Felipe Ferro

Diputado Asamblea Departamental del Tolima

Partido Centro Democrático

En Colombia, la justicia se ha convertido en un arma política y el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez es la prueba más clara de ello. Lo que comenzó como un proceso judicial se ha transformado en una cacería despiadada, plagada de irregularidades, con el único propósito de mancillar el nombre del hombre que rescató al país del abismo del terrorismo y el desgobierno.

Cada decisión, cada demora y cada obstáculo que enfrenta su defensa parecen estar diseñados para impedir su participación en la contienda electoral del 2026. ¿Coincidencia? Difícil de creer cuando el gobierno actual ha demostrado un claro interés en borrar cualquier vestigio del uribismo para perpetuar su agenda ideológica.

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El pasado 10 de febrero, la defensa del presidente Uribe presentó una acción de tutela contra la jueza 44, argumentando la vulneración del debido proceso. No es para menos: su imparcialidad está en entredicho. Se ha conocido que esta misma jueza promovió una demanda contra la Nación en el 2009, buscando anular dos decretos firmados por Uribe durante su gobierno. ¿Cómo confiar en la ecuanimidad de alguien que en el pasado litigó contra el expresidente? Además, su actitud en el juicio ha sido agresiva y parcializada, descalificando reiteradamente a la defensa con adjetivos que revelan un claro sesgo. Como bien lo señaló el abogado Jaime Granados: “Se perciben razones, motivos que permiten establecer que la imparcialidad de la jueza se encuentra seriamente comprometida”.

El objetivo de esta persecución es evidente: sacar del camino a Uribe y al Centro Democrático en las elecciones de 2026. El Petro- Santismo y su círculo saben que el uribismo sigue siendo la única fuerza política capaz de enderezar el rumbo de Colombia. Por eso buscan enlodar su imagen y mantenerlo atado a un proceso que, más que jurídico, es político. No hay garantías, solo revanchismo. No hay justicia, solo una estrategia para neutralizar al único líder capaz de aglutinar a la oposición.

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Los números no mienten. Durante los gobiernos de Uribe, el PIB creció en promedio un 4,5 % anual, la inversión extranjera se multiplicó por cinco y la tasa de homicidios cayó de 70 a 33 por cada 100.000 habitantes. No fue casualidad: fue el resultado de una visión de país basada en la seguridad, la confianza inversionista y la cohesión social. Por eso lo persiguen, porque su legado es demasiado grande como para permitir que vuelva a influir en el futuro del país.

Hoy más que nunca, los colombianos debemos estar atentos a este juicio que ha perdido cualquier vestigio de imparcialidad. No podemos permitir que se mancille el nombre de un patriota que lo dio todo por Colombia. La historia juzgará a quienes hoy buscan su destrucción, pero mientras tanto, es nuestro deber rodearlo y exigir garantías. No se trata solo de Uribe, se trata de la democracia.