Por: Luis Orlando Ávila Hernández 

Que los establecimientos comerciales (propiedad privada que generaba empleo y riqueza) destruidos ayer en asonada funcionalmente aupada por la ultraderecha en el Guamo, Melgar, Espinal, Saldaña y Lérida o que sus dueños fueran presuntamente capturados por testaferrato, no es nada nuevo. De eso conocimos y bastante en los dos periodos de gobierno del señor Uribe Vélez.

La diferencia con lo de ayer, es que entonces nadie iba a una asonada, so pena de terminar mutilado por una motosierra o desaparecido como falso positivo. Hasta el punto de que su Fiscal General de entonces (el del señor Uribe Vélez), decidió irse para México, ante la contundencia de su inoperancia en investigar lo obvio y ante las denuncias en su contra por organismos de derechos humanos internacionales por su (no) actuar y por su persecución a los y las valientes fiscales que sí lo hacían y que gracias a este fueron desterrados del país por las amenazas del paramilitarismo reinante en esos oscuros años.

Lo nuevo es que la derecha y la ultraderecha nacional y sus sendas copias borrosas en el Tolima e Ibagué, han venido creando paulatinamente una matriz mediática del odio hacia el nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.  Prueba de ello, muchas (38 exguerrilleros y 13 familiares de estos, asesinados hasta enero) y entre estas:  

Secretarios de despacho regionales con funambulesco lenguaje castrense (que no machista, dado que el sol no puede taparse con las manos) rememorando caricaturescamente a diario por la radio o por los portales oficiales a los “nuestros” o a los “mis”, buscando el segregar y el excluir, a pesar de que los mismos generales de Ejercito y Policía en el Tolima, les recuerdan de cuando en cuando de un nuevo país con Acuerdo de Paz firmado.

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Empresarios radiales auto-victimizados (que a su vez actúan como victimarios de otros probos periodistas, que con valentía no subsumieron a su inusitado grupo de autodefensa con el que ensombrecen su historial de contratos públicos) organizando marchas y cacerolazos contra un alcalde que apoyó decididamente los Acuerdos de Paz firmados, así se haya equivocado en algunos actos de gobierno.

Un oportuno aparato de investigación judicial que solo 24 horas después que internacionalmente se conociera de la apertura de investigación de la Corte Suprema de Justicia contra el señor Uribe Vélez por manipulación de testigos (Álvaro Uribe investigado por manipulación de testigos), y obedeciendo a la matriz de opinión de la ultraderecha en desconocer los Acuerdos de Paz firmados, captura y somete en sus establecimientos de comercio a dos familias de empresarios como presuntos testaferros de las desaparecidas FARC EP, concitando la asonada y el robo de la propiedad privada, bajo la silente complicidad de algunas autoridades de policía y de FFMM de los municipios víctimas de dicha matriz mediática.

Que las dos familias de empresarios sean o no criminales, deberá probarse en estrados judiciales, no con la antelación mediática de la ultraderecha, mucho menos de la Fiscalía General de la Nación, o como en el Tolima que en cuerpo ajeno de empresarios radiales o de secretarios de despacho imitadores de lo que no pudieron ser, inciden en el ninguneo y criminalización de los nuevos actores políticos.

Por el contrario, lo que sí es un hecho, es que de probarse en los mismos estrados judiciales, que la destrucción de la propiedad privada de los empresarios hoy sindicados, fue consecuencia de una irresponsable y quizá precipitada actuación de la Fiscalía General de la Nación y de una ignominiosa y flagrante des-actuar de los policías y militares acantonados en el Guamo, Melgar, Espinal, Saldaña y Lérida, cuya obligación constitucional es el defender el orden público y la seguridad de todxs, incluido la de los hoy sindicados y sus propiedades privadas, estaríamos ante un regreso estratégicamente calculado por la ultraderecha nacional y sus burdas copias tolimenses, a los tiempos de la violencia bipartidista de 1948, bajo la que  acaudalaron parte de sus fortunas, la misma con la cual soterradamente patrocinan marchas de empresarios y logran nombrar secretarios parlantes a su funcional y estratégico discurso del odio y la exclusión.

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PD: Saludo solidario al señor periodista Edgar Antonio Valderrama y la casa periodística de la veterana radioemisora Voz del Tolima, ante el frustrado intento de linchamiento físico promovido por uno de los tres empresarios radiales agitadores de la marcha del 8 de febrero pasado.