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Un tribunal con compromiso ambiental
Recientemente fue registrada en los medios la noticia del fallo del Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo en su sección Primera de fecha 14 de Septiembre del presente año, mediante la cual “Declara la amenaza de vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales…… la protección de las áreas de especial importancia ecológica de la cuenca mayor del rio Coello (rio Combeima y Cocora) y sus afluentes.”
Igualmente ordena el referido fallo la suspensión de manera inmediata de las actividades mineras autorizadas en los títulos mineros otorgados en esas zonas hasta tanto no demuestren a Cortolima y la Agencia Nacional Minera que utilizarán fuentes hídricas alternas a la cuenca mayor del rio Coello, para la exploración y explotación de dichas licencias.
Asimismo fue conformado un comité de vigilancia bastante amplio que tendrá que dar un informe semestral sobre el cumplimiento o no de las órdenes impartidas en el fallo. Ordena que en un mes Cortolima una vez quede ejecutoriada la providencia, revise las visitas a las zonas de los títulos mineros para que evalúe los posibles daños ambientales causados y que imparta las medidas correctivas a que haya lugar.
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Lo primero es reconocer al personero de la época el Dr. Isaac Vargas, quien instauró la acción popular solicitando se amparen los derechos colectivos evitando el desarrollo de minería aurífera, que podrían poner en riesgo las cuencas hidrográficas más importantes que tiene Ibagué, como municipios de la zona centro del departamento, para su desarrollo urbano como económico.
Este fallo tiene unas connotaciones muy relevantes, que valdría la pena que las ONG ambientalistas que existen en Ibagué que son muchas, fueran convocadas por la autoridad ambiental Cortolima o la Alcaldía para que realizaran un seguimiento exhaustivo a lo ordenado por el fallo. Son múltiples las acciones que se establecen para que se cumplan, no solo por quienes iniciaron la explotación, como por la autoridad ambiental Cortolima, el Ministerio del Medio Ambiente, las autoridades departamentales, municipales y organismos de control.
El fallo ordena al gobierno Nacional ejerza la tutoría y derecho de los ríos a través de una institución que designe el presidente de la república, junto con un miembro de las comunidades que habiten en cada una de las cuencas de los ríos Coello, Combeima y Cocora para que se constituyan en guardianes de los mismos.
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Se ordena al Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa, Cortolima, Gobernación, Alcaldía de Ibagué; con el apoyo de la Universidad del Tolima, el Instituto Alexander Von Humbolt, entre otros, que en el término de un año siguiente a la notificación de la sentencia se diseñe y ponga en marcha un plan para descontaminar estas tres fuentes hídricas, recuperar sus ecosistemas y evitar daños ambientales en la región.
Establece el fallo que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación entreguen reportes semestrales de su gestión con indicadores de cumplimiento de las órdenes proferidas, al Tribunal Administrativo del Tolima.
Determinó que la Universidad del Tolima evalué los daños pasados presentes y futuros causados al área de exploración y explotación minera en la cuenca de los tres ríos, ordenando al director de Cortolima adelante en un término no mayor a un año, el cumplimiento de las tareas y acciones que se determinen en los estudios e investigaciones adelantadas por la Universidad que le permita restablecer la vida, el paisaje y el ecosistema afectado e igualmente se conduzca al restablecimiento de los cauces de las corrientes afectadas.
Son muchas más las acciones ejemplarizantes que contiene el fallo, que se hace imperante conocer por parte de las autoridades, como por la comunidad
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Igualmente dejó establecido el Tribunal que tiene que existir divulgación suficiente a través de diferentes medios para que la comunidad se entere del contenido del fallo.
Es de agradecer de manera especial el compromiso total y la conciencia ambiental de los magistrados que sustentaron este fallo histórico, ejemplo a nivel nacional para que las instituciones del Estado hagan respetar los recursos naturales, los ecosistemas y las cuencas que protegen nuestros ríos. En muchos casos, vemos autoridades ambientales dando permisos para su depredación, como recientemente ocurrió en la cuenca del rio Saldaña.
Hay que resaltar en MAYUSCULA al Tribunal del Tolima y al Consejo de Estado por elaborar un documento que es de obligatorio cumplimiento y que le asegura a Ibagué y muchos municipios el tener hacia el futuro el recurso hídrico necesario para su crecimiento poblacional como el económico de manera sostenible.
Dependerá de las entidades que han quedado encargadas del cumplimiento de lo ordenado en el fallo y de la vigilancia de la comunidad en que así sea.
Este valioso fallo nos entrega las herramientas necesarias para tener unos ríos con sus cuencas en buen estado, ya depende de la exigencia de nosotros mismos, su debida aplicación.
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