En Colombia, de los 10’203.000 estudiantes matriculados en primaria y secundaria, 7’600.000 pertenecen a colegios oficiales y 711.000 pertenecen a privados con matrículas contratadas por el Estado.

Pese a recomendaciones del BID para disminuir el número de estudiantes por salón a 20 y en ese orden de ideas incrementar el nivel de aprendizaje en un 25% anual, la realidad del país es extremadamente diferente. Cualquiera que haya pasado por un colegio oficial, especialmente uno de barrio, sabrá que por salón suelen asignarse entre 40 y 50 estudiantes.

Este escenario puede empeorar si no se conecta el crecimiento de la cobertura con la actualización y ampliación de la infraestructura educativa. Para ejemplificar un poco, mientras la cobertura neta en la educación media pasó de 62% a 72% entre los años 2005 y 2018, para este mismo año 7 de cada 10 proyectos de infraestructura educativa presentaron graves problemas de ejecución; en ese orden de ideas, sin espacios óptimos es imposible reducir el número de estudiantes por salón. Ahora, ¿es razonable reiniciar clases presenciales sin más, en instituciones con tal grado de hacinamiento? ¿Según las mismas directrices del orden nacional, una aglomeración de 50 personas no es per se un espacio con altas probabilidades de contagio?

Por su puesto que el país posee escenarios diferentes, existirán ciudades en donde algunas instituciones sí cuenten con la infraestructura y los recursos para los procesos diarios de desinfección que se requieren, pero también existen muchos territorios en los que muchas instituciones se encuentran con espacios minúsculos, sin recursos e incluso, sin servicios públicos como agua o electricidad.

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En al caso específico de la ciudad ibaguereña este escenario es bien conocido, por eso, actualmente se trabaja en la creación o ampliación de 26 instituciones educativas, pero, mientras estas obras no lleguen a feliz término, seguirán los casos de hacinamiento y será inviable la jornada única. Para ejemplificar un poco, en el municipio existen colegios con mala infraestructura, con unidades sanitarias en mal estado, con tuberías rotas y estructuras corroídas por la húmeda, sin contar las matutinas y reiterativas suspensiones en el suministro de agua. ¡Imagínense ustedes! Jornadas de desinfección en colegios en los que a cada rato se va el agua.

Teniendo este panorama presente, las recientes declaraciones de la senadora Paloma Valencia evidencian una clara desconexión entre gran parte del gremio político y la realidad de los ciudadanos. Bajo presupuestos infundados, más ideológicos que objetivos, considera que este escenario es simple y llanamente la voluntad del gremio profesoral, ignorando los datos, o mejor, una realidad que evidentemente nunca le tocó vivir. Y lo peor, además de ser incapaz de ponerse en los zapatos de su pueblo, tiene la osadía de aprovechar la circunstancia, y como buena neolumbrera neoliberal, proponer destinar fondos públicos al sector privado, el cual tampoco tiene las condiciones necesarias para iniciar clases presenciales en su totalidad y menos de recibir a los 7.600.000 estudiantes de colegios oficiales.

En síntesis, la decisión de reiniciar clases presenciales no es algo que corresponda a la voluntad de un solo actor, existen elementos objetivos que deben ser revisados y tareas pendientes que deben ser cumplidas para que en el marco de esta pandemia se pueda tomar la decisión de regresar a clases presenciales, decisión que debe ser fundada y responsable, ya que se trata de la vida de millones de familias.

Por: Kevin Herney Castañeda Vargas, Politólogo Universidad del Tolima