Por Martha Alfonso

*Representante a la Cámara por el Tolima

El Sistema Estratégico de Transporte Público -SETP- es, en términos de recursos públicos, el proyecto de movilidad más importante de la ciudad de Ibagué. Este inició formalmente con el Decreto 806 del 17 de julio de 2019 con un monto presupuestal de alrededor de 500 mil millones de pesos, asegurados a partir del CONPES 4017 de 2020.

La nómina anual del SETP de Ibagué le cuesta a la ciudad y a la nación más de 2 mil 600 millones de pesos al año, hecho que, junto con hallazgos de la Contraloría General durante este año relacionados con atrasos en la ejecución e irregularidades en procesos de contratación de personal, motivó múltiples reacciones y denuncias por parte de actores políticos y sociales preocupados por posibles sobrecostos y presunto mal uso de los recursos públicos.

En particular, la atención se ha centrado en los atrasos de los procesos de ejecución de obras, la calidad de las intervenciones -como la instalación de paraderos con errores ortográficos y de información- y los posibles sobrecostos asociados. Se señala un presunto detrimento patrimonial por $156.327.918.

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Sin embargo, hay otros aspectos que merecen la misma atención, pues el SETP pareciera no tener ruta: ¿hacia dónde apunta este sistema que supone la resolución de buena parte de los problemas de movilidad de Ibagué? ¿cómo será la operación del sistema? ¿cuál será la estructura de recaudo? ¿cómo se proyecta su sostenibilidad financiera y técnica?. La ciudadanía ibaguereña no conoce cuál es el rumbo del proyecto más ambicioso para la ciudad hoy.

En principio, el SETP se concibió como una alternativa al sistema de transporte público anterior para mejorarlo significativamente; no obstante, hoy en día parece que sus recursos se supeditan a financiar la reparación de la infraestructura del sistema anterior, así como una gorda burocracia sin capacidad técnica que no logra concretar una apuesta estratégica para el transporte de la ciudadanía ibaguereña.

Si bien es importante la adquisición de nuevos semáforos, buses y paraderos, esos elementos no constituyen por sí mismos un nuevo sistema de transporte y no resuelven problemas estructurales del sistema actual como los conflictos económicos entre propietarios de buses y operadores, la regularidad de la frecuencia con la que pasan los buses por los paraderos, el cumplimiento del horario del servicio, la garantía de una tarifa accesible y, especialmente garantizar que el SETP sea una alternativa de transporte público lo suficientemente atractiva para el usuario, que reduzca sus incentivos de adquirir un vehículo privado, o de depender de medios de transporte alternativos informales.

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La definición de cómo operará el sistema, principalmente en relación con los buses públicos, es clave en toda esta discusión, pues de ello depende una correcta articulación del sistema para evitar y mitigar problemas como la guerra del centavo, la frecuencia de paso de las rutas -sobre todo aquellas que tienen menos rentabilidad- y el mantenimiento de una flota de calidad que sea incluyente, especialmente para aquellas personas con movilidad reducida.

Por otra parte, del sistema de recaudo depende su sostenibilidad financiera, la accesibilidad de la tarifa y el reparto de cargas y beneficios para el municipio. Un contrato leonino o mal concebido puede condenar la sostenibilidad financiera del proyecto, profundizar el uso del transporte informal y anular la posibilidad, a largo plazo, de contar en Ibagué con una gran empresa de transporte público, moderna y competitiva.

No obstante, el debate sobre la operación y el recaudo parece haber pasado a un segundo plano en el debate público de la ciudad, mientras que la Alcaldía de Ibagué trata el asunto con opacidad, posiblemente postergando los costos políticos asociados. Con todas estas dudas, vale la pena preguntarse si el SETP sigue siendo el sistema estratégico que transformará la movilidad de Ibagué.