El sistema judicial colombiano enfrenta un desafío sin precedentes. Según las más recientes "Cifras de la Corte", el año 2025 cerró con un total de 923.397 tutelas radicadas, marcando un hito histórico en la búsqueda de protección de derechos fundamentales por parte de los ciudadanos. 

Esta tendencia no parece ceder en 2026, pues los despachos judiciales están remitiendo a la Corte Constitucional un promedio de 5.422 expedientes diarios.

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El reporte detalla que el derecho a la Salud sigue siendo la principal razón por la que los colombianos acuden a los jueces, pasando de 265.173 casos en 2024 a 312.567 en 2025. Otros derechos que registraron incrementos preocupantes fueron el Habeas Data (con un aumento del 31.6%) y el Acceso a la administración de justicia.

En cuanto a las entidades que más "dolores de cabeza" causan a los ciudadanos, la Nueva EPS lidera el ranking nacional concentrando el 12.6% de las tutelas. Le siguen las Secretarías de Movilidad, Tránsito y Transporte con un 10.1%, y los propios juzgados con un 4.8%. Otras EPS como Sanitas y Sura también figuran en el penoso "top 5" de las más demandadas.

El panorama en el Tolima

Al analizar el comportamiento regional, el departamento del Tolima registra una tasa de 18.71 tutelas por cada 1.000 habitantes, ubicándose por encima de la media nacional, que es de 17.4. Esto sitúa al departamento en la parte alta de la tabla de litigiosidad, superando a vecinos como Huila (14.63) y Cundinamarca (8.65).

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En lo que respecta específicamente a la salud, en el Tolima 34 de cada 100 tutelas radicadas son para exigir este derecho fundamental. Aunque es una cifra alta, departamentos como Amazonas (72%) y Arauca (66%) presentan situaciones mucho más críticas en la prestación de servicios médicos.

Radiografía de los más demandados (Top 5 Nacional):

1. Nueva EPS: 12,6% de las tutelas totales.

2. Secretarías de Movilidad: 10,1% del total.

3. Juzgados: 4,8% del total.

4. Sanitas EPS: 3,0% del total.

5. Sura EPS: 2,8% del total.

Esta avalancha de acciones judiciales pone de manifiesto la necesidad de reformas estructurales en las entidades prestadoras de servicios, pues el ciudadano sigue viendo en la tutela la única herramienta efectiva para recibir atención médica o proteger sus datos personales.