Por Edgardo Ramírez Polanía

El presidente Abelardo De La Espriella apenas alcanzaba a acomodarse en la silla presidencial, cuando la realidad indiferente a los calendarios del poder y a las ceremonias de la política, irrumpieron con toda su fuerza en su gobierno.

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El terremoto del 10 de agosto sorprendió al nuevo gobierno cuando todavía comenzaba a organizar sus prioridades, los incendios en varias partes del país y la persistente presencia de organizaciones armadas imponiendo el miedo a las comunidades, convirtieron sus primeros días en una inesperada prueba de Estado.

Le corresponde al gobierno nacional, emplear una parte considerable de sus energías en la recuperación de la seguridad. Algunos de aquellos incendios son objeto de investigación para establecer si detrás de ellos existió la voluntad criminal de quienes parecen encontrar en la destrucción una forma detestable de desafiar a la sociedad.

No tuvo, pues, el nuevo mandatario aquel breve período de indulgencia que algunas veces acompaña a quienes llegan al poder. La naturaleza no le concedió tregua y la violencia tampoco. Antes de que las promesas electorales pudieran transformarse en programas de gobierno, la tragedia alteró el orden de las prioridades, la destrucción, la violencia y la muerte ocuparon la atención.

Los momentos de crisis son los que ponen a prueba a los individuos y a la sociedad, cuando adquiere sentido una vieja verdad que suelen olvidar quienes contemplan la historia desde la comodidad de la normalidad. Los gobiernos no solamente administran aquello que previeron. También deben responder por aquello que nadie podía prever o que pudiéndolo hacer como en el caso de la avalancha que desapareció a Armero no lo hizo.

Las grandes crisis poseen la incómoda virtud de desnudar al Estado. Dejan al descubierto sus fortalezas, pero también sus carencias. Una carretera destruida revela la fragilidad de nuestras vías. Un hospital averiado muestra la vulnerabilidad de los servicios médicos. Una vivienda convertida en escombros deja de ser una cifra cuando detrás de ella aparece una familia que perdió sus seres queridos en unos segundos y aquello que tardó toda una vida en construir.

El presupuesto que se debate en el Congreso, puede aliviar en parte los problemas que son inmensos y difíciles. La economía puede hablar de déficit, deuda, crecimiento, inflación y ciclos de recuperación. Pero quien perdió su casa habla otro lenguaje. Necesita un techo y comida. Quien vio desaparecer su pequeña empresa necesita volver a trabajar. El campesino cuya cosecha se perdió no puede esperar a que concluyan las discusiones doctrinarias sobre el origen de las crisis.

El Gobierno acudió a los mecanismos excepcionales que permiten atender una calamidad de semejantes proporciones y procurar los recursos necesarios para emprender la reconstrucción de viviendas, centros educativos, establecimientos de salud, vías y servicios públicos, afectados que deben atenderse con dineros de la UGRAD que se esfumaron por la corrupción.

Pero reconocer una emergencia no es solamente aceptar la existencia del problema. La dificultad verdadera comienza cuando llega la hora de reconstruir y no se poseen recursos sino presencia. Todo necesitado en una crisis social le pide ayuda al gobierno local o nacional. Pero siempre los recursos son insuficientes porque la corrupción se lleva una gran parte del presupuesto.

Colombia debe atender simultáneamente varias urgencias. Recuperar los territorios amenazados por las organizaciones criminales, proteger a las comunidades, reconstruir lo destruido por la naturaleza, atender los daños ocasionados por los incendios y preservar una economía capaz de sostener semejante esfuerzo.

La defensa de la autoridad del Estado es ineludible. Ninguna sociedad puede aceptar que grupos armados sustituyan las instituciones, que impongan sus propias leyes o conviertan regiones enteras en territorios sometidos al miedo. Pero sería insuficiente pensar que la respuesta a la crisis nacional termine solo en la acción militar o policial.

El soldado puede recuperar un territorio, pero no reconstruye por sí solo una escuela. La Policía puede restablecer el orden, pero no levanta un hospital. La seguridad constituye la condición necesaria para que una sociedad pueda vivir, aunque después de alcanzarla todavía queda la inmensa tarea de hacer posible esa vida, pero generalmente no existen suficientes recursos.

Las tragedias extraordinarias difícilmente pueden atenderse con presupuestos concebidos para tiempos ordinarios. Cuando la necesidad desborda las previsiones fiscales, una sociedad se enfrenta a decisiones difíciles que deberían tomarse sin dogmatismos y sin convertir la desgracia nacional en otro escenario de enfrentamiento político y menos en desconocer los derechos adquiridos.

