Las propuestas de reestructuración de la Policía Nacional presentadas por el Ministerio de Defensa poseen elementos similares; invocan un ejercicio de voluntades individuales y refuerza la instrucción de los efectivos en derechos humanos, esto bajo la concepción de que se tratan de “manzanas podridas”.

Aunque estas iniciativas deben ser celebradas, pasan por alto algunos vicios o contradicciones de fondo. Estos poseen la peligrosa capacidad de agregar un criterio de sistematicidad a los casos de abuso policial, asumiendo la hipótesis de que aún no lo son. En gracia a discusión se plantean las siguientes consideraciones:

1. Haciendo un paralelo; mientras las fuerzas militares, según el artículo 27 del decreto 1512 del 2000, son “organizaciones permanentes, instruidas y disciplinadas conforme a la técnica militar”, la Policía Nacional, según el artículo 218 de nuestra Constitución, es “un cuerpo armado, permanente, de naturaleza civil”.

El problema radica en que la Comisión Nacional de Policía, la Dirección de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, la Oficina de Control Interno y ninguno de los entes encargados del control y la vigilancia adscritos al ministerio de Defensa, tienen clara tal distinción o manejan un enfoque diferencial que permita establecer procedimientos o instrucción de naturaleza diversa.  Bajo esta dinámica la policía carga con el peligro latente de sobrepasar sus límites constitucionales y operar como fuerza militar en el tratamiento de civiles.

2. Esta mescolanza entre fuerzas militares y Policía Nacional está constituida legalmente desde el decreto 1512 del año 2000 y, tiene además un variado número de referentes históricos, desde la época del bipartidismo hasta la Colombia de los años 80. Su génesis fue diversa, encontramos factores como la politización extrema de esta fuerza, los efectos del narcotráfico en la delincuencia urbana o las dinámicas del conflicto armado. El problema radica en que la Colombia actual no es la Colombia del bipartidismo ni la Colombia de los 80, que el país tiene nuevas ciudadanías y que la institucionalidad debe adaptarse a las nuevas realidades del país.

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3. Reformar eficientemente a la Policía Nacional implica modificar su lugar en el Estado. En la mayoría de los países la fuerza policial no pertenece al Ministerio de Defensa. Apostar por esta iniciativa es procedente debido a que, por un lado, el ministerio de Defensa maneja una extraña y peligrosa mescolanza en la instrucción de policías y militares y, por otro lado, debido a que este ministerio maneja un referencial estrictamente militarista y guerrerista, elemento que difumina la naturaleza civil de la policía.

4. ¿Por qué una fuerza de naturaleza civil tiene fuero militar? ¿Ser investigado y juzgado por la misma estructura da cabida a la impunidad? ¿Tendrá esto alguna relación con el hecho que de los 1.472 casos de abuso policial denunciados en el primer semestre del presente año (8 procesos diarios), solo 91 terminaron en sanción y 10 en destitución? Recordemos que los policías son juzgado por Jueces Penales Militares de primera instancia, el Tribunal Superior Militar como segunda instancia y la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Penal) como su máximo Tribunal, además, El comisionado nacional de la policía (Adscrito al ministerio de defensa) tiene a su cargo la recepción de las pruebas del quejoso o denunciante, la atención de denuncias por abuso policial, la dirección, la evaluación, la prevención y el mejoramiento de la policía nacional.

5. Bajo presupuestos centralistas, la asignación de efectivos se ha distribuido de forma desigual entre el campo y la ciudad. Según el libro “seguridad y justicia en tiempos de paz” del año 2017, las 26 principales ciudades del país, que ocupan el 1% del territorio nacional, asientan el 49% de la Policía, lo cual implica que el 51% restante debe suplir el cuidado del 99% de los 1.142 millones Km² que comprenden el territorio nacional. Bajo esta perspectiva resuena la necesidad de establecer dos jefaturas, una rural y otra urbana.

Para terminar, la invitación es a revisar el bosque además del árbol. Esto bajo la premisa de que en democracia no existen instituciones incuestionables y, que cada propuesta debe ser considerada con la finalidad de mejorar y optimizar a nuestra policía.

Fuentes

Estadísticas de la policía Nacional

Fundación Paz y reconciliación

*Politólogo U. del Tolima