En líos jurídicos terminó el polémico contrato por $8.034 millones que la Alcaldía de Ibagué le entregó a la empresa León Gráficas para organizar la logística de la edición número 50 del Festival Folclórico Colombiano.

El abogado Luis Felipe Aranzalez decidió demandar el contrato para solicitar a un juez de la República la nulidad y que también imponga medidas cautelares para evitar la ejecución de las actividades. De acuerdo con Aranzalez, el proceso de licitación tuvo visos de procedimiento, al parecer estuvo direccionado a favor de León Gráficas y la propuesta aceptada también contiene sobrecostos.

“Se vulnera en nuestro criterio el principio de selección objetiva, el principio transparencia, la libertad de concurrencia y la igualdad entre participantes, considerando que contiene disposiciones que direccionan la contratación a un selecto grupo o alguna persona en específico”, reza el documento de la demanda.

El contrato chaleco

Entre otras cosas, la Secretaría de Cultura de Ibagué se habría saltado los plazos establecidos por la ley para hacer observaciones a la propuesta que presentó León Gráficas. La ley establece cinco días para hacerlo, pero la Secretaría apenas otorgó uno, al parecer en su afán por adelantar la audiencia de adjudicación para León Gráficas, que fue el único oferente que se presentó a la licitación.

Este hecho también llamó la atención del abogado Aranzalez, quien considera que el proceso estuvo direccionado a favor de León Gráficas. La Alcaldía habría exigido una serie de requisitos que solo podría cumplir en poco tiempo un oferente que estuviera bajo aviso.

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En su pliego de condiciones la Alcaldía exigió la acreditación de requisitos como: garantizar la contratación de personal con un galardón del Congo de Oro, influenciadores con mínimo 25.000 seguidores, entre otros requisitos muy específicos que permiten presumir que se trataría de un ‘contrato chaleco’.

“El contenido del pliego de condiciones, estudio previo, ficha técnica, análisis del sector y demás, hace indudable la falta de justificación, motivación o explicación sobre las exigencias planteadas, lo que genera incertidumbre y desconfianza en los participantes del proceso”, se lee en la demanda.

El Festival del derroche

Uno de los puntos más polémicos del contrato son los presuntos sobrecostos en varios de los artículos y servicios que León Gráficas deberá garantizar para el desarrollo del Festival Folclórico. Entre ellos sorprende el cobro de tamales a $20.800, pese a que, en el mercado se encuentran desde los $8.000 hasta los $15.000. Lo que podría arrojar sobrecostos de hasta el 100 %.

Otros artículos como las copas o “totumas aguardienteras”, León Gráficas las cobrará en $39.270, aunque en el mercado se encuentran entre los $5.000 y $10.000. También cobrará las pacas de agua de 24 unidades de 300 mililitros a $27.370, pero en el mercado oscilan entre los $12.000 y $15.500.

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Un contratista sin experiencia

De acuerdo con el abogado Aranzalez, León Gráficas nunca certificó por completo la experiencia exigida en el pliego de condiciones. Pese a esto, resultó ganador de la licitación pública.

Por ejemplo, la empresa debía adjuntar el acta de liquidación y certificados de por lo menos tres contratos ejecutados. Sin embargo, solo adjuntó las actas de liquidación y pasó por alto las certificaciones de ejecución, por lo cual no habría evidenciado la experiencia general exigida en el pliego.

“A pesar de ello, el comité evaluador manifestó en el informe el cumplimiento de experiencia, en lugar de requerir al proponente para su subsanación y en la adjudicación el ordenador del gasto también se abstuvo de revisar este aspecto, por lo que le adjudicó el proceso de contratación a un proponente que no cumplió con todos los requisitos exigidos”, arguye Aranzalez.

León Gráficas tampoco habría cumplido la experiencia específica exigida, que consistía en demostrar la ejecución de dos contratos por 6.180 SMMLV, para la organización de eventos afines al Festival Folclórico. No obstante, ninguno de los contratos adjuntados superaba dicha cifra.

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Fiestas de junio en riesgo

Por todo lo anterior, el abogado Aranzalez también pidió a un juez de la República imponer medidas cautelares al polémico contrato, lo cual llevaría a suspender las fiestas de junio. El fallo se espera a mediados del mes, y en caso de que el juez acceda a las pretensiones del jurista, el proceso contractual de las fiestas quedaría sin piso jurídico.

“Con la finalidad que un juez las suspenda de forma provisional inmediatamente, esto generaría que las fiestas no puedan realizarse. Sin embargo, en caso que la medida provisional no resulte próspera para los efectos de la ejecución, vamos a esperar el fallo en uno o dos años, y en ese fallo, con total certeza, se van a determinar a los responsables de una adjudicación ilegal, de los sobrecostos existentes, de un direccionamiento, quienes serán sancionados por la Procuraduría”, concluyó.