Entre las alternativas que seguramente tendrán que formar parte de esa discusión aparece la posibilidad de solicitar un esfuerzo temporal y excepcional a quienes poseen una mayor capacidad económica como el sector financiero. No como castigo a la riqueza ni como negación de la empresa privada, cuya participación será indispensable en la recuperación, sino bajo el principio elemental de que los sacrificios colectivos no deberían descansar siempre sobre los hombros de quienes tienen menos posibilidades de soportarlos como los empleados y pensionados.

También existe la posibilidad de acudir a la banca multilateral y a las instituciones financieras internacionales. Endeudarse nunca es una decisión inocua y toda obligación adquirida hoy deberá ser pagada mañana. Pero tampoco todas las deudas poseen la misma naturaleza. Una cosa es comprometer el futuro para sostener gastos permanentes e improductivos y otra distinta obtener recursos destinados a reconstruir aquello que una catástrofe destruyó.

Un hospital reconstruido permanece. Una carretera recuperada devuelve la comunicación a una región. Una escuela levantada nuevamente permite que una generación regrese a las aulas que es el lugar donde se forma el relevo de la dirigencia nacional. Una vivienda devuelve a una familia algo más importante que cuatro paredes, porque le restituye la sensación de pertenecer todavía a un lugar en el mundo.

La discusión, entonces, no debería limitarse a determinar de dónde saldrá el dinero. Hay una pregunta acaso más importante y es saber cómo se gastará y para ello la Fiscalía y las contralorías que verifican gastos, su papel se convierte en ineficaz.

Una emergencia nacional puede despertar lo mejor de una sociedad, pero también puede abrir espacios para antiguos vicios. La urgencia jamás debería convertirse en excusa para abandonar los controles. Los recursos extraordinarios necesitan una vigilancia extraordinaria. Cada suma destinada a la reconstrucción debería conservar un control capaz de permitirle al ciudadano conocer su origen, su recorrido y su destino.

Las crisis económicas han acompañado a las sociedades modernas desde hace siglos. Unas escuelas confiaron en la intervención del Estado, otras en la disciplina monetaria y otras en la libertad de los mercados. Ninguna consiguió desterrar para siempre la incertidumbre. La historia parece empeñada en recordarnos que la economía no es una maquinaria perfecta y que detrás de sus ecuaciones continúan existiendo las pasiones, los temores, los errores y las esperanzas de los seres humanos.

Tal vez por eso las grandes tragedias exigen algo más que conocimientos técnicos. Reclaman prudencia, imaginación y una cierta grandeza moral, que evite desaprobar las iniciativas por caprichos políticos.

También obligan a comprender que gobernar consiste en escoger entre necesidades que casi siempre son mayores que los recursos disponibles. En los tiempos de abundancia, los errores pueden disimularse. En los días difíciles, cada decisión adquiere una dimensión distinta.

Todo gobierno recibe una herencia y algún día entregará otra. Puede explicar las circunstancias que encontró y señalar las responsabilidades del pasado, pero llega inevitablemente un momento en que la historia deja de preguntarle qué recibió y comienza a preguntarle qué hizo con aquello que recibió.

No parece sensato separar la seguridad de la reconstrucción, como si fueran realidades enfrentadas. Una nación necesita ambas. Necesita recuperar los territorios donde la autoridad ha sido desafiada y, al mismo tiempo, devolverle esperanza a quien perdió su casa, su empleo o su pequeña parcela.

De ahí que la discusión sobre un esfuerzo excepcional debe orientarse hacia quienes tienen mayores recursos como los bancos y al internacional que puede adelantarse lejos de los prejuicios ideológicos. Habrá que examinar sus alcances, sus límites y sus consecuencias, procurando que cualquier sacrificio sea temporal, transparente y proporcional, y que ninguna obligación adquirida termine comprometiendo irresponsablemente a las generaciones futuras y los sectores más débiles de la sociedad.

En el fondo existe una cuestión anterior a todas las teorías económicas que es el tiempo. La política puede discutir indefinidamente. Los economistas pueden discrepar durante años y los partidos convertir cada decisión en motivo de controversia. Pero una familia bajo un techo improvisado no puede vivir de nuestras discusiones. Una comunidad incomunicada no puede esperar hasta que los expertos alcancen un acuerdo. Un niño sin escuela desconoce las sutilezas de las teorías fiscales.

Quizá allí se encuentre la verdadera medida de un gobierno. No solamente en su capacidad para ejercer y mostrar su autoridad, sino en su aptitud para reunir a una sociedad alrededor de aquello que ninguna diferencia partidista debería volver secundario.

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Cuando la tierra tiembla, los bosques arden y la violencia amenaza, el poder pierde buena parte de sus ornamentos. Quedan entonces las decisiones, los recursos, la transparencia y la solidaridad.

Y queda, sobre todo, una verdad que ninguna teoría puede desconocer y es que las tragedias no avisan ni dan espera y debemos afrontarlas con las herramientas que tengamos con ese hermoso sentimiento de la solidaridad.