Por: Iván Ramírez Suárez

@jiramirezsuarez

Realizó la universidad de Los Andes el pasado 9 de abril en Bogotá - a través de su facultad de Derecho - un interesante seminario cuyo objeto fue analizar desde el punto de vista académico las causas y posibles soluciones para un grave  problema nacional: la corrupción en la Justicia. El evento, instalado por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, la decana de Derecho de la universidad sede, Catalina Botero, y el presidente de la Sociedad Colombiana de Jurisprudencia, Fernando Sarmiento, contó con la participación de ex magistrados, investigadores, historiadores, tratadistas de derecho, directivos de otras universidades, jueces y abogados litigantes. Sin desconocer los aportes valiosos de la totalidad de participantes, quiero destacar algunos, para después dar mi conclusión.

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Catalina Botero considera que la ética judicial es diferente a la ética del abogado y que esa ética va más allá del ámbito del derecho. El juez debe ser un juez virtuoso, que aunque sus deberes no sean exigibles jurídicamente, deben estar conforme a las virtudes que guían la recta Administración de Justicia. Para ella, en Colombia a raíz de la polarización que vivimos, les estamos exigiendo a los jueces decisiones conforme a intereses políticos y de otra índole, aún por encima de sus deberes y virtudes. Considera, que un buen juez debe actuar con equilibrio reflexivo, sus decisiones deben confrontarse conforme a los imperativos categóricos Kantianos y deben asumirse bajo los códigos ontológicos de independencia, autonomía y motivación de sus decisiones.

Rodrigo Uprimy, parte por reconocer que con la constitución de 1991 los jueces adquirieron mayor poder, les transfirieron decisiones que antes eran de la política y que bajo la discrecionalidad judicial pueden decidir de diferentes formas sin apartarse del derecho. Considera que la ética de los jueces debe estar guiada por la independencia de los poderes que lo han nominado, inclusive llegando a la ingratitud; debe saber oír a las partes sin tomar partido; debe actuar con transparencia, y puso como ejemplo el actuar del fiscal general que conoció como abogado casos de Odebrecht y a pesar de ello actúo como servidor público; debe tener integridad, ya que a pesar de tener sus creencias políticas o religiosas debe decidir conforme al ordenamiento jurídico y constitucional. Concluye, que más allá del deber legal, debe tener estar virtudes: ser corajudo, ser humilde y tener templanza.

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Para el investigador e historiador Luis Jorge Garay, un poder sin ética, no es poder. Citando a Maquiavelo se pregunta: ¿Qué límites tiene la ética en el ejercicio político? Recuerda la frase de Marx, “La moral pública está atrapada por los intereses del poder” y concluye afirmando: (1) Los derechos humanos se vuelven un limitante para la Justicia; (2) Poder ético es redundante, porque el poder implica autoridad y si no es ético, carece de autoridad.

Hubiera podido reproducir apartes de la ponderada ponencia del Procurador, pero me abstengo, recordando esa frase cristiana que dice: “por sus hechos los conoceréis”. Creo que tenemos demasiados diagnósticos, pero nuestra sociedad se jodió cuando la contagió la ‘cultura mafiosa’. Y la Justicia es la más impregnada.