Por: Iván Ramírez Suárez

@jiramirezsuarez

La elección de Fernando Carrillo como Procurador General de la Nación (27 de octubre de 2016) cayó bien en los círculos jurídicos, políticos y sociales del país. Todos los partidos políticos representados en el Senado de la República lo respaldaron, sacando una histórica cifra de 95 votos a favor, de 102 posibles.

Ese respaldo arrollador y su prudente distancia con la clase política, presagiaba un ejercicio como jefe del Ministerio Público libre de politiquería y duro contra la corrupción. Con el Fiscal General de la Nación Nestor Humberto Martínez y el Contralor General Edgardo Maya Villazón, conformaron un tridente institucional para investigar y sancionar a los corruptos de la Administración Pública, cuyos resultados en nada han superado las gigantescas expectativas creadas.

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En lo regional, hay que decirlo, su balance arroja una imagen y resultados peores a los encontrados cuando se posesionó. La politiquería ha sido el el parámetro de medición para la designación del Procurador Regional y los delegados Provinciales. Haber mantenido al frente de Procuraduría Provincial de Ibagué a la señora Ligia Aguilar - siendo su cargo de libre nombramiento y remoción - estando investigada y cuestionada disciplinaria y penalmente por evidentes y numerosos actos de corrupción, no solo le permitieron persistir y reincidir en la comisión de tan detestables conductas, sino que bajo su égida logró acumular el tiempo y los años para acceder a la pensión de vejez, su máximo objetivo. Todo, bajo la solicitud expresa de sus electores tolimenses, padrinos políticos de la funcionaria.

Similar actuación ha existido en las investigaciones por la construcción, adecuación y remodelación de los escenarios deportivos que servirían de sede para las competencias en el Tolima de los XX Juegos Deportivos Nacionales. Las indagaciones no llegaron hasta los servidores públicos nacionales que participaron en la organización y conformación del cartel  que terminó apropiándose de más de 50 mil millones de pesos. Y su aporte investigativo es nulo, pues las pocas sentencias proferidas se han soportado en evidencias y elementos materiales probatorios cedidos por la Fiscalía, denotándose un evidente interés de no ir más allá de donde los intereses políticos le marcan un derrotero.

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Pero el colmo de su maltrecho ejercicio funcional para el Tolima, son las investigaciones y sanción disciplinaria que se adelantan contra integrantes del Concejo de Ibagué por las irregularidades en los procesos de elección de Personero y Contralor Municipal que produjeron no solo un perjuicio patrimonial al erario, sino un estado de interinidad en los cargos, que en el caso de la Contraloría no ha sido superado después de más de dos años, desconociéndose dolosamente a la autoridad judicial que decretó la nulidad de la elección y ordenó elegir de nuevo el titular del órgano de control fiscal local.

Y como la impunidad motiva e incrementa la transgresión de la ley, los concejales siguen en lo mismo.