La jueza tolimense Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, leerá el veredicto en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. De ser hallado culpable, sería la primera vez que un exmandatario colombiano es condenado penalmente.

El caso se remonta a 2012, cuando el senador Iván Cepeda denunció los supuestos vínculos de Uribe y su hermano con grupos paramilitares, citando testimonios de excombatientes. En respuesta, Uribe acusó a Cepeda de manipular testigos, pero en 2018 la Corte Suprema archivó esa denuncia y, en cambio, abrió investigación contra el propio Uribe. Las pesquisas apuntaron a que, a través de su abogado Diego Cadena, el expresidente habría intentado sobornar a varios exparamilitares para que cambiaran su versión.

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En agosto de 2020, la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe. Poco después, el entonces senador renunció a su curul, lo que permitió que el caso pasara de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. A partir de allí, el proceso tomó otro rumbo: tras dos intentos de la Fiscalía de cerrar el caso, durante la administración el exfiscal general Francisco Barbosa, finalmente en mayo de 2024 se acusó formalmente al exmandatario.

El juicio oral comenzó en febrero de 2025, y desde entonces, la defensa de Uribe ha insistido en que nunca buscó sobornar a nadie, sino que pidió verificar testimonios que lo señalaban injustamente. Por su parte, la Fiscalía y los representantes de víctimas aseguran que existen pruebas contundentes —grabaciones, cartas y testimonios— que muestran que Uribe y su entorno buscaron manipular el proceso judicial.

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De acuerdo con el Código Penal, los delitos por los que se acusa a Uribe —soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal— podrían acarrear penas de entre seis y doce años de prisión. Sin embargo, incluso si fuera condenado, el fallo no sería definitivo, pues las partes podrán apelar ante el Tribunal Superior de Bogotá. El proceso, por tanto, podría extenderse varios años más.

Mientras tanto, el país espera. Para algunos, una eventual condena sería una muestra de que la justicia puede alcanzar incluso a las figuras más poderosas. Para otros, se trataría de una persecución política. Lo cierto es que este lunes se escribirá una página crucial de la historia judicial y política de Colombia.