Por José Baruth Tafur G.

*Abogado. Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña

La resolución 0072 de la Fiscalía, que suspendió temporalmente 23 órdenes de captura contra cabecillas criminales, no es un hecho menor. Es una decisión que impacta directamente la seguridad del país, que envía el mensaje “¡Ser pícaro, delincuente paga! por que el gobierno Petro lo defiende”, un mensaje ambiguo frente a la lucha contra el crimen y que debería generar una reacción inmediata de quienes dicen defender la legalidad. Sin embargo, frente a este tema, el silencio de los integrantes del Pacto Verde Histórico ha sido absoluto.

Resulta entonces llamativo —y profundamente revelador— que el concejal Andrés Zambrano concentre su discurso en el robo de autopartes, un problema real pero limitado, mientras evita referirse a decisiones estructurales que permiten la libertad de delincuentes de alto nivel. ¿Por qué se habla con vehemencia de lo pequeño, pero se guarda prudente silencio frente a lo verdaderamente grave? La respuesta no parece ser técnica, sino política, ¡puro show!

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Ese comportamiento no es aislado. Hace parte de una lógica más amplia dentro del llamado Pacto Verde Histórico, liderado en el Tolima por Renzo García y Marco Emilio Hincapié, que hoy incorpora a figuras como Mauricio Jaramillo. Lejos de representar una renovación, esta convergencia evidencia una preocupante doble moral: se construye un discurso de cambio mientras se consolidan prácticas tradicionales de poder.

Dicha práctica, que tanto critican los del Pacto Verde, se ve reflejada en la utilización de la burocracia como herramienta política. Así queda en evidencia al revisar la incidencia en entidades como Coljuegos, dirigida por el padre de Marco Emilio Hincapié Jr.; el uso de contratos del Gobierno Nacional; y la influencia en instituciones, sospechosamente intervenidas por el ministro de Salud, Jaramillo, como la USI de Ibagué. Estos no son hechos aislados, sino piezas de una misma estrategia: una maquinaria que opera desde lo institucional para proyectarse electoralmente.

Así, mientras se señala con fuerza la delincuencia en lo local, se omite cualquier crítica cuando las decisiones provienen del Gobierno Nacional al que se pertenece o se apoya. Esa selectividad no es casual, es funcional. Y es ahí donde se rompe cualquier narrativa de coherencia.

Lo que se presenta como un proyecto alternativo termina siendo, en la práctica, una reconfiguración del poder en su forma más cuestionable, las alianzas con los bandidos, los delincuentes que extorsionan, secuestran y acaban con la vida de cualquiera: una dinámica que, por acción u omisión, termina siendo complaciente con la delincuencia, incluso cuando decisiones del Gobierno Nacional facilitan la liberación de actores criminales sin considerar el daño a la sociedad. Se trata de alianzas estratégicas, control burocrático y silencios calculados. No es la transformación que se promete, es la continuidad disfrazada de cambio

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Porque al final, más allá de los discursos, lo que realmente define a un proyecto político no es lo que denuncia, sino lo que decide callar.