Por Iván Ramírez Suárez

@jiramirezsuarez

En mi columna del 29 de octubre de 2017 (Nos jodimos, nos quedamos sin escenarios deportivos), publicada en este mismo diario, escribí: “El acuerdo establecido la semana pasada en Ibagué entre la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, y el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo con respecto a las obras inconclusas de los escenarios deportivos, es el final de una actuación jurídica equivocada y torpe del Municipio que traerá más daño y perjuicio para nuestra ciudad.”

Y a renglón seguido expresé: “Muy sencillo. Jaramillo se comprometió a liquidar los 13 convenios suscritos a raíz del Conpes 3812 del 3 de julio de 2014, lo que conlleva ineludiblemente a devolver a Coldeportes los dineros no ejecutados y disponibles en bancos, los dineros obtenidos por ejecución de las pólizas de garantía de los contratos y los que ingresaron y/o ingresarán por concepto de multas impuestas a los contratistas.”

Luego, no debe sorprenderse el alcalde de Ibagué, como parece expresarlo, al exigirle Coldeportes y el Departamento del Tolima la devolución de los dineros aportados mediante los convenios interadministrativos que están siendo objeto de liquidación. Porque él estaba advertido desde su posesión, que la única opción jurídica y viable que tenía para concluir las obras contratadas para los XX Juegos Deportivos Nacionales era declarar la caducidad de los contratos y proceder a su liquidación unilateral, porque los contratistas no se iban a prestar para hacerlo bilateralmente, como tardíamente se comprobó.

(Puede leer: Carrillo, procurador de bolsillo)

Yo no le creo al señor alcalde. Y veo más bien una intención premeditada de querer escoger el camino más difícil y largo, con el único objetivo de dilatar en el tiempo el problema jurídico contractual, en una clara actitud de favorecimiento a los tramposos contratistas y no brindarle actos administrativos en firme a la ciudadanía, que permitieran no solo conocer la magnitud del desastre causado, sino la cúpula de hampones que ideó, planeó y ejecutó el acto criminal contra los ibaguereños y tolimenses.

Situación a la que ha coadyuvado también la Fiscalía General de la Nación, al negarse a imputarle a los responsables identificados, procesados y condenados, el ilícito de concierto para delinquir, como estrategia para evitar realizar esfuerzos mayores para investigar y llevar a juicio a los verdaderos cerebros de los delitos.

La negativa de Coldeportes a devolver los recursos que le sean devueltos al liquidar los convenios es la mejor opción para ellos, quienes no solo no sufrirán detrimento patrimonial alguno, sino que sus directivos, seguirán gozando de inmunidad fiscal, disciplinaria y penal, porque ninguno de los entes investigadores los ha vinculado.

El torpe actuar jurídico de la actual Administración Municipal nos ha llevado a tener que olvidarnos por muchos años de contar con escenarios formativos y competitivos para nuestros deportistas y lo que es peor, tener que pagar solitos el mayor desfalco en la historia de nuestra municipalidad.

La vergüenza sigue y muy pronto todo se olvidará.