Por: Edgardo Ramírez Polanía

 La política como ciencia del Estado, es una de las actividades más complejas de la sociedad, porque en ella concurren las aspiraciones de los hombres, las contradicciones de sus intereses y las diferentes concepciones sobre la organización del Estado.

Gobernar no consiste solamente en conquistar el poder, sino en comprender las realidades de una nación y encontrar los procedimientos que permitan transformar sus necesidades en soluciones para la convivencia humana, mediante proyectos y programas posibles para su ejecución y no fundados en dogmas de intervención sobrenatural.

El presidente de la República tiene la facultad constitucional de nombrar libremente a sus ministros. Sin embargo, existen cargos que, por la naturaleza de sus funciones, requieren conocimientos especiales, experiencia administrativa y una comprensión de los fenómenos políticos que no siempre se adquiere mediante el ejercicio de otras responsabilidades

El Ministerio del Interior es uno de ellos, y no puede convertirse en recompensa a las convicciones religiosas ni en escenario de improvisación. Su conducción exige trayectoria, autoridad institucional y capacidad para concertar acuerdos entre fuerzas políticas. Confundir la fe con idoneidad y obediencia con criterio de Estado compromete la solidez de las instituciones. Un nombramiento confiere autoridad, pero no otorga experiencia, reconocimiento ni legitimidad. La democracia exige dirigentes con visión administrativa y reconocida capacidad y honorabilidad, capaces de construir consensos y servir al interés general, no simples ejecutores de la voluntad presidencial.

No basta con tener convicciones religiosas. Se necesita capacidad para interpretar los intereses colectivos, construir acuerdos y comprender el funcionamiento del Congreso, conocer la clase política y saber que esa institución no es una dependencia del Ejecutivo, sino un organismo que conforma uno de los tres poderes autónomos del Estado.

En la entrevista concedida por Alejandro Ordóñez Maldonado a la revista Semana permite conocer algunos aspectos de su pensamiento político y de las orientaciones que pretende desarrollar desde el Ministerio del Interior. Ordóñez ha desempeñado algunos cargos con funciones en la administración de justicia y en los organismos de control como magistrado del Consejo de Estado y procurador general de la Nación.

Pero esas responsabilidades son diferentes de la actividad política que supone dirigir las relaciones del Gobierno con el Congreso compuesto por 286 congresistas en Cámara y Senado, los partidos, las organizaciones sociales y las autoridades territoriales y garantizar los derechos individuales y colectivos.

Su trayectoria también registra decisiones judiciales que merecen ser recordadas. El Consejo de Estado declaró la nulidad de su reelección como procurador general en 2016, por circunstancias relacionadas con las prohibiciones constitucionales aplicables a su postulación en el nombramiento de personas vinculadas con quienes lo propusieron para su elección.

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Asimismo, la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá dio lugar a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la vulneración de derechos políticos y garantías judiciales, por lo cual cursa una acción de repetición.

Sin embargo, al preguntársele en la entrevista si consideraba correcta aquella destitución, Ordóñez respondió afirmativamente, aunque reconoció que las decisiones judiciales posteriores habían establecido lo contrario. Eso quiere decir que se ha considerado por encima de la ley y no sometido al orden jurídico.

Esta afirmación plantea un problema que trasciende las diferencias políticas. En un Estado de derecho, la voluntad de quien ejerce autoridad no puede confundirse con la legalidad de sus actuaciones. La convicción personal de haber obrado correctamente no sustituye las competencias constitucionales ni las garantías que protegen los derechos de los ciudadanos.

En sus declaraciones, el ministro insiste en la necesidad de una restauración moral de Colombia y en la defensa de los principios que identifica con Dios, patria y familia. Son expresiones que corresponden a sus convicciones religiosas y a su interpretación de los problemas nacionales, pero que no pueden confundirse con un programa de gobierno.

Colombia es una nación de tradiciones espirituales, pero también una sociedad integrada por hombres y mujeres de diferentes creencias, pensamientos y concepciones de la existencia y hasta incrédulos. La Constitución de 1991 reconoció esa diversidad y estableció un orden político fundado en la dignidad humana, la libertad de conciencia y la igualdad ante la ley.

Nadie puede desconocer el derecho de Ordóñez a profesar su religión, hacer altares, practicar sus ritos y defender sus principios. Lo que resulta necesario distinguir es el ámbito de esas creencias personales de las obligaciones que adquiere cuando ejerce una función pública.

La finalidad esencial  del  Estado no es imponer.  ¨Eso lo ensombrece ante la cultura¨ requiere una reconstrucción sintáctica.  Una concepción religiosa de la sociedad, sino garantizar que todas las personas puedan vivir conforme a sus convicciones, dentro del respeto a los derechos de los demás, que les garantiza la Constitución Nacional.

También llama la atención su referencia a una batalla cultural para restaurar determinados valores tradicionales. La historia demuestra que las sociedades cambian por la evolución de sus costumbres, el desarrollo del conocimiento y las transformaciones económicas y culturales. Pretender detener esos procesos mediante la autoridad política desconoce la naturaleza dinámica de la condición humana.

En la misma entrevista, Ordóñez reconoce haber participado durante su juventud en la quema pública de revistas y posiblemente libros, episodio que considera una protesta simbólica. Esa actitud lo ensombrece ente la cultura que es el modo de perfeccionar el carácter de los individuos para que sean mejores.

El hecho merece una reflexión que no depende del tiempo transcurrido. Los libros representan la expresión del pensamiento humano, incluso cuando contienen ideas que rechazamos. La civilización no ha progresado mediante la destrucción de las obras que contradicen nuestras creencias, sino gracias a la libertad de examinarlas, discutirlas y superarlas mediante el razonamiento.

La intolerancia y la violencia comienzan cuando el hombre con poder considera que sus convicciones le conceden el derecho de impedir que los demás piensen de manera diferente y estos consideran que se le están cercenando sus derechos.

Otro aspecto de la entrevista se relaciona con las reiteradas referencias a una supuesta hecatombe económica, social, política y moral que habría dejado el gobierno anterior.  Es legítimo controvertir los hechos y decisiones y señalar sus errores, pero una afirmación de semejante gravedad exige demostrar sus fundamentos.

Los problemas económicos no se explican únicamente mediante calificativos. Requieren examinar las finanzas públicas, la estructura del gasto, las obligaciones presupuestales, las fuentes de financiación y las consecuencias sociales de las decisiones gubernamentales y el examen de los documentos en que se soportaron.

El ministro anuncia que una ley de rescate económico permitirá superar las dificultades fiscales y advierte sobre las consecuencias de su eventual rechazo. Sin embargo, el debate parlamentario no puede reducirse a presentar una iniciativa como la única alternativa para evitar una catástrofe.

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Corresponde al Gobierno demostrar su necesidad, explicar sus alcances y aceptar las modificaciones que resulten del examen democrático.

La política fiscal no se construye con temores, sino con cifras, estudios y decisiones responsables. Aquí, se demuestra la inexperiencia política de Ordóñez para manejar un ministerio que requiere de precisos conocimientos de hacienda pública y trámite de los proyectos de ley como de las normas del Congreso.

De igual manera, la promesa de establecer relaciones transparentes con el Congreso merece ser considerada favorablemente como propósito institucional. Pero la eliminación de las prácticas clientelistas no depende de una declaración ministerial, sino de procedimientos que garanticen la publicidad de los acuerdos, el control de los recursos y la independencia de los congresistas.

La experiencia política enseña que los acuerdos no se obtienen mediante la descalificación de quienes discrepan, sino mediante el conocimiento de sus posiciones, el respeto a sus responsabilidades y la búsqueda de coincidencias que permitan atender las necesidades nacionales.

Por ello resulta contradictorio anunciar una relación respetuosa con la oposición mientras se le atribuye una responsabilidad general en la degradación moral de la sociedad. Los adversarios políticos no dejan de ser ciudadanos con derechos ni representantes de sectores legítimos de la opinión pública.

La democracia no exige uniformidad de pensamiento ni creencias. Por el contrario, encuentra su razón de ser en la posibilidad de que las diferencias puedan expresarse y resolverse mediante el análisis y los procedimientos institucionales.

Una patria no se construye con invocaciones religiosas, proclamas patrióticas ni manifestaciones de sentimientos personales. Se construye mediante la planeación, la programación y la ejecución de políticas públicas, con instituciones capaces de responder a las necesidades de la población y gobernantes que comprendan que el poder es una responsabilidad transitoria al servicio de la sociedad.

Las escuelas, los hospitales, las vías, la seguridad de las comunidades, el desarrollo de la agricultura y las oportunidades de trabajo no aparecen como consecuencia de los discursos o las oraciones. Son el resultado del conocimiento de los problemas, de la utilización responsable de los recursos y de una administración sometida a la evaluación de sus resultados.

Debemos repudiar toda forma de manipulación política, ideológica o religiosa que pretenda limitar la libertad de los hombres y debilitar los fundamentos de nuestras democracias. Ningún gobernante, cualquiera que sea su orientación, puede atribuirse la posesión exclusiva de la verdad ni convertir sus convicciones en obligaciones para toda la sociedad.

La libertad no consiste solamente en elegir a quienes gobiernan, sino en conservar la independencia de pensamiento para examinar con sentido crítico sus decisiones, controvertir sus errores y exigirles el cumplimiento de sus responsabilidades.

Alejandro Ordóñez tendrá la oportunidad de demostrar mediante su gestión, cómo entiende las obligaciones del Ministerio del Interior. Sus resultados deberán examinarse por los acuerdos que consiga, las garantías que preserve y las soluciones que contribuya a construir, no por la intensidad de sus convicciones religiosas o políticas.

Porque la grandeza de una nación no se encuentra en las proclamas de sus gobernantes ni en la pretensión de restaurar una determinada concepción moral de la sociedad. Se encuentra en la fortaleza de sus instituciones, en el respeto a las libertades y en la capacidad de ofrecer a sus habitantes condiciones dignas de existencia.

La patria no necesita que todos sus ciudadanos crean lo mismo. Necesita que puedan vivir juntos, respetándose en sus diferencias y participando en la construcción de un destino común.