Por: Edgardo Ramírez

Las amenazas y homicidios a candidatos presidenciales y jefes de estado en ejercicio, son motivo de preocupación de los electores y del Estado,  por las implicaciones sociales que conllevan la legitimación y controversia de los sistemas políticos y de gobierno.

En Colombia, desde la campaña presidencial  del doctor Jorge Eliécer  Gaitán, jefe liberal quien fue asesinado en 1948 por oscuros intereses políticos, el país ha venido sufriendo de la muerte violenta de varios candidatos presidenciales por parte de fuerzas extrañas y contrarias al sentimiento popular, lo mismo que las persecuciones a los dirigentes y notables seguidores de los candidatos y líderes civiles y comunales. 

Vale recordar los asesinatos de Jaime Pardo Leal candidato presidencial de la Unión Patriótica en 1987, Luis Carlos Galán del Nuevo Liberalismo en 1989, Bernardo Jaramillo de la UP en 1990, Carlos Pizarro León-Gómez del M-19 en el mismo año y por el Partido Conservador Álvaro Gómez en 1995.

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Ese terror generado por la delincuencia común, narcotraficantes, paramilitares y en casos aislados por organismos de la fuerza pública,  han llevado a los gobiernos, los candidatos y sus seguidores, a sufrir de temor por la suerte que corren  quienes aspiran a regir los destinos del país, en sus giras políticas y la persecución de altos personajes públicos que militan con determinado candidato, y más hoy, a 18 días de la primera vuelta de la elección presidencial.

Y no es para menos, con la polarización y odio sembrado por algunos partidos políticos y sus seguidores que a falta de ideas, utilizan la persecución personal y oficial, el insulto y la propaganda falsa contra los oponentes a la aspiración presidencial.

Los debates de los candidatos bien podrían realizarse algunos de ellos en medios televisivos como acontece en otros países y en el nuestro como en años anteriores, donde hubo respeto entre los participantes y se realizaba el debate mediante el libre ejercicio político electoral.

Sin embargo, no se ha podido obtener la participación de todos los aspirantes presidenciales en los debates, por las agresiones verbales de otros integrantes contra uno de ellos, en cambio de exponer programas de gobierno de interés nacional con cifras que soporten sus afirmaciones.

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La política en las candidaturas presidenciales ha venido perdiendo estatura intelectual. Se están utilizando suspensiones de altos funcionarios como retaliación a sus convicciones políticas contra Acuerdos internacionales a falta de propuestas de fondo de algunas candidaturas sin un análisis objetivo de los asuntos económicos y sociales para salir de la exposición de lugares comunes con repetición de frases y propuestas de candidatos de pasadas contiendas electorales.

Con el aumento de la prevención de la seguridad para la protección personal de los candidatos por parte del Estado, y los criterios precisos de quienes aspiran a regir los destinos del país, con sujeción del respeto de las normas electorales, se habrá logrado en parte, la tranquilidad para que las gentes elijan al candidato de sus  preferencias.

El país requiere del necesario conocimiento en las propuestas de los temas nacionales y no el uso de procedimientos no propiamente sujetos al respeto de los derechos individuales y colectivos como le sucedió al alcalde de Antioquia  con su suspensión en la presente semana.
De esta manera lograremos un certamen electoral rodeado de información veraz y con garantías y tranquilidad ciudadana.