esperan por ella y tantas mujeres invisibles sostienen con sus manos y su esfuerzo la fuerza productiva,  así como la pobreza rural.

Desde la indignación por ello, pero también desde la esperanza de cambio, hemos concentrado esfuerzos en la implementación de la Ley de Compras Públicas en el Tolima porque creemos que es el Estado quien debe comprar primero la comida que produce nuestra gente. El arroz, la arracacha, el café, la yuca, las frutas, el queso y la panela de nuestros campesinos deben alimentar a Colombia antes de ser empobrecidos por importaciones injustas.

En este nuevo Pacto de Chicoral 2025 y mirando los rostros de quienes siembran la esperanza en Colombia, sentí más fuerte que nunca el compromiso de seguir luchando por el campesinado y el mejoramiento de sus condiciones de vida porque un país que olvida a sus campesinos, es un país que deja morir su alma.

El Pacto por la Vida y la Tierra debe ser el inicio de una nueva etapa de reforma agraria que concrete resultados en materia de formalización y adjudicación de tierras, compra de tierras improductivas para ponerlas a producir alimento a través de asociaciones campesinas, crédito agrario a bajo interés y seguros sobre las cosechas; debe concretarse en el impulso a la agroindustria y al mejoramiento de la infraestructura rural, debe fortalecer a las mujeres y a los jóvenes para que sigan amando el campo y quieran quedarse en él.

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Ojalá a este gobierno le alcance el tiempo para concretar en legislaciones, financiaciones e institucionalidad agraria, todos estos propósitos. A nosotros como pueblo, nos queda la exigibilidad de estas promesas, la organización para defender estos propósitos y la acción colectiva para construir entre actores políticos, institucionales y organizaciones sociales, el pacto para que la tierra sea la vida que nos alimenta.