A diario, los principales noticieros, periódicos y revistas del mundo entero, han dejado claro que el famoso Covid-19, en efecto, ha cobrado la vida de miles de personas. Existe un temor latente, pues el confinamiento es un ejemplo claro de ello. Sin embargo, lo que la gran mayoría de la sociedad colombiana no ha querido entender, es que durante décadas el país ha atravesado serios problemas de conflicto armado que han generado la muerte de miles de personas; una de las epidemias más fuertes de los últimos años: Asesinatos, masacres, desplazamientos forzados y secuestros.

Todo esto, nos deja en evidencia que en el contexto de la historia colombiana muchos se dan la oportunidad de pasar por encima de la democracia y buscar los mecanismos más perturbadores para asesinar y desaparecer personas, y de todas formas, esto ya no nos produce actualmente preocupación alguna.

La sociedad colombiana actual asume estos hechos como aquello que se convirtió en parte del escenario cotidiano, pasamos desapercibidas estas situaciones, y en el peor de los casos, vivimos del morbo que generan los medios para crear una cultura de masas que ya no siente el más mínimo dolor por el otro. Tanto así, que durante los últimos 10 años han muerto cientos de civiles a causa de la guerra. Pero, ¿cuáles son las razones por las cuales los colombianos hacen caso omiso a los múltiples asesinatos y masacres de miles de líderes sociales durante los últimos años? ¿Por qué razón el conflicto armado colombiano se ha convertido en un acontecimiento “normal” para muchos?

Antecedentes de la Epidemia

Para empezar, es importante mencionar que la epidemia del paramilitarismo en Colombia está presente desde tiempos inmemorables. Según Eduardo Pizarro Leongómez en su obra “La guerrilla en Colombia. Entre la guerra y la paz. Puntos de vista sobre la crisis de los años 80.” este grupo de derecha invadió las distintas estructuras del poder estatal, en la perspectiva de configurarse como un proyecto político, militar, social y económico de alcance nacional. Originado, según sus mentores, como una respuesta a los excesos de la guerrilla. El paramilitarismo ha privilegiado, como método de lucha, las masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos de población civil, acusada de ser simpatizante o colaboradora de las guerrillas.

Dicho de otro modo, el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente en Colombia ha sido una política de Estado, no ha sido un hecho aislado o coyuntural, ha correspondido a una ideología de terrorismo de Estado con sus naturales variaciones dependiendo de las circunstancias de cada momento.

No obstante, en los años ochenta, durante el contexto de la política de paz impulsada por el presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), los militares, la derecha y los narcotraficantes consideraron que el Estado había otorgado ventajas inadmisibles a las organizaciones subversivas y desde su perspectiva ideológica e intereses se consideraron obligados a asumir la defensa del establecimiento, y para ello impulsaron, crearon y financiaron grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente.

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La realidad es desalentadora

Todo lo anterior, nos permite corroborar cronológicamente que desde hace muchos años el asesinato de líderes políticos y sociales no es nuevo en Colombia.

 Líderes sindicales, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos han sido víctimas del Estado, guerrillas, paramilitares, sicarios y narcotraficantes. La guerra parece no haber entrado en cuarentena, pero las personas líderes y defensoras de Derechos Humanos sí parecen estar en alto riesgo todos los días. Desde el año 2010, el programa no gubernamental de protección a Defensores de Derechos Humanos, reveló que durante el 2010 y el 2018 se han documentado 609 homicidios de líderes sociales. De igual forma, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) la seguidilla de violencia contra los líderes sociales de Colombia no tuvo freno en el 2019, el cual cerró con 250 asesinatos contra estas personas, siendo Cauca, Antioquia y Nariño los departamentos que más sufrieron por los crímenes contra defensores de derechos humanos.

Pero el panorama no para aquí, pues el informe del Observatorio Indepaz (2020) se pronuncia con el asesinato de 64 líderes sociales hasta el mes de febrero. Según este, cada dos días, uno de estos hombres y mujeres es amenazado, desplazado o asesinado. Aunque parezca una blasfemia, a más de medio país parece no importarle la vida de los líderes sociales asesinados y mucho menos el ataque constante contra la casi borrada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo único que queda de unos acuerdos cumplidos por los firmantes de la extinta guerrilla FARC e incumplidos y traicionados por el gobierno de Iván Duque, elegido por una alianza del partido de la guerra.

Una epidemia que nos amenaza constantemente

Finalmente, es necesario que usted en este preciso instante responda a la siguiente pregunta: ¿En algún momento de su vida ha pensado en aquellos campesinos, defensores de Derechos Humanos, líderes sociales, maestros y demás civiles que durante años han vivido del temor, de la muerte y el exilio a causa de esta epidemia llamada guerra y violencia?. Considero que todo lo anterior debe ser tenido en cuenta con mayor prioridad para las sociedades actuales. Colombia ha sufrido a causa de un virus endémico en Colombia, presente durante décadas, que se transmite por falta de garantías por parte del Estado, los distintos tipos de violencia y la vulneración de Derechos Humanos. Por consiguiente, la única forma de poder actuar contra esta enfermedad es a través de las garantías que brinda el gobierno para proteger las vidas, las investigaciones reales y pertinentes para erradicar la impunidad, y el respeto por los Acuerdos de Paz. Si en caso dado, no contamos con un Estado que nos garantice la vida, los invito para que hagamos uso de la movilización social, trabajemos juntos para educar a quienes más lo necesitan, pero sobre todo, apoyemos a las personas que aún se sienten con la valentía de seguir en la defensa de los Derechos Humanos.

• Licenciado en Ciencias Sociales

Universidad del Tolima