Por: Víctor Sánchez | Gestor cultural

En el Día de la Tierra, una historia triste de las transformaciones urbanas de IbaguéA principios de la década de los 80 del siglo pasado la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Arkalá, una de las primeras urbanizaciones en el sector de La Gaviota, en la Comuna 6, inició un proceso judicial contra la empresa urbanizadora, por el incumplimiento de las promesas de compra venta registradas en las escrituras, donde se comprometían a entregar la capa asfáltica de las vías del barrio y a entregar las zonas verdes y de servicios comunales.

Luego de un largo proceso, finalmente el  Juzgado, obligó a la empresa constructora a entregar las vías con capa asfáltica y hacer entrega formal al Municipio de Ibagué de las áreas comunales, localizadas a orillas de una quebrada que tributa sus aguas al río Chipalo.

En los planos registrados en Planeación Municipal, todo era plano como una mesa, pero cuando se iniciaron las obras para hacer las primeras aulas del colegio Ciudad Arkalá, hubo que hacer grandes movimientos de tierra para construir terrazas y  poder utilizar esas zonas  de alta pendiente. Más tarde  la Junta Comunal se dio cuenta y verificó que esas áreas de cesión, al borde  de la quebrada, hacen parte de  la ronda de protección y  son  públicas de acuerdo con el Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974, es decir los urbanizadores entregaron como propios  al Municipio de Ibagué, una zona comunal, la ronda de la quebrada, unos terrenos que son inalienables, que no se pueden enajenar, ni vender, ni mucho menos ceder. 

Es lamentable, que cuarenta años después, sigamos  en las mismas y peor aún que disposiciones y normas legales posteriores, que  obligan a las autoridades  a velar por la protección de las rondas de los ríos y quebradas de la zona urbana y rural y ordena a los funcionarios públicos a cuidarlas, y a tomar medidas para prevenir actividades  contra los elementos que las degraden, alteren o contaminen.  

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No es un caso aislado, son varios los casos en Ibagué : Los constructores  del un edificio de apartamentos construido sobre la cuenca urbana del río Chipalo, no solo se apropiaron de la ronda del río como zona de recreación privada, sino que por las fuertes lluvias, las aguas ya  rompieron  los muros de contención y desde el puente de la 7ª.  Etapa del barrio el Jordán, en la vía que conecta con el barrio Entre Ríos, se puede ver, que el río va por lo suyo y vuelve por su cauce y por su ronda, anunciando una tragedia para sus habitantes.

Un grupo de vecinos  Defensores del río Opia en el sector de La Samaria, hace más de dos años denunciaron en Cortolima la contaminación, la deforestación y la apropiación por parte de  constructores privados de la ronda de esa microcuenca, que corre paralela a la avenida al aeropuerto de Perales.

De la misma manera, la veeduría de la quebrada Hato de la Virgen, reclama desde hace más de 20 años, por los malos olores fruto de los vertimientos de aguas residuales a  esta quebrada que nace en el barrio Versalles y que luego de pasar por más de treinta barrios e invasiones, entrega sus aguas fétidas en un  sector del  barrio El Topacio.

En varios registros de prensa, habitantes del sector del País en el Salado, denuncian la contaminación del río Alvarado y el uso indebido de su cauce. Más arriba en el exclusivo sector residencial del Vergel, sus habitantes denuncian abusos de las empresas constructoras, el desvío de quebradas y escorrentías y la construcción de torres de apartamentos, saturando los sistemas de alcantarillado, el servicio de acueducto, las vías de acceso, la contaminación visual y del paisaje, sin tener en cuenta las normas urbanísticas.

Los habitantes  del conjunto residencial Alminar Samoa en el sector de Ambalá, tienen un fallo de la Corte Suprema de Justicia  que asegura, que el agua que los constructores toman del acueducto comunitario El Triunfo no es apta para el consumo humano, y así ,sin agua y reventando los colectores de alcantarillado  del sector que caen a la quebrada San Antonio, siguen construyendo torres de apartamentos de más de 10 pisos.

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Y no más hablar del Sector de Calambeo, tumban todos los días hermosas plantaciones de bosque nativo para sembrar horribles torres de ferrocemento, sin tener en cuenta que en la zona existe un bien de interés cultural de carácter nacional, la Granja San Jorge que en su integralidad de 127 hectáreas, fue declarado hace más de veinte años como Patrimonio Cultural de la Nación y que la zona fue  definida por Cortolima como área de protección de la fauna y flora, soporte del equilibrio climático y fuente de agua de la cuenca urbana del rio Chipalo, como son los cerros de nororientales de Ibagué.

Lamentable que las personas sin mayores ingresos y por carencias de vivienda y empleo, tengan que invadir las rondas de las quebradas, viertan directamente las aguas servidas, los deshechos, los residuos, basuras y desperdicios  a los lechos de las quebradas.

Pero es más que lamentable, que un funcionario público  de Planeación Municipal, de Control Urbano, de una Curaduría, un inspector de Policía o de la Autoridad Ambiental, que ha estudiado y exhibe certificados de especializaciones y maestrías, se  parcialice a favor de algunas empresas  que generan desconfianza en el sector de la Industria de la Construcción; sector  que presenta los mejores  resultados económicos a nivel histórico en el país e impacta de manera positiva otros sectores productivos, rompe record de ventas y es líder en la recuperación económica en medio de la pandemia; según datos recientes publicados en diario El Tiempo, por la Galería Inmobiliaria. 

Terricidio, lo denominan el Movimiento de Mujeres Indígenas de la Nación Mapuche en Argentina, “al asesinato no solo  de ecosistemas tangibles y de los pueblos que lo habitan, sino también al asesinato de todas las fuerzas que regulan la vida en la tierra…”

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Un funcionario público que a pesar de sus estudios y conocimientos, no ve, no interpreta las normas y desconoce los llamados de la comunidad, genera sospecha e incredulidad en el Estado y propicia, con esa conducta  la negación del derecho al ambiente sano, el derecho al agua potable, el derecho a la ciudad y al  paisaje urbano y permite amenazas al derecho fundamental a la vida y a la existencia dignas. 

En Ibagué, en  plena pandemia, donde padecemos los fenómenos de una crisis climática planetaria, con actitudes que priorizan el usufructo extremo del suelo urbano y se desconoce la categoría de  bienes colectivos supremos, como el agua y el territorio, no hay duda que  se tipifica el terricidio.