Por Iván Ramírez Suárez

@jiramirezsuarez

El Congreso de Diputados de España aprobó la moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy, propuesta por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al comprobarse que el partido del presidente, Poder Popular (PP), incurrió en actos de corrupción en contratación estatal, los que eran ocultados mediante el manejo de una doble contabilidad. Escándalo conocido como la “caja B del PP”.

La aprobación de la moción de censura conllevó a que el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, fuera designado y posesionado por el rey Felipe VI como nuevo presidente del Gobierno, conforme lo establece la Constitución Política española. Aunque a Rajoy no se le vincula directa o indirectamente con el escándalo del PP y los hechos objeto de condena judicial sucedieron mucho antes de su presidencia, la mácula sobre su partido lo hizo indigno y responsable políticamente, de ahí el ejemplar castigo impuesto por las mayorías del Congreso de Diputados (180 votos a favor, 176 en contra).

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La caída de Rajoy es un eslabón más de una cadena de corrupción mundial que en los últimos años se ha ido alargado con mandatarios de América Latina y quienes han sido capturados, condenados u obligados a dimitir. Son los casos de Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo del Perú, Fernando Lugo Méndez del Paraguay, Lula Da Silva y Dilma Russef de Brasil, Ricardo Martinelli de Panamá, Otto Pérez Molina de Guatemala, Francisco Flores y Elías Antonio Saca de El Salvador, entre otros.

Pero mientras esto sucede en nuestro entorno, en Colombia los presidentes y ex presidentes son inmunes a hechos delictivos de mayor trascendencia y connotación criminal y política. Pareciera que el Frente Nacional estuviera vigente, no para co-gobernar alternativamente, sino para imponer un pacto de impunidad que los blinda de cualquier investigación y castigo en su contra, como nuestra historia lo registra.

No se trata entonces de un problema de estructura o ingeniería constitucional, porque aquí también existe el sistema de pesos y contrapesos similar al de España y otros Estados modernos, que de aplicarse nos daría iguales o más efectivos resultados que los vistos. Es el factor humano el que falla funcionalmente al momento de asumir el rol asignado. Y en el caso de los presidentes, es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y el mismo Congreso bicameral quienes deben investigar, acusar y juzgar en casos de indignidad y responsabilidad política, y la Corte Suprema la que hace de juez en tratándose de delitos comunes.

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Bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991 ningún presidente ha estado exento de ser denunciado, siendo el que más investigaciones en su contra acumula, Alvaro Uribe Vélez, quien supera las 150, algunas de ellas por delitos de lesa humanidad. Pero la complicidad y el contubernio latente del Congreso, siempre ha impedido una actuación y decisión en contra de ellos. Quien más cerca estuvo fue Ernesto Samper, por la probada narco financiación de su campaña. El desenlace ya lo sabemos: la Plenaria de la Cámara votó por la impunidad.