Por: Edgardo Ramírez Polanía

Las fallidas reformas a la justicia que se han propuesto por distintos gobiernos han causado en los ciudadanos una costumbre peligrosa que contamina todas las actividades de la sociedad, que no permiten que el ciudadano viva con la tranquilidad necesaria, para que la justicia los proteja y los organismos judiciales apliquen la Ley y no se conviertan en desconocedores de los derechos a través de triquiñuelas del Derecho instrumental  o interpretaciones sesgadas del derecho sustancial, que en ocasiones se llega al desconocimiento de la justicia, la arbitrariedad  y aplicación ilegal de las leyes.

Con ese proceder se descubrió el Cartel de la Toga de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que vendía las sentencias  que coordinaba un alto funcionario jefe Anticorrupción de la Fiscalía General. Convirtiendo el derecho en una rama de la economía.

La corrupción e impunidad que agobian a Colombia, hace necesario que los jefes políticos y dirigentes del gobierno, entiendan la necesidad de una impostergable Reforma Judicial, que grandes sectores de la nación están de acuerdo y claman por una justicia transparente y severa. Pues, la corrupción se ha apoderado de las instituciones oficiales y la delincuencia de las calles, de donde surge un Estado imperfecto. Ojalá alguno de los tres   proyectos presentados en esta legislatura por el nuevo gobierno tenga éxito. Porque fue uno de los temas de campaña del Presidente Petro, y el mismo ex presidente Uribe, manifestó que ha existido coherencia del gobierno entre lo realizado y lo propuesto.

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No obstante existen personas en desacuerdo por
la manera como se debe reformar la justicia. Dichos desacuerdos se originan a que no hay denominador común acerca del diagnóstico y tratamiento de la solución de los integrantes del Conflicto Armado generadores de violencia contra el Estado a quienes se deben aplicar claras reglas de del Acuerdo de Paz y aquellos que simplemente son delincuentes de delitos comunes quienes deben tener un procedimiento distinto de sanción penal.

Los especialistas en temas de la justicia, han considerado que para impulsar los cambios y acuerdos de la Reforma Judicial, consideran que las razones filosóficas son comunes en el mundo occidental, similar al de Estados Unidos del siglo XVIII, con una ostensible visión de justicia  elitista.

Ese diseño jerárquico y vertical del poder judicial, creó un distanciamiento entre jueces y ciudadanos y la falta de diálogo entre quien acudía a la justicia y el Juez o Magistrado, fundados en sentimientos de desconfianza y aparente independencia del funcionario.

Estas apreciaciones podrían haber tenido fundamento en esa época, pero hoy es un dislate, pero siguen sostenidos esos criterios por los jueces y protegido por tratadistas liberales.

Para quienes defendemos la importancia del debate público, el modelo a seguir no es el de la justicia distante y tampoco plebiscitaria, sino aquella que relacione  la discusión colectiva con la decisión sobre el contenido y alcance de los derechos.

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Quienes consideren que hay que hacer “trizas” la paz, vale decirles, que echen un vistazo al debate sobre derechos humanos y el avance de los derechos ciudadanos en los países socialdemócratas latinoamericanos, que se han venido imponiendo mediante el sistema electoral democrático.

Se dirá que nuestro caso es distinto porque los grupos que amenazan la paz, están vinculados al narcotráfico, que es uno de los problemas más difíciles de solucionar. Pero se debe continuar insistiendo porque las razones políticas para la reforma judicial son el fundamento de la paz social.

En todo caso, las reformas al sistema judicial en nuestro tiempo, deben estar orientadas a eliminar la grave crisis que afecta al sistema representativo, ejecutivo y judicial y los mecanismos de control que hacen poco por frenar el desquiciamiento social, que facilitan y alientan los ataques, pactos y favores cruzados entre las instituciones, los grupos, y las elites dirigentes.

Dados los amplios márgenes de maniobra de que dispone la dirigencia, y las dificultades de la ciudadanía para responsabilizarla por sus acciones, omisiones y delitos, quienes están en el poder se hace más necesario y urgente la Reforma Judicial y así será posible una convivencia y progreso nacional.