Escribir esta columna resulta un tanto abusivo, los hombres somos los que menos deberíamos meternos en el tema del aborto: no tenemos ni idea de lo que significa un embarazo, ni de los cambios físicos y emocionales que implica. Sin embargo, lo hago para apoyar a tantas mujeres que por una u otra razón han tenido que interrumpir un embarazo y por las muchas que en el futuro querrán hacerlo.

En la Corte Constitucional se discute la posibilidad de despenalizar el aborto antes de las 16 semanas, es decir, que toda mujer que quiera hacerlo no tenga que dar explicaciones ni someter su decisión a consideraciones distintas a las de su propia voluntad.

No voy a referirme a los aspectos legales ni a las consideraciones biológicas porque no soy competente para ello, versados abogados, médicos y científicos ya se han trenzado en sendos debates al respecto. Desde el estricto sentido humanista nuestra sociedad debería reconocer que solo ellas son dueñas de su cuerpo y de su vida y que por encima de los prejuicios morales y de los señalamientos sociales, está preservar la integridad de la mujer, su salud física y mental, su derecho a decidir la vida que quieran llevar.

Decidir dar vida tiene implicaciones profundas que exigen toda la determinación para aceptar un cambio total en sus vidas, por eso es que ellas deben gozar de plena libertad para decidirlo. 

Son muchas las que son felices convirtiéndose en madres. Pero ¿qué pasa si una adolescente de 14 años con toda una vida por delante y muchos sueños por cumplir queda embarazada y aun no quiere convertirse en madre?, ¿una prostituta que vive de ese oficio y no le conviene embarazarse?, ¿una madre cabeza de familia que ya tiene varios hijos y sabe que por su edad o las condiciones económicas uno más le “desbarataría” la vida? 

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Como esos hay cientos de miles de casos en Colombia, pero este país godo no los reconoce. Aquí se prefiere que de los 400 mil abortos al año más del 99% se hagan de manera ilegal poniendo en riesgo la vida y la salud. No solo hablamos de muertes que se hubieran podido prevenir facilitando el acceso legal a la interrupción del embarazo, sino de miles de proyectos de vida que no pudieron ser y de cuantas más generaciones de seres humanos condenados a un espiral de pobreza por cuenta de limitaciones legales absurdas.      

¿Qué autoridad moral tienen Uribe y su Centro Democrático para convocar un referendo que decida lo que ellas puedan o no hacer?, ¿Las iglesias que, a propósito, promueven el no uso de preservativos, que tienen que estar interviniendo en asuntos que van mucho más allá de la moral y la fe?

El Estado no puede pretender a punta de restricción lo que no ha logrado hacer desde el enfoque de la prevención. Mas bien que implemente una política seria de educación sexual y reproductiva sin miedo a lo que diga el conservadurismo del país. 

Un embarazo no deseado o no planeado ocurrirá por los siglos de los siglos y ellas -solo ellas- deben tener el derecho de decidir si quieren seguir adelante, el Estado solo debe respaldarlas y protegerlas.