Fueron capturadas y judicializadas diez personas, señaladas de integrar una organización dedicada a interceptar vehículos de transporte pesado en vías del departamento del Tolima. Los implicados conocidos como "Los MImos", utilizaban elementos de señalización y armas de fuego para simular puestos de control y obligar a los conductores a detenerse en las rutas que conectan a las poblaciones de Natagaima y El Espinal. Durante los cinco casos investigados, las víctimas fueron llevadas a zonas boscosas para robar los camiones, la mercancía y las pertenencias personales.

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La estructura criminal empleaba dispositivos tecnológicos para bloquear la señal de los sistemas de rastreo satelital instalados en los automotores. Una vez cometidos los robos, los camiones eran trasladados hacia Bogotá para desmantelarlos y vender las piezas en mercados ilegales. Las pérdidas económicas totales superaron los mil trescientos millones de pesos según el registro consolidado de las denuncias.

Las detenciones de los sospechosos se realizaron mediante operativos conjuntos entre la policía en Bogotá y en el municipio de Natagaima. Entre las personas detenidas figuran los dos presuntos cabecillas identificados como Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, alias Vacatuca, y Wlliam Arnulfo Matiz Díaz, alias “Lápiz”, este último encargado de coordinar los retenes ilegales y la distribución de las piezas hurtadas. Los demás integrantes cumplían funciones de identificación de las víctimas, secuestro y ocultamiento de los elementos.

Una fiscalía seccional formuló imputación a los procesados por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y secuestro simple, según su nivel de participación. Ninguno de los sospechosos aceptó los cargos presentados por el ente investigador durante el desarrollo de las audiencias preliminares. Un juez determinó medida de aseguramiento en centro carcelario para ocho de los implicados y detención domiciliaria para los dos restantes mientras continúa el proceso.

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La información recolectada corresponde a la investigación oficial adelantada por las autoridades competentes. Todas las personas involucradas se encuentran cobijadas por el principio constitucional de presunción de inocencia mientras un juez define su situación judicial. Las autoridades mantienen las indagaciones para establecer si existen más personas vinculadas con esta red dedicada a la piratería terrestre.

*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación.