Por: Renzo García

Para nadie es un secreto que la construcción de infraestructuras asociadas a la extracción de petróleo, como pozos, tuberías, carreteras, entre otros, conlleva la deforestación de áreas naturales y la afectación negativa a los ecosistemas y sobre todo a los pocos relictos de Bosque Seco Tropical que se encuentran sobre esta zona del país, por no decir que la industria petrolera contribuye a la crisis climática y el calentamiento global, que hoy genera colapsos sociales, económicos y ambientales en muchas partes del país y el planeta. 

Los riesgos por fugas y derrames de petróleo, junto a los fallos en el proceso de cementación de los pozos petroleros pueden amenazar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y  conllevar a su contaminación. Sobre lo anterior vale preguntar: ¿Dónde están los estudios que demuestran, con seriedad, que las actividades petroleras de Telpico no van a contaminar las fuentes hídricas (superficiales y subterráneas), los suelos y el aire?. Vale decir que el Bloque Petrolero VSM3 se encuentra superpuesto sobre el abanico de Ibagué, el tercer acuífero más importante del país y seguramente una de las mayores reservas de agua para las presentes y futuras generaciones.  

A lo anterior debemos añadir los serios reparos que han manifestado los habitantes del municipio de Piedras, quienes señalan que la actividad petrolera les ha generado una trágica realidad en términos socioambientales, en especial la denuncia que reporta la desaparición de la Laguna Toqui Toqui y la contaminación de suelos, agua y aire en su municipio. Es bajo esta realidad y la amenaza que en su momento representó la Anglogold Ashanti, que los piedrunos desarrollaron una consulta popular, cuya pregunta rechaza de manera literal la prohibición de actividades mineras y el uso de sus “aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio en dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio”. 

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Resulta preocupante que, a pesar de la consulta popular de Piedras que prohibió las actividades industriales que puedan contaminar el agua, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- haya otorgado permisos a la multinacional Telpico para adelantar actividades extractivas en ese municipio. La decisión del ANLA pone en riesgo la democracia, la participación ciudadana y sus legítimos reclamos a la integridad ambiental de la región. ¿Por qué el ANLA desconoce la consulta popular de Piedras? ¿Qué ha pasado con los derechos a la participación e información ciudadana contemplados en la constitución política y recientemente en el Acuerdo de Escazú? ¿Por qué no acatan las declaraciones de sujetos de derechos que realizó la Asamblea Departamental del Tolima sobre las cuencas hídricas y por qué desconocen la declaratoria de emergencia climática que también fue aprobada por la duma Departamental? ¿Qué dicen al respecto: Cortolima, ANLA, Gobernación del Tolima y alcaldías vinculadas? 

En medio del fenómeno del niño, la crisis social y ambiental que vivimos como ciudadanos del mundo, es imperativo comprender que el agua es el principal bien común natural de la humanidad, que es indispensable su cuidado y protección. Es hora de reconsiderar nuestras prácticas socioeconomicas y promover alternativas energéticas que no comprometan nuestro bienestar y derecho colectivo al ambiente sano.

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Desde esta perspectiva invito a toda la ciudadanía tolimense a rechazar la continuidad de la economía extractivista y construir un modelo de desarrollo propio que haga de la agricultura, agroindustria, turismo, servicios y logística, los principales renglones de la economía regional.

Exijamos al estado colombiano hacer realidad el derecho colectivo a gozar de un ambiente, proteger la diversidad e integridad del ambiente, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, garantizar el desarrollo sostenible y la función ecológica de la propiedad privada, conservar las áreas de especial importancia ecológica, salvaguardar las riquezas naturales de la Nación y la aplicación de los principios de precaución y prevención. 

Es indispensable hacer realidad los propósitos del convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biologica (Ley 165 de 1994), en su compromiso de rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y en la recuperación de especies amenazadas, sobre todo cuando las actividades petroleras se quieren desarrollar sobre el ecosistema más amenazado del mundo, el Bosque Seco Tropical.