Por Iván Ramírez Suárez

@jiramirezsuarez

Es costumbre en Colombia, así sea por chiste, preguntarle a amigos y familiares: ¿Bueno y por quién hay que votar? Pregunta que provoca de hecho sugestivas respuestas y acaloradas discusiones, dado el sobrado mérito de conocimiento político del que solemos ufanarnos la mayoría de habitantes de este bello territorio.

Y como hoy abundan las recomendaciones y sugerencias de destacadas plumas que con sobrado mérito y conocimiento invitan a votar por sus candidatos, quiero recomendarle a los tolimenses no votar por aquellos aspirantes al Congreso que han sido y son causantes y responsables políticos de las mayores desgracias que en los tres últimos lustros azotan la otrora gloriosa Villa de San Bonifacio.

El aspirante al Senado Carlos Eduard Osorio y su fórmula a la Cámara, Harold Urrea, engendros del grupo político creado por los denominados trillizos - hoy en desgracia - asociados con el cartel de la educación y el tristemente célebre Orlando Arciniegas Lagos, no solo han logrado consolidar un robustecido patrimonio político regional, que amenaza extenderse a otros departamentos, sino que en idéntico sentido y dirección acrecenta su capital económico particular y social (corporación Creo).

Si todo ello fuera producto del mérito personal y profesional, sobraría cualquier alusión que trascendiera más allá de la esfera de lo privado. Sin embargo, es bien sabido que detrás de ese vertiginoso ascenso individual y grupal está inmersa la contratación estatal, la gestión política y  la influencia ante entidades públicas de diverso nivel territorial, que en Colombia, como la lámpara de Aladino, brotan y producen exitosos resultados, frotando una credencial parlamentaria.

La responsabilidad política y personal por el detrimento patrimonial por las inconclusas obras de los Juegos Deportivos Nacionales ha sido evadida. Evitan referirse al tema, temiendo que cualquier palabra pueda posteriormente comprometerlos, contrastando esta táctica con la locuacidad que solían exhibir cuando algún mérito se les reconocía.

Jorge Tulio Rodríguez y su familia siguen lucrándose abusivamente de la contratación pública, mientras la Fiscalía General de la Nación se constituye en su aliado estratégico,  cuyos resultados  omisivos solo  producen impunidad.

Desde este mismo diario, la Red de Veedurías Revisar y la página editorial, han sido enfáticas en hacer evidente la complicidad omisiva del ente investigador contra los conocidos “trillizos”, entidades como Funtolima, Funcolombia, Funimedis y reconocidos personajes que las integran y las representan, sin que se conozcan resultados concretos contra ellos. Por el contrario, los últimos hechos judiciales denotan un premeditado ánimo que busca cerrar el círculo investigativo con los testaferros y mandos medios, mientras la cúpula política de congresistas y funcionarios del nivel directivo nacional y regional conservan sus coimas en los llamados “paraísos fiscales”.

La defensa de lo público nos obliga a castigar electoralmente a quienes han hecho mal uso de la confianza depositada. Como ellos, hay más empresas políticas similares. De ahí que antes de votar, hay que reflexionar, y realizar el voto castigo.