Por: Iván Ramírez Suárez

Si alguien de los aspirantes al Congreso colombiano por el Tolima representa a las víctimas de la violencia, es Olga Beatríz González. Tenía algo más de 30 años de edad, cuando tuvo que asumir la enorme responsabilidad de hacerse cargo de la crianza, manutención y educación de sus - hasta entonces - dos únicos hijos, ante el vil asesinato de su esposo, Ignacio Betancur Sánchez, ocurrido en un “falso positivo” del ejército colombiano el 13 de noviembre de 1993.

El cambio abrupto de su vida la llevó a sacar a relucir el temple y la pujanza que caracteriza a los antioqueños y migró hacia uno de los territorios del Tolima con mayor semejanza en clima, vegetación y tradición cultural a su natal Pueblorrico: el Líbano.

Laborando como empleada, empezó a ahorrar para constituir un capital semilla, que tiempo después le serviría de base y soporte para comenzar su vida de empresaria, al lado de quien hoy, como amigo y compañero sentimental, ha sido soporte esencial para fortalecerse como madre, emprendedora y líder política: Sergio Betancourt.

(Puede leer: Elíjanlos antes que me  capturen)

Nacida en la cordillera Andina, al suroeste de Antioquia, en pleno auge y consolidación de la violencia política desatada en las décadas del 50 y 60 del siglo pasado, como a la mayoría de nuestra generación le tocó padecer las duras secuelas del desplazamiento y la discriminación política surgida con el Frente Nacional y que aún continúa, producto del fortalecimiento de las camarillas políticas que por ancestro y tradición manejan lo público en Colombia hace bastantes años.

Esta circunstancia y el hecho de ser mujer, ha llevado a que sectores tradicionales de la sociedad y la dirigencia económica y política, la revictimicen, por el ejercicio de una actividad empresarial lícita, explotada igualmente por el mismo Estado, y cuyas contribuciones tributarias van destinadas con exclusividad a la solución del problema del servicio público de la salud de los colombianos: el chance y los juegos de azar.

En medio de esta violencia, generada en la lucha por la tenencia y propiedad de la tierra y los odios partidistas tradicionales, debió educarse bajo el surgimiento e influencia de las guerrillas rurales (Farc y Eln), sufrió en carne propia las  secuelas del paramilitarismo y el abuso despótico de la Fuerza Pública y hoy, enarbolando las banderas de la reconciliación, la paz y la incorporación de los actores armados a la institucionalidad, pretende llegar con sobrados méritos al Senado, para representar a quienes son víctimas de esta absurda tragedia histórica.

Compararla con antisociales que ejercen actividades comerciales similares y que purgan condenas por delitos comunes y atroces, es tan burdo como pretender estigmatizar a toda la Fuerza Pública, los integrantes del Congreso o de la iglesia Católica, porque algunos de ellos han sido inferiores a su deber funcional, para convertirse en actores de reprochables delitos.

Antes de votar, recomiendo leer todos los nombres de las listas de aspirantes al Congreso y allí sí encontrarán lazos directos, familiares y de partido con verdaderas organizaciones criminales, a quienes con nombre propio, desde esta columna se han denunciado.