Por: Edgardo Ramírez 

Los debates públicos de los aspirantes presidenciales, deben estar precedidos del respeto hacia los demás y de la necesaria veracidad que legitime la información y le otorgue validez al argumento.

La decisión de los medios televisivos, de instalar un atril para Gustavo Petro a sabiendas que éste candidato por el momento no continuará participando en el debate y además, permitir que sus oponentes instalaran  un afiche con su rostro hacia donde señalan los candidatos Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt y Enrique Gómez, indicando que Petro ha sido el responsable de la debacle nacional, sin haber sido gobernante, es por lo menos una arbitrariedad, que sustituye la veracidad de los participantes y convierte al mismo en un una comedia sin esencia ni sustento.
 
A varios sectores del país no les resulta interesante un debate con candidatos que registran la más mínima intención de voto a la presidencia, según la última Gran Encuesta después de las elecciones del 13 de mazo, en que Ingrid Betancur presenta un 2% y Enrique Gómez un 0.3%, sin que participen los demás candidatos, quienes tienen en el momento, la mayoría de votos para la primera vuelta a las elecciones presidenciales

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La ausencia de candidatos con mayor intención de voto en los debates, para el próximo 29 de mayo, lo deslegitima mientras no existen reglas claras “ por falta de garantías en el debate electoral” y más aún si el mismo se convierte en una diatriba de afirmaciones negativas y sin sustento legal.
 
Los derechos de la libertad de expresión, información y prensa, son de gran importancia para la sociedad, pero no implica, que estos derechos sean absolutos y carezcan de límites. Al contrario, las normas constitucionales y legales, advierten que cuando se desborda la libertad de expresión, colisiona con otros derechos y valores constitucionales, por lo cual, los tratados de derechos humanos y la Constitución establecen restricciones a esta libertad para que sea legítima. 

Conforme los artículos 13 de la Convención Interamericana y 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, este derecho tiene limitaciones cuando excede el marco funcional de su ejercicio, para asegurar el respeto al buen nombre, a los derechos, la reputación de los demás, o para la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública.  
 
Ser candidato de algo no da derechos más allá de los que establece la ley. El derecho protege los valores humanos y es la guía de los pueblos civilizados. Una nación con candidatos que no respetan el derecho ajeno de la controversia que piensan dirigir el Estado, sembrando la duda y la discordia, se encuentran en el terreno de la incredulidad propia de los demagogos.

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La justicia constituye el excelso fin del derecho y no debe vulnerarse con afirmaciones ligeras o inexactas en ausencia de quienes son objeto de esos señalamientos.
 
El país requiere para su convivencia, de candidatos con la capacidad y credibilidad suficientes para el debate de las ideas, sin corifeos que han sido los causantes del desbarajuste social. De lo contrario, continuaremos en la tragedia de las ofensas y las equivocaciones que han pervertido el sentido de la democracia.