Por: Edgardo Ramírez Polanía
Doctor en Derecho*

Es tan perversa la información sin fundamento, como la censura de la información por motivos económicos o políticos.

Se puede ser propietario de todo. Pero no saberlo todo. Tampoco impedir la expresión, porque la razón ha sido superior a la vanidad, y así se ha demostrado a través de la historia, en que el conocimiento ha impedido la arbitrariedad y el despotismo.

Desde la noche de los tiempos, los gobernantes, los grupos políticos y fanáticos oscurantistas que han tenido el dominio de la voluntad social, decían qué se debía publicar, quemar y leer como se cita en el episodio llamado donoso escrutinio de Cervantes, o la quema de los manuscritos de Aristóteles que cita Humberto Eco en la novela El nombre de la Rosa.

Sin embargo, las sociedades han buscado la manera de conocer con sangre, aquello que necesita saber, así se le oculte o se le exprese en otras lenguas, como sucedía antes con el latín en las misas, en las facultades de Derecho o en los colegios religiosos que lo preferían a cambio de las artes.

La prohibición tiene múltiples facetas, hasta en el arte, que se ha considerado una expresión que debía esconderse como lo hacían algunos reyes con las pinturas que contenían imágenes de sexo y las exhibían sólo a sus amigos.

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Sin embargo, la inteligencia y el conocimiento se han impuesto a algunas oposiciones alucinadas que han considerado las artes algo superfluo.

No cabe duda, que el fresco que antecede a la Capilla Sixtina es un canto como la composición Tolima Mio, a la inteligencia, a la filosofía, a la música, al conocimiento y al placer estético.

La obra por sí misma ejerce un poder conmovedor que toma plaza en nuestro espíritu. Donde, además, con singular fuerza pictórica se destaca la idea de que «la historia es un diálogo entre el pasado y el presente», tal como lo insinuara El Quijote de la Mancha y posteriormente lo afirmara Adam Schaff.

Infortunadamente, para ciertas personas las obras de arte son meras mercancías que circulan al albur de la oferta y la demanda en un juego de precios, cuya posesión les otorga estatus y poder social, a la vez que les inflama el ego sin remedio, dejando de lado los libros porque superan su mediocridad.

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Asimismo, como lo denunciara Mario Vargas Llosa, el imperio del mal gusto y la censura ha contaminado ciertas expresiones de la cultura, como cual poderoso amo que somete a la conciencia ordinaria y banaliza la cultura. Aunque como lo anotan algunos, es cierto que se dan nuevas relaciones de poder cultural, con un gran costo estético.

Al escrutar la otra cara del poder de la prohibición cultural, observamos que algunas editoriales, personas, y ciertas instituciones o el Estado mismo, con razón o sin razón, se atribuyen el poder de prohibir determinadas conductas, de indicar lo políticamente correcto, lo socialmente deseable, lo que no le causa malestar a la verdad oficial.

Lo mismo ocurre con algunas editoriales que por interés o desacuerdo del contenido de un libro, así sea interesante y cumpla los requisitos de edición, es rechazado porque van contra los detentadores del círculo del poder político o económico, lo que deslegitima el libro como la manera más libre y de mejor curso para el conocimiento.

Al respecto obran sorprendentes hechos históricos de siglos atrás, de quienes ha sido desterrados y quemados por sostener ideas o publicar la verdad sobre hechos de la humanidad, que hoy parecen cobrar vigencia con la censura que es un medio arbitrario e intransigente contra el arte y la cultura.

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Tal contumacia puede ser ilustrada a través de aquel párrafo de El tonel de amontillado de Edgar Allan Poe, donde al amparo del iter criminis el homicida manifiesta sin piedad:

“Había yo soportado hasta donde me era posible las mil ofensas de que Fortunato me hacía objeto”.

Aquí se considera que no sólo debía castigar, sino castigar con impunidad. Es decir, no se repara un agravio cuando el castigo alcanza al reparador, y tampoco es reparado si el vengador no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido.

(No sé qué dirán de esto los criminalistas).

Bien sabemos que en El Quijote son muchos los episodios relativos a la frustración del deber ser de la justicia, a la frustración del poder de quien quiere exponer su verdad y le es prohibido.

Incluso en aquella página que muestra ciertas peticiones de Sancho Panza respecto a la justa remuneración que merecía como fiel escudero, donde, de golpe y porrazo le contesta el Quijote con una andanada de crueles y agresivas palabras. Allí el caballero andante protagoniza un doloroso episodio de injusticia y, paradójicamente, contra su fiel amigo de aventuras.

Como diría Descartes: a grandes virtudes grandes defectos.

Algunos dirán que el héroe cervantino habló para otros tiempos, lugares y personas; pero olvidan que la historia se reescribe, pues ayer y hoy, para muchos el acceso a la justicia y sus decisiones no pasa de ser una ilusión quijotesca y a veces un atropello a la verdad y la dignidad.

Y claro, es un hecho bien averiguado que los héroes de la literatura suelen encarnar y mostrar a su modo la impronta del poder, que es también la prohibición para editar un libro.

Actualmente, algunos mercaderes de la publicación llegan a sorprendernos con otra mirada que nos permite verificar hasta dónde va la realidad del poder de prohibir la publicación de los libros.

Es una especie de castigo contra la inteligencia y un contrasentido, que la editorial Planeta haya prohibido la publicación del libro “La Cosa Nostra” de la periodista Laura Ardila, que se dice, trata sobre los clanes políticos que han manejado la política y la corrupción en la Costa Atlántica al parecer una de ellas llamada la familia  Char.

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El asunto de la censura de la editorial Planeta toma interés, debido a que  después de existir un contrato para su publicación entre la editorial y su autora y cumplirse los requisitos,  la empresa editora decidió  no publicarlo porque cree que podría ser perjudicial para las familias que allí se mencionan.

Frente a estas arbitrariedades y al poder de las editoriales de censurar, deben  las autoridades del país corregir estas anomalías y sancionarlas. Y a la comunidad reclamar la vigencia de sus derechos y garantías al amparo de la Constitución Nacional, que garantiza la información y la participación ciudadana.

Por lo mismo, es inconveniente quedarse en la queja; antes bien, le incumbe a la comunidad participar activamente desde lo privado hacia lo público y desde lo público hacia lo privado contra esos procederes abusivos.

Así, es indispensable que los autores de libros que cumplan las condiciones de ley, protagonicen notablemente su papel de factor real de poder a través de los progresivos espacios culturales e institucionales, donde, al tenor de la partitura kantiana la comunidad pueda fortalecerse y convivir pensando con cabeza propia, lo que de suyo amerita un liderazgo de quienes se dedican a las letras contra la censura y la arbitrariedad como lo ha hecho la prestigiosa editorial Pijao.

Debe hacerse valer el derecho a la información para asumir el ejercicio de la razón en pro de la defensa de la libertad y los intereses generales, que garantiza el artículo 20 de la Constitución a la persona en su libertad de expresar y difundir su pensamiento. Lo contrario, es volver a épocas de la ignorancia, la barbarie, la satanización y el fanatismo.