La guardia indígena tiene como objeto seguir el camino ancestral de vigilancia, control, alarma, protección y defensa de las tierras indígenas, en coordinación con las autoridades tradicionales y la comunidad, son garantes de la armonía, la paz y la convivencia en los territorios, además de promover la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. 

Su existencia legalmente se sustenta en el articulo 7 de nuestra Constitución, bajo la premisa de “mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”; el artículo 246 de la Constitución, en donde se manifiesta que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”; Y, el artículo 330 de la carta magna, en dónde se le atribuye como una de las funciones a los consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de las comunidad, “Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional”.

Sobre estos elementos se soporta la existencia de este cuerpo de seguridad, conformado por voluntarios, sin remuneración alguna, partícipe en la búsqueda de desaparecidos y en la lucha contra el variado número de grupos armados que asechan los territorios indígenas, entre muchos factores, debido a que se aprovechan de la necesidad de los indígenas (Sale más barato cultivar coca que papa), se aprovechan del abandono del Estado para obligarlos, o simplemente, debido a que la Ley 30 de 1986 “Estatuto-Antinarcóticos” indica que “las comunidades indígenas en Colombia pueden cultivar Hoja de Coca de acuerdo con sus usos y prácticas derivadas de su tradición y cultura”.  

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Respetando el uso legitimo de la fuerza que ostenta el Estado colombiano, la guardia indígena no porta armas de fuego. Sus elementos de combate son un bastón o “Chonta”, cuyo contenido es más simbólico que contundente, y, elementos de comunicación para reportar a las autoridades anomalía o problemas de seguridad en los territorios indígenas.

La guardia indígena de la zona pacífica y sur occidental, hoy marchante en La Minga, debe enfrentar al clan del Golfo, a “los contadores”, al EAI de alias “Mario Lata”, al ELN, a Grupos Armados Post FARC, al GAPF frente 30, al GAPF frente Oliver Sinisterra, al GAPF Gente de Orden, al grupo “Guerrillas Unidas del Pacífico”, al grupo “la local”, al grupo “los marihuanos” y al EPL, además de carteles de narcotráfico transnacionales. Todo ello con su “Chonta”.

Sobre ese contexto fue que Nariño, por ejemplo, se consolidó desde el año 2003 como el departamento con más cultivos de coca, sobre ese contexto el Estado ha sido incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos en la zona o, sobre ese contexto a finales del año 2019 se llegó a reportar la muerte de un indígena cada 72 horas, y, para el primer semestre del año en curso se registró el asesinato de 47 líderes indígenas.

Las autoridades indígenas en los últimos años han estado solas, luego de la disolución del hegemón de la criminalidad, existieron municipios en donde la guerra nunca tuvo tregua, otros en donde el vacío de poder fue retomado por diversas organizaciones criminales y otros en donde el fuerte tejido social de las comunidades indígenas minimizó los impactos de la llegada de nuevos grupos armados.

Pese a esta ardua labor, la guardia indígena no sólo debe lidiar contra actores armados en su territorio; el estigma de quienes destilan odio, los cuadros de quienes se benefician de la guerra, o las leguas viperinas de quienes ostentan el título de juez en las redes sociales, atenta contra su moral y los hace blanco de x o y grupo armado.

En últimas, reconociendo la labor titánica que lleva a cabo este actor social, es menester reconocer su desempeño, su valentía y su compromiso; pero también, cómo los peyorizan, los infravaloran, los calumnian y los estigmatizan, generalmente la gente que ve la guerra por televisión o aquellas cuyo juicio se desintegró luego de 20 años de “propaganda contrainsurgente”.

Por: Kevin Herney Castañeda Vargas, Politólogo U. del Tolima