Hablar del aborto siempre ha sido un tema que ha incomodado, no muy lejano a cuando se habla de feminismos o patriarcado, esto se debe a que cambiar y deconstruir muchas acciones y comportamientos naturalizados no es sencillo, oponerse a los estereotipos y paradigmas socialmente aceptados menos, sin contar cuando estamos rodeados de privilegios.

Partamos de una premisa, según la Corte Constitucional de Colombia en las sentencias T-732 de 2009, T-585 de 2010, T-841 de 2011 y T-627 de 2012, entre otras. Los derechos sexuales y reproductivos se han reconocido, entre otros, los siguientes: el derecho a la intimidad personal; a la igualdad de sexo y género; el respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual; la decisión sobre el número de hijos e hijas, la libertad para elegir métodos anticonceptivos; el derecho a la información veraz, completa y oportuna; el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Por lo tanto, ¿El aborto es un derecho?

Sí, garantizar el libre acceso a un aborto seguro hace parte del derecho a la vida, a la salud y al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, si se reconoce de esta manera la IVE ¿Por qué genera tanta polarización, al punto de dividirnos entre supuestos “Pro-vida” y “Pro-aborto”? 

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Comencemos por evidenciar todas las falacias que atacan la garantía de este derecho, resulta que ningún método anticonceptivo es 100% infalible, que para saber que los anticonceptivos existen y cómo usarlos hay que tener un mínimo de educación sexual, la cual para asombro de muchas personas que lideran el debate en contra del derecho de todas las personas con útero a decidir si quieren o no continuar con su embarazo es precaria en las escuelas de Latinoamérica, que los métodos anticonceptivos  no son de libre acceso ni muy económicos y que cuando se tiene que escoger entre comer y planificar, se escoge alimentarse, pero ojala fuese un tema simplemente económico, va mucho más allá.  

Debemos ser conscientes de la realidad diversa de las mujeres y aunque decidí no involucrar cifras en este artículo porque estoy convencida que somos mucho más que números, somos experiencias, realidades humanas, en Latinoamérica las tasas de embarazos en niñas menores de 14 años son muy altas y en su gran mayoría son fruto de violaciones y terminan en maternidad forzada.

La lucha por la legalización del aborto es un problema de salud pública y una lucha de clases, las mujeres y personas gestantes que mueren con abortos inseguros son las más jóvenes y vulnerables (social y económicamente), arriesgándose a una criminalización injusta.

“Es hora de decir que el aborto debe ser una opción para todas, no solo para las mujeres que enfrentan violencias o situaciones médicas extremas”.

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En Colombia contamos con la sentencia C-355 del 2006, sin embargo no basta con esta, el aborto en Colombia aún tiene serios problemas de desconocimiento de la misma e implementación, especialmente en las regiones.

Más que las leyes y sentencias, lo importante han sido las conversaciones que se generaron en el país, lastimosamente los actuales del congreso, en los que se propone el pago de un subsidio por la violación, se pretenda depender de la aprobación del padre para el libre acceso a la IVE o aún peor a la completa prohibición del aborto, genera un gran retroceso en la lucha de miles de mujeres que reclaman AUTONOMÍA sobre sus cuerpos. 

Reflexionemos respecto a que es una tortura obligar a una mujer a llevar a término un embarazo cuando el feto es incompatible con el proyecto de vida, es fundamental humanizar a las mujeres que deciden tener un aborto, mostrar los horribles escenarios a los que se enfrentan muchas de ellas, pero sobre todo es hora de decir que el aborto debe ser una opción para todas, no solo para las mujeres que enfrentan violencias o situaciones médicas extremas. El acceso a los derechos no puede ser solo para los mártires.

Por: Angie Sofía Orrego Olaya, Activista de género y cofundadora del proyecto Generación Plus