Por: Egardo Ramírez Polanía

En las democracias los ciudadanos desean que los partidos políticos y los gobiernos representen sus opiniones y respondan a sus necesidades, a través de sus representantes en el Senado y Cámara, donde se aprueban las leyes. Pero a veces ocurre, que algunos partidos o movimientos que alguna vez tuvieron representación política, desaparecieron de la escena electoral por la desbandada de sus integrantes que vieron en sus directivas incompetencia o merma de los votos por la falta de ideas claras y conceptos precisos sobre lo que aspiran los ciudadanos como sucedió con el Nuevo Liberalismo después de la muerte de su fundador.

Algunos partidos se han convertido en agencias de votos al mejor postor, o entrega de avales a los candidatos donde no impera el riguroso análisis de  la capacidad y representación de sus integrantes, como se observa en el Partido Liberal.

Esa es una de las razones por las cuales los proyectos de Ley son aprobados  a “pupitrazo”, sin mayor debate y estudio, tal y como las presenta el gobierno, como sucedió en la anterior administración. 

Es vergonzoso  que partidos como Verde Oxígeno, Nuevo Liberalismo y Salvación Nacional, sin votos ni congresistas sean objeto de reconocimiento del Estado en igualdad de condiciones a los otros partidos tanto de gobierno, los independientes y los pocos de oposición.
El Consejo Nacional Electoral debe reglamentar más a fondo esa actividad conforme a las disposiciones de la Ley 130 de 1994, en el sistema especial de cuentas adscrito al CNE, para que el funcionamiento de estos partidos sin electores ni congresistas no se ubiquen por el estado en igualdad de condiciones de los demás partidos. 

El aumento excesivo de los gastos de las campañas de los partidos políticos y las consultas de los mismos o los movimientos, alimenta la percepción de que la riqueza compra influencia y amenaza la igualdad política. El uso abusivo de los recursos estatales por parte del partido gobernante con el objetivo de situarse en una posición ventajosa es un problema permanente. Esta ausencia  de juego equitativo impide la participación y la representación igualitaria de todos los ciudadanos en los procesos políticos democráticos.

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Se agrega a ello, el ingreso del crimen organizado con fondos ilícitos en los procesos electorales.

La falta de transparencia y control ofrecen oportunidades para que el crimen organizado influya en los funcionarios electos mediante el financiamiento de sus campañas. Este hecho no solo quebranta la democracia,  y el Estado de derecho, sino que tiene consecuencias negativas en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza.

Es evidente que existe una necesidad urgente de controlar mejor el financiamiento político. Los gobiernos deben regular de manera eficaz las donaciones y los gastos en materia de política. Para ello se necesitarán una total transparencia y la divulgación de las donaciones, con la imposición de sanciones en caso de incumplimiento. De igual modo, la supervisión y el cumplimiento de las regulaciones son fundamentales.
Los  partidos representan los intereses de los ciudadanos y de quienes los han financiado. Generalmente los ricos compran  una mayor influencia mediante grandes donaciones a las campañas, lo que hace que los ciudadanos pierdan la confianza en el proceso político o se vean marginados con respecto a él. Esta situación  se aumenta por la falta de participación ciudadana en los partidos políticos, lo cual refuerza el alejamiento de la gente con respecto a la política y el acercamiento de oficinas dedicadas a asesorías electorales de esos partidos.

El gasto excesivo de los recursos estatales por parte del partido gobernante con el objetivo de situarse en una posición ventajosa es un problema permanente en muchos países y en Colombia se vio palpablemente con Iván Duque y el derrochador de Juan Manuel Santos, que ayudaron a que llegáramos  a una deuda externa  de US$ 176.000 millones de dólares.

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Esta ausencia de un control equitativo  por parte de la Contraloría General, la Fiscalía, la Procuraduría  y el CNE, impide la participación y la representación igualitaria de todos los ciudadanos en los procesos políticos democráticos y más aún que participen aquellos solo tienen un nombre para exhibir con la apreciación que esa es la democracia. 
Recuérdese que el expediente de Odebrecht, contra Juan Manuel Santos  terminó en el Consejo Nacional Electoral, que no tiene funciones jurisdiccionales. Estos  hechos no solo quebranta la democracia, el buen gobierno  y el Estado de derecho, sino que tiene consecuencias negativas en el desarrollo social, económico, la credibilidad de las instituciones y las razones de la pobreza.

Es evidente que existe una necesidad urgente de controlar mejor el financiamiento político. Los gobiernos deben regular de manera eficaz las donaciones y los gastos en materia de política. Para ello se necesitarán una total transparencia y la divulgación de las donaciones, con la imposición de sanciones en caso de incumplimiento. De igual modo, la supervisión y el cumplimiento de las regulaciones son fundamentales.